Liberaron a «Teto» Medina: cómo sigue su situación judicial por «La Razón de Vivir»

El artista obtuvo la salida de la cárcel, tras una semana de reclusión. Sin embargo, sigue bajo la mira de la Justicia, que intenta determinar si hubo fraude y esclavitud de las personas con adicciones que buscaban tratamiento.

El juez Adrián Villagra definió, este miércoles al mediodía, la excarcelación de Marcelo «Teto» Medina, detenido desde la semana pasada e investigado como posible líder de marketing y reclutador principal de la organización «La Razón de Vivir».

La liberación del artista se dio bajo caución juratoria, es decir que debe cumplir con algunas medidas impuestas mientras avanza la investigación en la Justicia.

Entre ellas, se le solicitó presentarse en el juzgado el primer martes hábil de cada mes a las 10 de la mañana, y se le aplicó una restricción de acercamiento a las víctimas y a los lugares allanados. De incumplir con estas medidas, Medina volverá a ser detenido por la Policía Bonaerense.

La excarcelación del famoso se dio luego de la presentación de su abogado, Adrián Tenca, quien argumentó que no hay peligros procesales que señalen la posible acción de obstrucción de Medina en el avance de la causa.

En este marco, Villagra reconoció que Medina no tiene condenas como antecedente penal, pero lo mantendrá bajo investigación por los delitos de asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trabajos forzados y abandono de persona, todo en concurso real entre sí.

Entre otras personas excarceladas, se sumaron Rosana Gómez, quien está acusada de ser administradora del dinero de la organización, y Tatiana Lanza, oficial de la Bonaerense acusada de hacerse pasar por funcionaria judicial para amedrentar a pacientes rebeldes con falsas causas. 

Sin embargo, Néstor Zelaya, considerado el máximo líder de la organización, continuará detenido hasta que avance la investigación.


Qué se investiga en la causa de «La Razón de Vivir»


La Justicia avanza en determinar responsabilidades dentro de la organización «La Razón de Vivir», que se promocionaba como una comunidad terapéutica pero está acusada de someter adictos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.

Las familias de los adictos podían pagar entre 30 y 60 mil pesos mensuales de cuota, según su poder adquisitivo, para acceder a los tratamientos. No se descarta que haya, al menos, unas 200 víctimas.

Ahora, el fiscal Daniel Ichazo continúa la investigación sobre los destinos de ese dinero entregado, que podría incluir posibles testaferros de la organización y la compra de propiedades.


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