Recusan al fiscal Ignacio Di Maggio en una causa por torturas

NEUQUÉN (AN)- La Asociación Zainuco recusó al fiscal Ignacio Di Maggio en una causa que se sigue por torturas a un grupo de policías de la Unidad 11. Una de las víctimas fue Cristian Ibazeta, quien poco después de declarar como testigo apareció misteriosamente asesinado en su celda. El crimen aún está impune. El abogado de Zainuco, Federico Egea, pidió el apartamiento del fiscal porque “todas sus intervenciones en la causa han tenido carácter defensivo y han estado orientadas a debilitar la acusación y procurar la impunidad de los acusados”, fue elocuente el letrado de la asociación. Di Maggio, en un extenso escrito, pidió el sobreseimiento de todos los acusados y sugirió que as víctimas se pudieron haber autolesionado. “No me dejo impresionar por el valor convictivo que pueden presentar las fotografías de las lesiones constatadas -escribió Di Maggio- en tanto ello sólo determina la materialidad de un hecho de lesiones y no quién las causó o produjo, pudiendo ser hipotéticamente autoinfligidas”. Los presos denunciaron que los golpearon y les hicieron submarino seco con una bolsa. Pero no acertaron en describir de qué material estaba hecha, según destacó el fiscal. No los dejaron mirar Uno de los presos declaró que no pudo observarla porque “constantemente los guardias golpeaban los barrotes de su celda de modo intimidante para que no mire hacia el lugar donde Ibazeta era agredido”. Egea afirmó que “la conducta del fiscal ha consistido en la dilación permanente del avance de la causa y en la exclusiva realización de planteos defensivos”, lo cual “evidencia o bien un profundo desconocimiento del papel que le es acordado en su carácter de órgano acusatorio, o bien una clara voluntad de proveer la impunidad de los aquí imputados, en lo que significaría un evidente incumplimiento de sus funciones”. Por eso recusó al fiscal y solicitó que se lo aparte de la causa, designando en la misma “a un funcionario que dé garantías de ejercer adecuadamente su función”. Los imputados son cinco policías, y los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2009.