Retenciones en la mira
Siempre y cuando la oposición heterogénea consiga mantener cerradas sus filas, el 24 de agosto próximo vencerán aquellas “facultadas delegadas” que tanto han contribuido a llenar de dinero la tristemente célebre “caja” kirchnerista. Ante la oportunidad así planteada, legisladores y líderes de distintas agrupaciones agropecuarias ya están discutiendo las modificaciones que quieren ver concretarse. Para estos últimos, la prioridad consiste en reducir, cuando no eliminar por completo, las retenciones. Aunque fuera del oficialismo existe un amplio consenso en el sentido de que se trata de un gravamen que se presta con demasiada facilidad a los abusos y que sería mejor dejar de discriminar contra el campo para concentrarse en las ganancias de cada uno, como es habitual en otros sectores, los defensores de los chacareros pequeños preferirían “segmentar” las retenciones, ya que sus intereses no son idénticos a los de las empresas gigantescas –los pools de siembra– que producen cantidades enormes de soja. Sin embargo, como muchos ya han señalado, el esquema que tiene en mente la Federación Agraria Argentina encabezada por Eduardo Buzzi entraña muchas dificultades, además de las planteadas por el eventual fraccionamiento de sus terrenos por parte de productores grandes, puesto que convendría tomarse en cuenta no sólo las dimensiones de una propiedad determinada sino también su ubicación geográfica, la infraestructura local, la calidad del suelo y así por el estilo. Sea como fuere, todos entienden que será necesario que el campo, por constituir la parte más competitiva y, merced a la incorporación de tecnología nueva, en términos generales más moderna del “aparato productivo” nacional, siga aportando muchísimo dinero al fisco. El problema consiste en elaborar un sistema impositivo que, a diferencia del existente, permita que el sector agropecuario continúe progresando, haciéndose cada vez más eficiente, para que pueda aprovechar plenamente las oportunidades brindadas por la evolución de la economía mundial. Desde nuestro punto de vista, el progreso vertiginoso de países de más de mil millones de habitantes como China y la India, además de otros más pequeños pero así y todo importantes de Asia oriental, es un dato sumamente positivo. De consolidarse el nuevo orden que está configurándose, soplarán vientos de cola muy poderosos por muchos años más. La “inminente caducidad de las facultadas delegadas” que están festejando los políticos opositores y los líderes del campo los enfrenta con un desafío que dista de ser tan sencillo como algunos suponen. De caducar como prevén dichas facultades, les corresponderá reemplazar el sistema rudimentario que se adoptó cuando el país estaba en medio de la gran crisis que siguió al colapso de la convertibilidad por otro, lo que los obligará a intentar conciliar una multitud de intereses en conflicto. Parecería que ya se ha superado la disputa entre la Sociedad Rural, que representa a los productores más grandes, y los minifundistas de la Federación Agraria Argentina, pero será mucho más complicado solucionar los problemas vinculados a la relación del campo con el resto del país. Por razones históricas, muchos políticos se han acostumbrado a creerlos en conflicto. Ha sido ésta la tesis de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido que en diversas ocasiones han tratado de “oligarcas” y “piqueteros de la abundancia” a chacareros paupérrimos. Asimismo, a pesar de los avances impresionantes que en las décadas últimas se han registrado en el sector agrícola, persiste el estereotipo de que el campo se ve atrasado en comparación con las zonas fabriles y que de todos modos es vergonzoso que a esta altura sigamos dependiendo tanto de los productos del suelo, en especial “el yuyo”, no de la exportación de bienes manufacturados. En el mundo actual tales prejuicios no sólo son absurdamente reaccionarios, también contribuyen a frenar nuestro crecimiento al brindar a gobiernos como el kirchnerista un pretexto para declarar la guerra contra el sector más dinámico, y más promisorio, de la economía nacional. Puede que algunos políticos se hayan convertido en defensores del campo por hostilidad hacia los Kirchner; de ser así, el conflicto que desataron aquellas “retenciones móviles” sirvió para algo más que privarlos de su popularidad.
Siempre y cuando la oposición heterogénea consiga mantener cerradas sus filas, el 24 de agosto próximo vencerán aquellas “facultadas delegadas” que tanto han contribuido a llenar de dinero la tristemente célebre “caja” kirchnerista. Ante la oportunidad así planteada, legisladores y líderes de distintas agrupaciones agropecuarias ya están discutiendo las modificaciones que quieren ver concretarse. Para estos últimos, la prioridad consiste en reducir, cuando no eliminar por completo, las retenciones. Aunque fuera del oficialismo existe un amplio consenso en el sentido de que se trata de un gravamen que se presta con demasiada facilidad a los abusos y que sería mejor dejar de discriminar contra el campo para concentrarse en las ganancias de cada uno, como es habitual en otros sectores, los defensores de los chacareros pequeños preferirían “segmentar” las retenciones, ya que sus intereses no son idénticos a los de las empresas gigantescas –los pools de siembra– que producen cantidades enormes de soja. Sin embargo, como muchos ya han señalado, el esquema que tiene en mente la Federación Agraria Argentina encabezada por Eduardo Buzzi entraña muchas dificultades, además de las planteadas por el eventual fraccionamiento de sus terrenos por parte de productores grandes, puesto que convendría tomarse en cuenta no sólo las dimensiones de una propiedad determinada sino también su ubicación geográfica, la infraestructura local, la calidad del suelo y así por el estilo. Sea como fuere, todos entienden que será necesario que el campo, por constituir la parte más competitiva y, merced a la incorporación de tecnología nueva, en términos generales más moderna del “aparato productivo” nacional, siga aportando muchísimo dinero al fisco. El problema consiste en elaborar un sistema impositivo que, a diferencia del existente, permita que el sector agropecuario continúe progresando, haciéndose cada vez más eficiente, para que pueda aprovechar plenamente las oportunidades brindadas por la evolución de la economía mundial. Desde nuestro punto de vista, el progreso vertiginoso de países de más de mil millones de habitantes como China y la India, además de otros más pequeños pero así y todo importantes de Asia oriental, es un dato sumamente positivo. De consolidarse el nuevo orden que está configurándose, soplarán vientos de cola muy poderosos por muchos años más. La “inminente caducidad de las facultadas delegadas” que están festejando los políticos opositores y los líderes del campo los enfrenta con un desafío que dista de ser tan sencillo como algunos suponen. De caducar como prevén dichas facultades, les corresponderá reemplazar el sistema rudimentario que se adoptó cuando el país estaba en medio de la gran crisis que siguió al colapso de la convertibilidad por otro, lo que los obligará a intentar conciliar una multitud de intereses en conflicto. Parecería que ya se ha superado la disputa entre la Sociedad Rural, que representa a los productores más grandes, y los minifundistas de la Federación Agraria Argentina, pero será mucho más complicado solucionar los problemas vinculados a la relación del campo con el resto del país. Por razones históricas, muchos políticos se han acostumbrado a creerlos en conflicto. Ha sido ésta la tesis de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido que en diversas ocasiones han tratado de “oligarcas” y “piqueteros de la abundancia” a chacareros paupérrimos. Asimismo, a pesar de los avances impresionantes que en las décadas últimas se han registrado en el sector agrícola, persiste el estereotipo de que el campo se ve atrasado en comparación con las zonas fabriles y que de todos modos es vergonzoso que a esta altura sigamos dependiendo tanto de los productos del suelo, en especial “el yuyo”, no de la exportación de bienes manufacturados. En el mundo actual tales prejuicios no sólo son absurdamente reaccionarios, también contribuyen a frenar nuestro crecimiento al brindar a gobiernos como el kirchnerista un pretexto para declarar la guerra contra el sector más dinámico, y más promisorio, de la economía nacional. Puede que algunos políticos se hayan convertido en defensores del campo por hostilidad hacia los Kirchner; de ser así, el conflicto que desataron aquellas “retenciones móviles” sirvió para algo más que privarlos de su popularidad.
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