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Río Negro lanzará un programa de desvinculación voluntaria de estatales
El gobierno provincial define el proyecto que será tratado en la próxima sesión legislativa. Se ofrecerá una suma inicial y se mantendrá parte del sueldo del agente por un período.
El régimen de desvinculación estará vigente entre junio y julio próximo, estiman en el gobierno. Foto: Marcelo Ochoa.
El gobierno provincial ofrecerá un régimen de desvinculación a los estatales rionegrinos.
El texto quedará definido en las próximas horas para su inmediata remisión a la Legislatura, previéndose su tratamiento en la próxima sesión, que será a mediados de mayo.
El régimen -que estaría vigente en junio o julio- tendrá parte del mecanismo aplicado en 1997 (Ley N° 3135), diferenciado por su propuesta económica. La instrumentada por el gobierno de Pablo Verani ofrecía una “indemnización” inicial y, en este caso, habrá un desembolso y se mantendrá parte del sueldo por un período.
Ese punto forma parte de las precisiones faltantes. El gobernador Alberto Weretilneck cruza ideas y conclusiones con el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; el presidente del bloque, Facundo López; el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan y el secretario Legal, Milton Dumrauf.
Gran parte del esquema de desvinculación está resuelto, empezando en que la propuesta excluirá a los docentes y a los policías. Esas vacantes deberán cubrirse entonces se habrá perdido la razón del programa: la reducción de la planta de personal estatal.
Características
- 10
- Años de antigüedad del agente será el corte para precisar la propuesta de indemnización correspondiente.
- 5
- Sueldos será el pago inicial para los trabajadores que adhieran y no acumulen más de 10 años en el Estado.
Habrá dos fórmulas de indemnizaciones, a partir de un corte en la antigüedad, establecido entre los agentes con menos o con más de 10 años en el Estado provincial.
El monto inicial será abonado al contado y comprenderá cinco sueldos para el primer tramo mientras será de siete remuneraciones para aquellos trabajadores con más de una década en tareas públicas.
La segunda asignación consistirá en el sostenimiento de parte del haber durante un lapso.
La proporción sería del 50% del último haber percibido y se extendería por 12 meses, con la continuidad de la obra social.
Habrá dos fórmulas de indemnización, a partir de un corte por la antigüedad del agente, dividido entre quienes registran menos o más de 10 años en el Estado.
En la búsqueda de la inserción laboral, la iniciativa contemplará beneficios tributarios para el desvinculado si se registra con alguna actividad económica y, también, exenciones para el privado que lo incorpore en su plantilla de trabajadores.
La medida propuesta por el gobierno de Weretilneck está orientada a la reducción del gasto de la planta de Personal de Río Negro, que buscará combinar con la definitiva instrumentación de ciertos controles en el nivel de ausentismo y de licencias.
El régimen parece estar focalizado -especialmente- en el segmento de los porteros, cercano a los 5.000 estatales, con un alto nivel de inasistencia y licencias médicas.
En el programa de 1997, de Verani, tuvo el financiamiento de un programa de reforma estatal del Banco Mundial, que totalizó unos 25 millones de dólares. En esa ocasión, las desvinculaciones rondaron los 1.200 estatales. Gran parte fueron renuncias individuales pero, también, existieron desvinculaciones colectivas con la instrumentación de tercerizaciones de servicios, alentadas por el Estado pero que, finalmente, que no resultaron , como ocurrió con la cooperativa de porteros.
El antecedente de 1997
El antecedente de la ley 3.135, promulgada en septiembre de 1997, limitaba su adhesión a los estatales por la fecha de ingreso al Estado y la restricción se fijó al 30 de noviembre de 1994, es decir, el final de la gestión de Horacio Massaccesi.
En esa ocasión, la aceptación de la desvinculación significa la percepción “por única vez de una suma indemnizatoria fija en pesos, equivalente” a dos “sueldos por cada año de antigüedad (o fracción superior de seis meses) que acredite el agente”.
Además se establecía que el personal que acceda al régimen “no podrán ingresar por el término de ocho años en ninguno de los regímenes de recursos humanos vigentes en el Estado, con excepción de cargos electivos”.
Tenía un sistema “individual” y otro “de tercerización”. Este último consistía en que el Estado alentaba la conformación de “unidades económicas bajo formas jurídicas de derecho privado, con el objeto principal de proveer los bienes y/o servicios complementarios que requiera el Estado Provincial para la atención de los servicios públicos a su cargo”.
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