Salarios y educación

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Como suele suceder en febrero, centenares de miles de docentes están preparándose no sólo para enfrentar los desafíos planteados por un nuevo año lectivo sino también para participar, con fervor militante en algunos casos pero a regañadientes en muchos más, de la ya rutinaria ofensiva salarial. Las perspectivas no son buenas. Aunque el ministro de Educación, Alberto Sileoni, acaba de sorprender gratamente a los gremialistas del sector al afirmar que el aumento que les espera sería inferior al 25%, puesto que hasta entonces había insistido en limitarlo al 17% primero y después al 20%, por lo menos se acercó al 30% que están reclamando los habitualmente combativos dirigentes sindicales. Sin embargo, también señaló que la cifra final dependerá de las autoridades de las distintas provincias de las que muchas, como es notorio, no están en condiciones de otorgar el aumento insinuado por Sileoni si el gobierno nacional se niega a girarles los fondos necesarios, algo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no querrá hacer en los casos de los principales distritos del país: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Puede que se muestre más flexible con aquellas jurisdicciones más chicas en términos de población, cuyos mandatarios la apoyan con el entusiasmo que cree apropiado, pero puesto que el dinero no sobra ellas también podrían encontrarse en apuros. Sea como fuere, parece inevitable que, una vez más, el panorama educativo se vea dominado por los problemas salariales y por los esfuerzos de integrantes del gobierno nacional por aprovecharlos castigando a rivales en potencia de Cristina como el gobernador bonaerense Daniel Scioli y adversarios declarados como su homólogo cordobés, José Manuel de la Sota. Para complicar todavía más la situación, en un contexto inflacionario el gobierno está procurando ajustar sin que nadie se dé cuenta, como si la tasa anual realmente fuera la difundida por el Indec, motivo por el que trata de obligar a los gobernadores provinciales y los intendentes, entre ellos Mauricio Macri, a que asuman la responsabilidad de todas las medidas antipáticas. Así las cosas, es de prever que durante este año, lo mismo que en tantos anteriores, abunden los paros docentes en la mayoría de los distritos del país. Huelga decir que si, como a esta altura parece más que probable, el costo de vida sube a un ritmo mayor, superando con facilidad “la barrera” del 30% anual, los problemas se multiplicarán al desactualizarse con rapidez los acuerdos. Si bien en todas partes es normal que los jefes de los gremios docentes se concentren en mejorar los ingresos de los afiliados y en oponerse a cualquier reforma que podría ocasionarles dificultades, la relación conflictiva con los gobiernos provinciales, agravada por las maniobras de kirchneristas resueltos a debilitarlos, que se da aquí hace virtualmente imposibles las reformas drásticas que serían necesarias para que la educación pública comenzara a recuperarse del deterioro que ha sufrido en los últimos años. Según todas las pruebas internacionales, el nivel alcanzado por los alumnos de los colegios públicos argentinos es muy inferior no sólo al registrado por sus coetáneos de Europa, América del Norte y, desde luego, Asia oriental sino también a aquel de países vecinos como Chile y Uruguay. Puede que a los dirigentes políticos no les preocupen demasiado las consecuencias culturales y sociales del retroceso así reflejado, pero sucede que la educación pública también incide de manera decisiva en la evolución económica del país, privándolo del “capital humano” que necesitaría para reducir la pobreza denigrante en que viven sectores muy amplios de la población. Aunque todos los políticos, empresarios, académicos y sindicalistas juran coincidir en que a su juicio la educación es fundamental y dicen que saben muy bien que el destino del país dependerá en buena medida de su calidad, el presunto consenso así supuesto es meramente verbal. De otro modo, ya se las hubieran arreglado para organizar un sistema mejor, tarea que se vería simplificada porque países como Finlandia, Corea del Sur y Nueva Zelanda podrían servirles de modelo, pero que, según parece, no emprenderán hasta que, luego de más de medio siglo de intentos frustrados, por fin logren solucionar el problema salarial.