Río Negro se endeudará para poder enfrentar los vencimientos de abril

La Provincia pide a Nación autorización por 5.000 millones para títulos rionegrinos, pero negociará unos 4.000 millones para cumplir con emisiones anteriores.

Río Negro pedirá autorización a Nación para la emisión de hasta 5.000 millones de bonos de la Provincia, destinados inicialmente al pago de títulos que vencerán en abril y en julio. En los próximos meses, Economía deberá afrontar vencimientos por casi 4.000 millones, a partir que el mes próximo deberá responde por unos 2.400 millones mientras que en julio serán algo más de 1.500 millones. 

Por eso, la gobernadora Arabela Carreras emitió el decreto Nª 212, con fecha del 11 de marzo, y crea el programa de títulos 2021 para la colocación de hasta 5.000 millones. Este monto es la autorización máxima de financiamiento para el año, otorgada por el Presupuesto (ley 5.489), en su artículo 50. 

La norma de emisión prevé vencimientos de  hasta 24 meses y no establece precisiones en las condiciones de los interés, planteando “tasa fija o variable, o no devengar interés alguno o de acuerdo con cualquier mecanismo para la fijación de intereses”. Incluso lo deja abierto a lo que “especifique la resolución del ministerio de Economía nacional que apruebe la emisión de las mismas”. 

En realidad, la flexibilidad planteada se explica en la volatilidad financiera. Además, Río Negro afronta la particularidad que es la primera provincia que saldrá este año con bonos, por lo cual, queda precisar cuál será la reacción del mercado, más alla de advertir que existe disponibilidad de pesos. 

Nación sí está colocando Letras en pesos, ensayando “un ajuste por inflación”. Posiblemente. La cartera conducida por Martín Guzmán posiblemente oriente a Río Negro en este sentido. 

En el gobierno provincial advierte que Economía requerirá una autorización a Nación por los 5.000 millones aunque la colocación será menor, rondará los 4.000 millones, es decir, destinado exclusivamente a la cobertura de los próximos vencimientos. Serán unos 2.400 millones a mediados de abril y algo más de 1.500 millones en el inicio de julio. 

El plazo fijado en el decreto llega a los 24 meses, pero difícilmente se acceda a ese período. La expectativa está en los 12 a 18 meses. En el 2020, una operación similar de Río Negro -emisión de un bono para pagar otro- permitió la colocación por un año, que es la que concluirá en julio. 

Con la ley y el decreto Nª 212, Economía gestionará la autorización pertinente en las áreas nacionales para su registro y colocación financiera en la Caja de Valores. 

Esta presión concentra la atención financiera de Río Negro para los próximos meses, que Economía resaltó en cada revisión de los últimos tiempos. Por ejemplo, en las paritarias con los gremios, el ministro Luis Vaisberg se plantó en la propuesta salarial para el primer semestre por estas obligaciones. Aludía que no tenía margen para mayores desembolsos. Aún así, la disponibilidad para abonar a los inversionistas se generará de los ingresos de nuevos bonos. 

El resultado de la operación estará ligado a las condiciones del mercado. Por ahora, la situación parece favorable , aunque su costo incierto. 

Río Negro postergó el año pasado su escollo financiero más complicado cuando aplazó los vencimientos en dólares más pesados, correspondientes al Plan Castello. La Provincia había dejado de abonar cuotas semestrales de intereses -por 11 millones de dólares- y, desde el 2023, debía afrontar 100 millones de dólares anuales, por tres años. Las nuevas condiciones -firmadas en diciembre pasado- establecen nueve cuotas semestrales del 2024 al 2028.  

Esa reestructuración del pasivo en dólares fue definido entonces por Vaisberg como “un paso importante” para regularizar la situación financiera de forma tal de mantener abiertas distintas alternativas de financiamiento para los sectores privado y público”.  

En el transcurso del año, la Provincia también renegoció y colocó bonos en pesos, a 12 meses de plazos. Parte de ellos estarán vencimiento en estos meses y forman parte de obligaciones que Economía prevé responder con los títulos por emitir. 


Contratación de privados para el asesoramiento de la colocación


La cartera económica realizó una contratación directa para el “asesoramiento y gestiones” para  la “colocación y emisión de bonos del “Programa 2021”, creado por el decreto Nº 212/21. 

En ese sentido, una resolución ministerial autoriza ese contrato con “el estudio jurídico Tanoira Cassagne Abogados” que “deviene en esencial” porque la Provincia requiere “el asesoramiento especializado y experimentado en cuestiones jurídico-financieras resulta determinante y necesaria para el éxito y la concreción” la negociación de los títulos provinciales. Se enfatiza que “resulta indispensable” la incorporación de un “equipo de profesionales experimentados y que puedan ofrecer en forma inmediata la asistencia técnico-jurídica necesaria para el debido desarrollo de la operatoria de colocación y emisión de los instrumentos financieros”. 

Se precisa que en el país existen “tres estudios jurídicos de renombrada experiencia y especializados en la materia”, que son “Bruchou, Fernández Madero & Lombardi”; “Salaverri -Burgio- Wetzler Malbrán Abogados” y “Tanoira Cassagne Abogados”.  Estos realizaron sus ofertas, con un “empate técnico” entre los dos últimos aunque Economía optó por el contratado por su “exitosa experiencia” en operaciones y por el conocimiento de Río Negro. 

El monto del estudio llega a los 730.000 pesos aunque el costo final alcanza los 883.300 pesos, con los 153.300 pesos por impuestos. 


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