Saber más, actuar mejor

prevención y reacción penal

Las agencias estatales en materia de prevención y reacción penal tienen en la actualidad una tarea de gran exigencia: concretar mecanismos que sean fuertes y eficaces, a la vez que respetuosos de las garantías jurídico-procesales de las personas involucradas.

Hace ya dos décadas que la cuestión de la seguridad ciudadana se convirtió en uno de los tópicos más importantes en la opinión pública y en la agenda de gobierno. En lo fundamental, debido al incremento de los índices delictivos y su repercusión en la percepción de inseguridad por parte de la población.

Tal fenómeno fue constatado por algunos datos básicos arrojados por la estadística policial y el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, como así también por las primeras encuestas de victimización que comenzaron a realizarse en el país.

Vale recordar que el año 1992 se creó la Dirección Nacional de Política Criminal en el Ministerio de Justicia de la Nación, organismo que empezó a desarrollar nuevos estudios en la materia.

Más tarde, en el año 2000, la Dirección fue designada como organismo encargado de elaborar la estadística oficial sobre criminalidad y funcionamiento del sistema de justicia en el país, con facultades para requerir información a las policías, fiscalías, juzgados penales y servicios penitenciarios.

También el ámbito académico y las organizaciones no gubernamentales han dado muestras de interés respecto de la cuestión. A punto tal de generar distintos estudios sobre la delincuencia y el propio funcionamiento del sistema de justicia penal, así como también respecto de las percepciones y opiniones de la población vinculadas a la seguridad.

Tal como sostiene Hernán Olaeta, de un tiempo a esta parte se vienen produciendo algunas acciones gubernamentales en materia de política criminal que toman como referencia estudios y estadísticas oficiales. A raíz de ello, en diversas esferas de gobierno comenzaron a conformarse estructuras que apuntan a la producción de información criminal.

A partir de entonces ha quedado en claro la utilidad de contar con evidencias sólidas para el desarrollo de políticas y programas para la prevención del delito, con miras a prevenir o reducir su número, mejorar la seguridad comunitaria y paliar el miedo imperante en algunas comunidades.

Una de las herramientas adecuadas para ello resultan ser las encuestas sobre la victimización delictiva. Ellas suelen ofrecen una valiosa fuente de información a los autores de políticas públicas respecto de diversas aristas del problema.

Pueden, entre otros, dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué cantidad de delito existe en una comunidad y cuáles son sus características?; ¿cuáles son las particularidades de las víctimas y los perpetradores?; ¿cuáles son los riesgos de convertirse en víctima?; ¿ha cambiado la percepción de la seguridad a lo largo del tiempo?

Asimismo, pueden dar cuenta de los delitos que se denuncian a las autoridades y los que no, así como los motivos de ello. O bien si están funcionando las políticas de prevención y si existe una relación entre el miedo y los niveles delictivos reales. Y otro tanto respecto del impacto sobre los grupos vulnerables de la comunidad, como las mujeres, los niños y aquellos golpeados por la falta de salud, educación y trabajo.

En tal sentido, vale tener en cuenta la experiencia comparada. En el 2007 se presentó la Primera Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz de la iniciativa del Ministerio de Gobierno de esa ciudad, mediando la colaboración del equipo de docentes e investigadores de la Universidad de San Andrés.

Su objetivo estuvo dirigido a producir información sobre victimización y percepciones en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de comprender con arreglo a ciertos criterios metodológicos qué delitos ocurren, cuándo y dónde se producen, a quiénes afectan y qué niveles de temor experimenta la población.

La iniciativa también buscó poner en la agenda pública la necesidad de hacer de la producción de información una política de Estado en todos los niveles de gobierno de nuestro país. Y ello, de acuerdo a la premisa de que sólo sabremos qué hacer, cuando sepamos qué es lo que en realidad sucede en nuestro entorno.

Martín Lozada

Catedrático Unesco. Profesor regular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

Martín Lozada