Reacciones positivas

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Cada tanto, los medios de comunicación descubren que el hambre no es ajeno a la Argentina y que en distintas partes del territorio nacional muchos viven en condiciones similares a las típicas de los países más miserables de Africa y Asia. Hasta hace poco, los informes de este tipo eran aprovechados por los resueltos a hacer pensar que la desnutrición se debió exclusivamente al ministro de Economía de turno, pero parecería que en los meses últimos las actitudes han comenzado a modificarse. Aunque la difusión de la noticia de que niños en Tucumán, Misiones y, con toda seguridad, en otros distritos acaban de morir por desnutrición ha dado pie a una serie al parecer interminable de denuncias y manifestaciones de repudio, en esta ocasión pocos han intentado ubicarla en un contexto meramente ideológico. La esposa del presidente, «Chiche» Duhalde, dice que es vergonzoso y le da bronca que haya muertes por desnutrición infantil por suponer que reflejan la ineficacia de las instituciones públicas, mientras que el ministro de Producción, Aníbal Fernández, atribuyó las muertes a lo canallesca que es toda la clase política nacional, sin exceptuar a su propia persona, reconociendo de esta manera que el problema tiene que ver con la corrupción. Claro, algunos han preferido las explicaciones tradicionales: voceros de la Iglesia Católica dicen que los niños han muerto porque «algunos no entienden la grave situación social». Sin embargo, aunque el peronista José Manuel de la Sota dice que todo es culpa del FMI, la mayoría se inclina por suponer que la desnutrición infantil es consecuencia de factores internos, fueran éstos la corrupción de punteros políticos que lucran con la ayuda social o la ineptitud del Estado y de ciertas organizaciones no gubernamentales.

Otro factor contribuyente consiste en la desidia de aquellos padres que, a pesar de estar registrados en un plan alimentario, ni siquiera se dan el trabajo de retirar los bolsones: según el secretario de Desarrollo Humano de Tucumán, Alberto Darnay, esto es lo que ocurrió en el caso de una niña que murió en su jurisdicción. Aunque en una época en la que es habitual imputar toda desgracia no a los individuos involucrados sino al Estado, a «la sociedad» o, entre los progresistas y el clero, al «capitalismo» es poco probable que muchos acepten tomar en cuenta el hecho de que en ocasiones los niños mueren de hambre debido a la dejadez de sus familiares, algunos sí insisten en que corresponde a los encargados de administrar los programas de ayuda insistir en instruir a los padres acerca de sus obligaciones indelegables.

Quienes piensan de este modo tienen razón cuando subrayan la importancia de la responsabilidad personal, pero convendría que no brindaran a funcionarios negligentes otro pretexto para atribuir el hambre infantil a factores que están fuera de su control. Si bien en los países mejor ordenados se producen casos puntuales de desnutrición infantil o peor, en ellos la idea, reivindicada machaconamente por los contestatarios, de que en última instancia el Estado debería haberlos impedido, ha servido para hacer más eficientes las redes de asistencia social que en algunas partes del mundo han logrado bajar la pobreza al mínimo irreducible. Por eso, es positivo que tantos hayan decidido concentrarse en las deficiencias de los organismos públicos o no gubernamentales que funcionan en provincias como Tucumán. También lo es la opinión al parecer mayoritaria en el sentido de que el hambre en nuestro país no debería imputarse a la falta de recursos ni al «liberalismo» -si así fuera, tendríamos que resignarnos a depender de la caridad ajena o esperar a que los dirigentes políticos finalmente logren confeccionar un esquema económico mejor que el imperante en todos los países desarrollados-, sino a fallas organizativas que estamos en condiciones de remediar. Asimismo, ya se entiende que los problemas relacionados con la indigencia extrema no son meramente locales o provinciales sino nacionales, motivo por el que el Poder Ejecutivo se ha sentido obligado a presionar con fuerza cada vez mayor a los gobiernos provinciales y éstos a las municipalidades y a las ONGs para que intervengan a fin de prevenir más «escándalos». Puede que a menudo los motivos de tales presiones sean más políticos que humanitarios, pero esto no significa que sean menos útiles.