Río Negro: legislatura bloqueada

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DE DOMINGO A DOMINGO

El gobierno de Alberto Weretilneck acaba de presentar a la Legislatura el proyecto de presupuesto para el 2015, por un monto total 38% mayor respecto del que está en ejecución. No ha contemplado en la previsión del año próximo ningún aumento para sus empleados estatales. Nadie supone que el gobernador pretenda negar la inflación. Tampoco que esté resuelto a ningunear o atormentar a los estatales. ¿Entonces? La no inclusión de ese parámetro en el presupuesto le quita solidez al armado del proyecto. Lo muestra como un entramado de ficción. Se dirá que no es el único, y es cierto. Se suma a la costumbre -generalizada en el país- de subvaluar ingresos y sobrevaluar ciertas partidas de gastos, para contar con un monto pasible de ser reasignado durante el año. ¿Cómo debatir en serio sobre esa base? Noviembre termina en Río Negro con varios frentes de conflicto e interrogantes en materia económica, política y sindical. La inflación y el amesetamiento de la economía ya golpean a trabajadores y empresarios. El Estado no tardará en sentir el impacto, en especial si se mantiene la baja del precio del petróleo, que reducirá sus regalías. Por ahora, enfrenta el reclamo de ajuste salarial con desigual nivel de tensión según el grado de empatía con la dirigencia de cada sindicato. El gremio docente Unter es, como suele suceder, el que plantea mayor resistencia. Acaba de rechazar por insuficiente la propuesta gubernamental de incremento para todo el 2015. Sabe que el año resultará poco previsible en materia de estabilidad monetaria y busca cubrirse. También procuró cubrirse el gobernador Alberto Weretilneck al reconocer el pago de mayores costos a las empresas de la construcción. Lo hizo mediante el decreto de necesidad y urgencia Nº 4 de octubre, por el cual autorizó el pago retroactivo de la “redeterminación de precios” fijada por otro decreto. Esto implica que las empresas constructoras podrán gestionar y recibir pagos extras por obras inconclusas o terminadas, y hasta recibidas por el Estado en los últimos seis meses. La cuestión es que el gobierno no ha dicho qué empresas, por qué obras, por qué montos, por qué variaciones de costos… nada. Y la Legislatura, que es el ámbito natural para discutir toda norma que implique gastos al Estado, no es convocada a sesionar para tratar la norma. Este tipo de decreto-ley está autorizado por la Constitución provincial en casos de “necesidad y urgencia o de amenaza grave e inminente al funcionamiento regular de los poderes públicos”, algo que no se registra en este caso. Tampoco se verifica ningún motivo por el cual la Legislatura no sesione para validar esa norma excepcional. La Constitución considera indispensable ese tratamiento e incluso manda que se convoque a extraordinarias si la Legislatura estuviera de receso. Desde el 22 de octubre en que el DNU llegó a la Legislatura, el presidente de la Legislatura fue y vino de China, pero no convocó el tratamiento de una norma como le ordenan la Constitución y el Reglamento de la Legislatura. Quien con más énfasis se opuso a la metodología del Ejecutivo en esta materia es la legisladora Ana Piccinini, que calificó de “fraude constitucional” la negativa del vicegobernador a convocar a la Legislatura para analizar el decreto de necesidad y urgencia. Y recordó que “la obstrucción a la intervención de la Legislatura tiene como consecuencia una sanción severa: la pérdida automática de la eficacia del DNU”. Mostrando ser la única en la Legislatura actual que analiza el marco jurídico -ni la oposición radical lo ha hecho en este punto-, anunció que acusará ante la Justicia a Pedro Pesatti de incumplimiento de sus deberes de funcionario por no habilitar el tratamiento parlamentario. Sin la verba jurídica de la reginense, Ariel Rivero fue igual de contundente: “No entiendo lo que hace este gobierno. Por un lado no tienen plata, pero el gobernador anda repartiendo plata por toda la provincia. Paran la obra pública durante seis meses, ¿qué hicieron con la plata que el gobierno nacional les envió para que paguen?”, dijo. La realidad salta a la vista: el albertismo no cuenta con ningún legislador que pueda, por formación o convicción, enfrentar en un debate sobre esta cuestión de neto corte constitucional a Piccinini o a cualquier otro opositor que se le plantara. Y opta por la solución que estima más simple: no hace ni dejar hacer. Claro que, en el medio, la Constitución vuelve a quedar pisoteada. Lo peor es que, en el Ejecutivo, el trámite con las empresas constructoras sigue su marcha y, si no fuera por la mora de la burocracia, ya estarían pagando montos en virtud de una norma que todavía está atada con alfileres. Es otra muestra de la pobre calidad del gobierno de Weretilneck, que ahora invoca un desfasaje monetario en perjuicio de las constructoras, cuando hasta hace apenas dos meses defendía a rajatabla la actualización por los índices del Indec que ahora abandona en favor del que elabora la Cámara Argentina de la Construcción. Y que nada dice de que el propio gobernador, por la declaración de emergencia de enero de este año, postergó el inicio de algunas obras ya licitadas, contribuyendo a que en esos casos los montos se resintieran. La cantidad de dinero en juego -se habló primero de $ 25 millones, luego de $ 40 y ahora de $ 60 millones de pesos-, la metodología, la falta de información, la negativa de que sesione la Legislatura… todo abona la sospecha de que esta “redeterminación” fuera pensada más en beneficio de la política que de las empresas. Y que parte de este dinero circulante sin control contribuyera a financiar la campaña política del oficialismo. Los principales interesados -las constructoras contratistas del Estado- no dicen nada y su silencio aumenta las dudas sobre todo el procedimiento. Mientras este Plan B evoluciona, el gobierno insiste en la renegociación de áreas hidrocarburíferas, confiando en obtener de allí un sustancial dinero fresco que le permita hacer obras en un año electoral. YPF y alguna firma menor serán las primeras buenas noticias que el gobierno tenga en esta materia, antes de que termine el 2014. > Un verano político Finalmente, tras mucho hablar, el Frente para la Victoria comienza a pasar de las palabras a los hechos, luego de que Miguel Pichetto y Martín Soria sellaran un acuerdo: estarán juntos con el objetivo de que el PJ llegue a gobernar. Ayer, el senador reunió a 50 técnicos y profesionales en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma, para definir un plan de gobierno. Lo positivo, que alguien procure llegar al gobierno con algo más que frases grandilocuentes. Lo cuestionable, que se emplee un bien del Estado nacional -la UNRN- como si fuera partidario. Todos se ponen en marcha. El verano bailará al ritmo de la política.

ALICIA MILLER | amiller@rionegro.com.ar