Ruta 22: se licitó una autovía, pero se construye una autopista

Sobreseen a Iguacel. El juez federal de Roca no encontró conductas ilegales en la mutación del proyecto. El Municipio apeló el fallo.

30 ago 2018 - 08:31

El actual ministro de Energía y extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el titular del Distrito Río Negro del organismo vial, Raúl Obieta, fueron sobreseídos en la causa penal iniciada por el cambio de proyectos en la Ruta 22, donde se licitó una autovía y terminó construyéndose una autopista.

La decisión fue tomada por el juez federal de Roca, Hugo Greca, en el marco del expediente abierto luego de una denuncia del intendente de Roca, Martín Soria, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ayer se supo que el mandatario local apeló la sentencia de primera instancia, por lo tanto habrá que esperar ahora una nueva resolución de la Cámara Federal con asiento en la ciudad.

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El magistrado entendió que el comportamiento de los funcionarios nacionales no puede encuadrarse dentro de una figura delictiva, dividiendo su fallo en dos análisis: uno técnico jurídico y otro de dimensión subjetiva.

En el primer aspecto, Greca analizó el marco legal vigente a nivel nacional y provincial y concluyó que la mutación entre el proyecto original y el que se está ejecutando cuenta en principio con las correspondientes resoluciones internas de Vialidad.

Pero más allá de eso, el juez federal hizo hincapié en el rol de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, autoridad de aplicación para que la obra obtenga el obligatorio visto bueno ambiental.

“Resulta especialmente relevante que la autoridad de aplicación, esto es quien lo es específicamente de la aprobación ambiental de la obra y sus modificaciones en la región, no presentó durante el transcurso de la construcción y el avance de las modificaciones de la categoría obstáculo alguno, y cuando entendió necesario hacerlo –a este punto no resulta pertinente entrar a especular si lo hizo como consecuencia de la decisión del amparo, o motu proprio– llamó a una audiencia pública”, sostuvo el magistrado en su resolución, firmada el 17 de agosto.

De esta manera, y analizando el contexto en el que se desarrollaron las distintas etapas de la obra, Greca concluyó que “la apertura del proceso de evaluación ambiental fue correctamente cumplida por el órgano vial”.

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También destacó que “al momento de considerar la recategorización del proyecto ya mediaba una modificación de traza, la que se había emprendido sin creer tener el deber de solicitar una nueva aprobación ambiental, y sin que la Secretaría de Medioambiente, en el uso sus facultades ya detalladas, haya observado ese proceder (resulta en verdad inverosímil considerar un exitoso ocultamiento por parte de DNV ante la autoridad ambiental de semejante cambio de construcción imposible de no ser percibido); con debida precaución la agencia federal tomó la decisión de recategorización tras haberse asegurado, o pretendido asegurar, de que no mediaba obstáculo jurídicos a ello”.

Finalmente, puso sobre relieve que “hasta la fecha no existe por parte de la autoridad de aplicación actuaciones reprochando la modificación per se, ni el avance parcial de la obra con el proyecto modificado; la aprobación final correspondiente se encuentra a su estudio”.

En el plano subjetivo, el juez afirmó que “no medió en el caso malicia alguna en el comportamiento de los funcionarios de DNV en lo que hace al cumplimiento de las obligaciones según la ley federal 25675 y la local 3266”.

No hay elementos que desmientan un debido proceder burocrático entre la instancia nacional y la provincial, más allá del parecer de terceros, como el querellante, sobre la interpretación de los textos legales a partir de los cuales, en dirección diversa, la autoridad de aplicación provincial conduce sus asuntos de gobierno”, concluyó el magistrado.

Soria: “Un verdadero disparate jurídico”
“El fallo dictado por el Juez Federal de Roca –Greca– es un verdadero disparate jurídico. Es la primera vez que un Juez penal sobresee a un funcionario público al que ni siquiera había imputado penalmente”, opinó ayer el intendente Martín Soria.
El jefe comunal sostuvo que “es tan absurdo el sobreseimiento de Iguacel –actual Ministro de Energía de Macri–, que hasta se contradice con un fallo anterior dictado por el mismo Juez, quien meses atrás, en el marco de un amparo que debió interponer el Municipio y los vecinos, ordenó a Vialidad que cumpla con las leyes que estaban violando –ley nacional 25675 y ley provincial 3266–, obligando a esos mismos funcionarios de Vialidad a realizar la audiencia pública y obtener resolución ambiental favorable al tipo de obra que sin autorización estaban ejecutando”.
“Es decir, éste juez por un lado ya reconoció por sentencia dictada por él mismo, que hubo un incumplimiento flagrante a los deberes de funcionario público, sin embargo hoy, sin mayores argumentos y prematuramente los sobreseyó de culpa y cargo. Sin dudas, en semejante disparate sólo puede incurrir un juez designado por Macri, al que como corresponde, vamos a denunciar ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”, concluyó.
La falta de objeciones de parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia luego de empezar a ejecutarse la autopista es un punto central en la sentencia.
Roca

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