Legisladores de Río Negro respaldaron el impuesto a las grandes fortunas

Los parlamentarios rionegrinos se reunieron con los representantes de la fuerza en el Congreso Nacional para conocer detalles del proyecto que se tratará en los próximos días.

Integrantes del bloque de legisladores del Frente de Todos de Río Negro se reunieron con los diputados nacionales Martín Soria, Graciela Landriscini y Ayelén Spósito para analizar el impuesto a las grandes fortunas que será tratado en el Congreso Nacional.

Soria, uno de los autores del proyecto, señaló que el impuesto se pagará por única vez y va dirigido a quienes hayan declarado al 31 de diciembre pasado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. Se establecerán alícuotas que van desde el 2 al 5,25 por ciento para quienes atesoren bienes y capital por más de 3 mil millones de pesos, en una escala progresiva. También, para el patrimonio privado que se encuentre en el extranjero el gravamen se duplicará.

Se calcula que son unos 12 mil argentinos quienes deberán pagar estos montos que permitirán obtener unos 300 mil millones de pesos que se destinarán a paliar la grave crisis que se profundizó por efectos de la pandemia.

El diputado rionegrino destacó que “lo que se recaude permitirá la terminación de hospitales, infraestructura para barrios populares, subsidios y créditos para pymes, para la producción de gas y petróleo y la ampliación de la cobertura en cantidad y valor de las becas Progresar”.

Landriscini explicitó que "un 20% de lo recaudado irá a la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria, otro 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores, otro 20% al programa integral de becas Progresar, un 15% a los habitantes de los barrios populares, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales y un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural".

La parlamentaria planteó el complejo panorama económico, que tras la debacle producida por el macrismo se profundizó por efecto de la pandemia. “Cayeron el IVA, las regalías, los impuestos a los sellos, en las provincias los Ingresos Brutos y todos los ingresos genuinos del país” y agregó que, al mismo tiempo, se incrementaron los gastos ya que el parate económico se extendió, el pico de contagio se produjo más tarde y las previsiones iniciales para el IFE y otros aportes se vieron superadas.

Tanto Landriscini como Spósito se refirieron al duro debate que se dará en el Congreso con la oposición, algunos con argumentos basados en teorías ideológicas liberales y otros, más ligados al mundo empresarial y a los grandes capitales, que se verán afectados en sus propios negocios.

Se calcula que el proyecto se debatirá la semana próxima o la siguiente en la Cámara Baja.

Ante las preguntas de la bancada que preside María Eugenia Martini, Soria indicó que “este impuesto no es un castigo para los ricos o los que más tienen, no es en contra de nadie, sino a favor de todos en esta situación excepcional que vive el mundo y la Argentina”.

Calculó que “hasta el momento se llevan erogados desde la Nación más de 900 mil millones en medio de la pandemia, con este impuesto vamos a recaudar 300 mil millones, lo que no llega ni al 40 por ciento de lo que ya se gastó”. Además, consideró que “no es un capricho nuestro, esto se está haciendo en todo el mundo”.

El bloque del Frente de Todos pudo conocer de primera mano los detalles de esta iniciativa que tendrá fuerte debate en los próximos días y que desde la oposición se intentará hacer ver como un avasallamiento a la propiedad privada, a través del uso de los medios de comunicación ligados a ese sector político y a los grandes intereses económicos.

Sin embargo, resaltaron el carácter extraordinario y solidario del impuesto, el bajo impacto en la cantidad de personas que deberán pagarlo y la alta recaudación que permitirá para destinar a morigerar los efectos de la profunda crisis sanitaria y económica imperante.

Finalmente, se coincidió en que más allá de la crítica interesada de los medios hegemónicos y de la oposición, sondeos recientes dan cuenta de que existe una aceptación en la ciudadanía cercana al 68 por ciento.


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