Replantear los estudios de impacto ambiental en la zona





Patricia Llonch*


Se invirtieron millones de dólares del presupuesto nacional, así como recursos provinciales y municipales en los últimos 25 años, sin que el problema haya podido resolverse.


Geotécnica SA, empresa que fundía plomo y cinc en San Antonio Oeste, operó durante unos treinta años. Al desaparecer, abandonó las escorias de los hornos de fundición -con altísimas concentraciones de metales pesados- sobre el terreno natural, provocando desde entonces la contaminación de grandes extensiones de suelo fiscal en proximidades de la Bahía de San Antonio.

Esta contaminación ha amenazado durante 60 años la salud de los vecinos, poniendo en riesgo fundamentalmente el normal desarrollo cognitivo de los niños expuestos; ha contaminado organismos vivos de la bahía, ha condicionado fuertemente el desarrollo urbano y ha provocado la pérdida del valor del suelo fiscal degradado.

Se invirtieron millones de dólares del presupuesto nacional, así como recursos provinciales y municipales en los últimos 25 años, sin que el problema haya podido resolverse.

Si bien podrían atribuirse las razones del mal manejo de los residuos a la muy baja conciencia ambiental que se tenía en el pasado, situaciones parecidas se producen en la actualidad.

Consideremos por ejemplo la gestión de los efluentes de la fábrica de soda solvay de Alpat SA, que ha provocado desde 2005 la contaminación -probada judicialmente- de cientos de hectáreas de suelo rural adyacente al Bajo Riñón, así como de todas las parcelas ubicadas en la dirección del escurrimiento hacia la Bahía de San Antonio, y probablemente de la propia bahía.

Lamentablemente, tal como sucede en el caso de la contaminación por metales pesados, son los ciudadanos los que deberán afrontar en el corto, mediano o largo plazo, los costos de estas afectaciones, incluyendo las que ocasionan la pérdida de recursos naturales imprescindibles para el desarrollo de otras actividades humanas.

En general descargamos en los sistemas de control y fiscalización la responsabilidad por los daños ambientales que producen obras o actividades, pero buena parte de estos daños podrían evitarse, así como podrían reducirse los esfuerzos de fiscalización, si los Estudios de Impacto Ambiental proporcionaran información contrastable, objetiva y confiable, la información necesaria y suficiente para la toma de decisión.

La realidad es que estos Estudios se desarrollan sobre la base de análisis básicamente cualitativos atravesados por la subjetividad del profesional interviniente. Jamás se cuantifican los riesgos de pérdidas económicas asociadas a los impactos ambientales identificados, como tampoco se cuantifican los impactos relativos a la actividad económica: en qué medida se modificarían los ingresos públicos y privados como consecuencia del proyecto, cuántos puestos de trabajo se crearían, de qué tipo, durante cuánto tiempo; cuáles serían los sectores sociales afectados negativamente por la intervención, sus pérdidas económicas y los correspondientes costos de compensación, los costos de infraestructura estatal requerida o inducida, los costos de ejecución, los costos de mantenimiento, los costos de remediación, los riesgos asociados y demás parámetros necesarios para hacer una evaluación legítima y fundamentada del impacto socioeconómico.

Especial atención merece el análisis de la formación profesional que debería requerirse para la elaboración de estos estudios en cada caso específico. La naturaleza del proyecto a evaluar debería definir las incumbencias de los profesionales intervinientes, considerando el carácter multidisciplinario que normalmente exige el abordaje de temáticas de este tipo.

Mientras el mundo se debate en una crisis ambiental, sanitaria y económica de carácter global a propósito de los desequilibrios entre la actividad humana y el planeta, resulta imprescindible profundizar el análisis de los proyectos de riesgo ambiental presunto y sus consecuencias. Tal como se hacen en la actualidad, los Estudios de Impacto Ambiental han probado ser herramientas insuficientes para prevenir, evitar o minimizar los impactos ambientales. Y así, mientras los proyectos benefician a unos pocos, las pérdidas alcanzan a toda la sociedad.

*Ingeniera civil, ambientalista


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