Recta final para una obra que tardó ocho años y costó el doble

La construcción insumió unos 220 millones de pesos, un 90% más de lo presupuestado originalmente. Se financió con un fondo de desarrollo nacional.

La Ciudad Judicial costó el doble y tardó cuatro veces más

La obra de la Ciudad Judicial concluirá en noviembre próximo, ocho años después de su inicio. Esa al menos es la nueva promesa. En agosto está previsto que se inaugure el sector destinado a la morgue judicial. El monto del contrato original era de 116,2 millones de pesos, pero el costo total hasta ahora, con redeterminación de precios incluida, se calcula en 220 millones de pesos.

El proyecto del megaedificio, que tiene una superficie de más de 26 mil metros cuadrados, se gestó en la llamada época de “colonización del poder judicial”. Integraban el Tribunal Superior de Justicia (TSJ): Eduardo Badano, Roberto Fernández, Jorge Sommariva, Felipe Cia, y Ricardo Kohon, este último es el único de los cinco vocales que aún conserva el puesto.

Durante el gobierno de Jorge Sobisch, el TSJ firmó con el poder Ejecutivo un convenio de cooperación para la construcción. Una parte se financió con fondos del poder judicial –el anticipo financiero para el inicio de la obra y los primeros certificados– y la otra mediante el aporte del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

El grueso del edificio avanzó en las administraciones de Jorge Sapag, pero todo indica que será en la gestión de Omar Gutiérrez donde se recibirá la llave.

“Estamos todavía en la última etapa de los trabajos interiores y las adyacencias. En términos de plazo de ejecución y entrega de la obra lo tenemos previsto para fines de noviembre de este año. Antes de esa fecha será la inauguración parcial de una parte que, si bien está integrada, funciona en forma independiente, que es la destinada a la morgue judicial”, explicó el administrador del poder Judicial de Neuquén, Eduardo Manqueo.

“Esto es un laboratorio que va a tener equipamiento de alta tecnología. Allí se van a hacer el análisis de todas las muestras biológicas y las pericias que lleva adelante el cuerpo forense cuando hay una investigación penal”, indicó.

Dijo que una vez que se concrete la entrega se pondrán en funcionamiento las salas de audiencias, paradójicamente, dos años después de la puesta vigencia de la reforma procesal y en plena discusión para cambiar el Código. Según el proyecto son 24 salas e incluyen algunas adaptadas para juicio por jurados. También se mudarán las dependencias de la Oficina Judicial, del Colegio de Jueces y del Tribunal de Impugnación que funcionan en Yrigoyen 179 y Antártida Argentina 352.

Si se cumplen las fechas, el traslado probablemente se haga durante la feria judicial de enero. “Vamos a tener que hacer alguna licitación de mobiliarios, esencialmente para equipar las salas de audiencias”, aseguró Manqueo.

Respecto de la mudanza del TSJ, aclaró: “no está definido por el momento.” El alquiler del edificio de Alberdi 52 se renovó hasta enero de 2017 y su valor mensual es de 523.685 pesos.

“El costo de la obra en total, con redeterminación, ronda los 220 millones de pesos”, precisó.

El número

“En términos nominales, el poder judicial destinó 51,5 millones de pesos, fruto de ahorros que se obtuvieron entre el 2003 al 2008”,

dijo Eduardo Manqueo, administrador del poder judicial de Neuquén.

Cronología de una apertura postergada

Marzo de 2008: comenzó la obra de la Ciudad Judicial. El plazo de ejecución previsto en la licitación era de 700 días. El plazo real se terminó multiplicando por cuatro.

Febrero de 2011: la empresa constructora pidió una extensión de plazo de finalización, un hecho que se repitió en reiteradas ocasiones.

Diciembre de 2013: se inauguró la primera etapa de la obra correspondiente a los ministerios públicos de la fiscalía y la defensa.

Noviembre de 2016: es la fecha para la cual se comprometió la entrega de la obra. Se mudarán las dependencias de la Oficina Judicial, encargada de las funciones administrativas, y de los jueces penales.

Datos

750
son las personas que trabajarán en el edificio una vez que esté en pleno funcionamiento.
“En términos nominales, el poder judicial destinó 51,5 millones de pesos, fruto de ahorros que se obtuvieron entre el 2003 al 2008”,

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