Río Negro siempre a la vanguardia del Estado Federal

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En la primera presidencia de Juan Domingo Perón se proyecta dentro del Plan Quinquenal el desarrollo de la actividad nuclear en la Argentina. Allí se dejan sentadas las bases y la planificación de las primeras centrales nucleares: Atucha I (hoy rebautizada Central Nuclear Atucha I Presidente Juan Domingo Perón) entró en operación comercial en 1974 y la Central Nuclear Embalse fue planificada por el Plan Trienal, ya en el tercer gobierno de Perón. La independencia energética acompañaba el proceso de construcción de soberanía política.

Los gobiernos militares, la desconfianza existente entre Argentina y Brasil por el “desarrollo nuclear” (nuestro país por ese entonces acababa de dominar en la Planta de Pilcaniyeu, con el aporte de la CNEA y el Invap, el enriquecimiento de uranio, una tecnología que aún hoy muy pocos países poseen) llevó a que el entonces presidente Alfonsín firmara diversos acuerdos con el presidente de Brasil, Sarney, en materia de cooperación nuclear y el famoso tratado de no proliferación de armas nucleares.

Ya en los 90 las políticas neoliberales del peronismo dominado por Menem, dejaron atrás cualquier posibilidad de políticas que apuntalaran la soberanía política e independencia económica.

Néstor Kirchner desde los comienzos de su gobierno (2003/2007) apuntaló políticas públicas tendientes a fortalecer la independencia de nuestro país –el “No al ALCA” y el pago adelantado al FMI son ejemplos de ello–. También el relanzamiento del Plan Nuclear, allá por agosto de 2006, daba cuenta de que Argentina se ponía de pie ante el mundo. El gobierno que encabezó Cristina Fernández de Kirchner profundizó estas políticas públicas y firmó un acuerdo comercial con China, en el cual se destacaba la construcción de dos centrales nucleares de potencia y que contó con el voto aprobatorio de todos los representantes rionegrinos en el Congreso, con la sola excepción de Magdalena Odarda.

Río Negro, ya durante la presidencia de Macri, fue sindicada como el posible lugar de asentamiento de una de esas centrales.

Sin “licencia social”

El rechazo mayoritario y la falta de “licencia social” llevaron a que nuestro gobierno liderado por Alberto Weretilneck enviara al parlamento rionegrino un proyecto de ley para prohibir la instalación de centrales de generación de energía nucleoeléctrica de potencia en la provincia, con la excepción de plantas de diseño nacional basadas en la tecnología Carem (Central Argentina de Elementos Modulares) desarrollada por CNEA e Invap (ley 5.227).

Esta ley fue impugnada por el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, mediante un pedido de inconstitucionalidad ante la Justicia provincial. El Superior Tribunal de Justicia esta semana desestimó la presentación y ratificó la potestad de la provincia, al sostener: “En función de las facultades que le son conferidas constitucionalmente posee competencia exclusiva para decidir sobre la radicación de plantas nucleares en su territorio, así como también el desarrollo de toda actividad relacionada con ese tipo de energía. Y queda sujeta a la jurisdicción nacional la regulación y fiscalización de la actividad nuclear”.

Una vez más, nuestra provincia, a través de los tres poderes que componen el Estado, está a la vanguardia de un verdadero federalismo. Una construcción atávica en los rionegrinos y rionegrinas que quizás sin saberlo, o sin decirlo, está colaborando al desarrollo de un federalismo moderno en el país.

La Justicia provincial, con claridad meridiana, interpretó que los artículo 41º y 124 de la Constitución nacional, fijan claros criterios para la distribución de las competencias en un Estado federal, y de allí que “surge que el Estado provincial es el único facultado para aprobar o rechazar el proyecto de instalación de plantas o centrales de generación de energía nucleoeléctrica de potencia, facultad exclusiva y no delegable”. Sumado a que la Constitución de Río Negro reconoce en el Estado provincial la propiedad de los recursos naturales en su territorio (arts. 70º y 79º), otorgándose al gobierno facultades exclusivas para decidir sobre su explotación y la preservación del ambiente.

Esta mirada, profunda, encarna la “visión federal” horizontal, de competencias repartidas en los diferentes estamentos de gobierno, pero coordinadas, es decir, federadas. Una visión profundamente pluralista, que apuntala la diversidad cultural, la igualdad, y también la pertenencia y solidaridad interterritorial, contrapuesta con la mirada unitaria, centralizada y porteña.

Modelo ascendente

Su modelo de construcción social es ascendente, partiendo de las unidades inferiores, básicas y naturales, evitando todo tipo de imposición desde arriba. Además, las relaciones entre los diferentes niveles y partes integrantes del sistema federal han de basarse en la negociación, el consenso, la cooperación y el acuerdo, nunca en la coacción.

Esta visión federal no sólo se interpreta en relación al gobierno nacional sino también hacia los municipios. Río Negro es una de las provincias señeras en materia de autonomía municipal. Es más, por estos días podemos ver cómo esto se discute en Santa Fe, una provincia con mirada progresista que aún no saldó, sin embargo, esta cuestión.

Pero nuestra provincia avanzó aún más, definiendo una verdadera ingeniería institucional y participativa desde las juntas vecinales, pasando por los municipios, hasta el gobierno provincial. El artículo 240º, receptado en la Constitución provincial de 1988, presente ya en el texto constitucional fundante de 1957 establece que las juntas vecinales gozan de su propia personalidad jurídica y se dan sus propias autoridades. Es más, son preexistentes al propio municipio o comuna, ya que la Carta Magna rionegrina expresamente dice “Los municipios y comunas reconocen la existencia de las juntas vecinales electivas”.

Se trata, hacia arriba y abajo, de una construcción continua, ya que para la organización federal esta visión no garantiza el éxito, sino que tiene sus complejidades y se va construyendo, como por ejemplo con esta disputa, tanto política como judicial, entre quienes creen que la provincia no tiene facultades para dictar una ley de estas características y aquellos que pensamos que tenemos plenas potestades para el autogobierno. Y tiene sus complejidades, justamente, porque se trata de compartir el “poder”, la soberanía, e implica tomar decisiones respetando las singularidades de cada territorio. El Federalismo, en su propia etimología, consigna que se trata de una construcción política de la confianza (fides) a través de pacto entre iguales (foedus).

El Federalismo se fortalece con fallos como el dictado por el Superior Tribunal de Justicia, que otorga certezas y definitiva legalidad a una ley provincial que fijó la posición y el sentir de la mayoría de nuestros coprovincianos y coprovincianas y su identidad ambiental.

Como dice un gran amigo mío, Río Negro no es radical ni peronista: es una provincia progresista que sólo reconoce el dogma de la apertura mental a los tiempos de su época.

*Vicegobernador de Río Negro.

El fallo del STJ confirmó que el Estado provincial es el único facultado para aprobar o rechazar el proyecto de instalación de plantas o centrales nucleares.