Río Negro: escasa formación y el desafío de una conducción civil

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Estela Jorquera ejorquera@rionegro.com.ar

La falta de capacitación aparece, por lo menos, como clave en varios de los hechos de apremios cometidos por policías rionegrinos. A ello suele sumarse la ausencia de conciencia respecto de lo que significa el servicio público de seguridad que se presta. Tampoco se debe olvidar que en muchos casos se conjuga la resistencia ante las detenciones, lesiones que sirven de fundamento para denunciar presuntos apremios. Pero la gran responsabilidad está en el uniformado, que debe estar preparado para cumplir la función de la seguridad que eligió. La necesidad de precisar nuevas causas de las falencias y de procurar otras soluciones explica el desafío que asumió el gobernador Alberto Weretilneck al imponer a un civil en la jefatura policial. El abogado Ariel Gallinger, exconcejal viedmense y expresidente del Consejo de Seguridad, es un dirigente apegado a las políticas de los derechos humanos. Asumió hace dos meses y desde entonces endureció la respuesta institucional frente a las denuncias de apremios o causas penales e incorporó a más civiles en áreas policiales. La profesionalización, la capacitación y, en especial, la estricta defensa de los derechos por parte de la policía concentran las expectativas proyectadas a partir de la etapa encomendada a los civiles. Según los datos estadísticos de la jefatura policial, actualmente son once los policías que cumplen condenas por distintos delitos. Y hay preocupación por algunas regiones en particular. En Valle Medio, aún conmocionado por el caso de Daniel Solano, un informe de este diario reveló que en cinco año se realizaron 98 denuncias por apremios ilegales (una cada 18 días), sin ninguna sanción a algún efectivo responsable. La respuesta policial en sí misma expone –crudamente– la falta de preparación. Una reciente sentencia dictada en Viedma condenó a prisión efectiva a un policía de la ex-BORA por haber dejado en silla de ruedas a un joven al que le disparó con el arma reglamentaria desde atrás mientras el muchacho corría. El disparo se produjo cuando el uniformado ni había llegado al lugar donde se denunciaba que se habrían estado rompiendo algunos vidrios de autos estacionados. Correr fue interpretado como una actitud de alejarse de un delito cuya existencia no se comprobó, como tampoco la participación del que corría por última vez en su vida. La sentencia habló de la posibilidad de miedo por parte del policía. A nadie escapa que trabajar en barrios con serios problemas sociales no debe ser fácil para nadie pero un policía debe estar preparado para ello desde la capacitación hasta los elementos que preserven su propia seguridad. De lo contrario no se puede cumplir como se debe el servicio de protección a la comunidad. La cuestión presupuestaria también es un tema preocupante. Sucede que, a pesar de los esfuerzos, los recursos siguen siendo insuficientes, desde el combustible hasta el parque automotor. Algunos organismos demoran hasta traslados de detenidos a distintas diligencias judiciales porque no tienen móviles. A la acotada capacitación inicial se suma que los uniformados reciben el arma reglamentaria con una escasa práctica de tiro, que en el ejercicio de la función se profundiza porque ese entrenamiento, incluidos los proyectiles, depende de su bolsillo. Desde hace años el funcionamiento policial se inclinó progresivamente hacia el costado negativo de la balanza y hoy no es fácil revertir desde lo económico ni desde el compromiso tanto desgaste que en varios casos ha conducido a la desidia. De otra manera no tendrían lugar situaciones inexplicables como que un comisario se retire a su domicilio y deje bajo llave su oficina, con teléfonos y fax incluidos. El servicio queda entonces suspendido mientras se extienda la siesta o el descanso nocturno del funcionario policial. Inaudito pero real, a tal punto que jueces de la Primera Circunscripción Judicial se ven obligados a enviar –en esos horarios bajo llave– desde órdenes de allanamiento hasta detenciones por fax pero a algún comercio local con ese servicio y previo aviso telefónico a quien esté de guardia en la comisaría para que espere la comunicación al pie del fax. Son cuestiones básicas de conciencia sobre el rol que se cumple: estar al servicio de la comunidad las 24 horas. Estas actitudes nos son generales, pero afectan a toda la institución y al mismo Estado, que debe garantizar la seguridad a la sociedad que paga impuestos y elige a sus representantes para que administren y distribuyan esos fondos por el bien común.