El municipio de Neuquén deberá reparar casas particulares
La justicia dio lugar a un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, por viviendas del barrio Santa Genoveva que se afectaron por escorrentías subterráneas.
El defensor del pueblo, Ricardo Riva, instaló carteles en mapuche en su oficina. Foto Prensa Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén
La justicia ordenó a la municipalidad de Neuquén que en un plazo de 60 días presente un plan y ejecute la reparación de varias viviendas del barrio Santa Genoveva que se vieron afectadas desde 2018 por una escorrentía subterránea.
Finalmente el juez Gustavo Belli dio lugar a la medida cautelar innovativa presentada por la Defensoría del Pueblo hace tres años que llevará soluciones a ese sector de la ciudad.
El problema se inició en 2018 cuando los vecinos de las calles Camino, Basavilbaso, Villegas y Alberti denunciaron daños en sus propiedades, lo que originó la presentación de un amparo por parte del defensor del Pueblo, Ricardo Riva.
En abril del año siguiente, en una audiencia extrajudicial, el municipio se comprometió a realizar un relevamiento del lugar para determinar la posición y profundidad de la escorrentía. Se tomaron muestras del agua y se revisaron las fundación y suelos de las viviendas afectadas. Como respuesta inmediata el municipio presentó la “Obra de ampliación drenaje calle Miguel A. Camino Santa Genoveva” y el “Proyecto de estudio de aguas superficiales pluvioaluvionales y obras de prevención en la zona delimitada por las calles Independencia, Avenida Argentina, Leloir y el río Neuquén”.
En octubre de 2021 la subsecretaría de Infraestructura presentó un informe en el que se expresa que “no se registraron cambios sustanciales en las fisuras de las viviendas. Pero el hecho de que el avance de la fisuración no haya tenido cambios de relevancia, no significa que se detuvo el proceso de forma definitiva”.
Por ello, el juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo y ordenó a la Municipalidad a presentar un plan de obras en un plazo de 60 días y ejecutar las reparaciones pertinentes en los complejos de viviendas.
El defensor del Pueblo, había solicitado en sus presentaciones ante la justicia, “que se trabaje para mitigar el riesgo ambiental y las posibilidades de colapso de las redes de servicios públicos como consecuencia de las edificaciones que se construyen en el sector”.
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