Salieron más de 22.000 millones del corralito en los últimos 7 meses

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La salida de fondos del sistema financiero superó los 22 mil millones de pesos en los primeros siete meses del año, de acuerdo con un informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), entidad que en ese período sufrió un drenaje de casi mil millones.

«Pese a la vigencia de las restricciones financieras, el sistema bancario continuó en estos meses experimentando un acelerado proceso de salida de fondos», destacó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del BAPRO correspondiente al primer semestre del año.

En tal sentido, precisó que desde comienzo del año y hasta el 12 de julio último el drenaje de fondos del conjunto del sistema financiero (sin contar al BAPRO) sumó 21.445 millones, que representa un 27,9 % del stock de depósitos totales existentes a fines de diciembre. Por otra parte, los depósitos del sector privado se contrajeron en el sistema un 29,4%, por un monto de 20.855 millones.

«En el mismo período, la pérdida de depósitos totales del BAPRO ha sido de 948 millones, lo que representa un 13,2% del stock de depósitos existente a fines de diciembre», consignó.

En lo que se refiere a las imposiciones del sector privado, la caída ha sido del 17,4 %y por un monto de 1.075 millones.

Las colocaciones en cuentas corrientes y cajas de ahorro del BAPRO evidenciaron desde fines de marzo una reducción del 21,3 %, alcanzando un monto de 485 millones de pesos. «En forma consistente con lo observado para el conjunto del sistema financiero, en el último período se observa asimismo una clara desaceleración en el ritmo de salida en este tipo de cuentas, que sólo se contraen un 1% desde fines de junio». En lo que se refiere a los depósitos a plazo reprogramados, las colocaciones se redujeron en 6.257 millones de pesos, que representa una caída del 18,8 %, mientras que las imposiciones en el BAPRO se contrajeron un 16,2 %, por un monto de 550 millones.»La caída de los depósitos reprogramados refleja la creciente incidencia de los fallos favorables dispuestos por la Justicia a los recursos de amparo interpuestos por los depositantes», explicó el informe.

Hasta principios de julio, por la vía de los amparos judiciales, alrededor de 54.500 ahorristas pudieron retirar unos 4.600 millones de pesos del sistema, a un promedio por amparo de 84.500 pesos, según el estudio de la institución bonaerense.

«De dicho total, un 7% (324 millones de pesos) de los retiros por amparos dictados por la justicia corresponden a depositantes del BAPRO», se destacó.

No obstante, el informe subrayó que «el BAPRO ha incrementado en forma sensible su participación en el total de depósitos del sistema, pasando del 8,5 % a fines del 2001 al 10,1% a mediados de julio de 2002».

Se destacó que el incremento de la participación del Banco Provincia de Buenos Aires «también se ha verificado en el total de los depósitos realizados por el sector privado, pasando de alrededor del 8% a fines de 2001 a un 9,2 % a mediados de julio» .

El BAPRO tuvo una fuerte participación en las nuevas colocaciones autorizadas por el BCRA a plazos menores a 30 días, y mientras el stock de julio se ubicaba en 2.230 millones para el conjunto del sistema financiero, el monto de esas imposiciones en la entidad bonaerense totalizó 450 millones.

«Esto implica que un 20 por ciento de las nuevas imposiciones han sido realizadas en el BAPRO, guarismo que se sitúa por encima de la participación reciente del banco en el total de los depósitos privados del sistema financiero», concluyó el informe.

El problema del «goteo» no ha podido ser resulto por la administración Duhalde y mucho menos en lo que refiere a la solución definitiva del corralito que- desde que fue impuesto- la Argentina vio transitar a tres ministro de Economía. Uno de ellos, Remes Lenicov, ayer volvió a defender su gestión ( ver aparte) que tampoco pudo poner punto final al conflicto con los ahorristas estafados.

Por otra parte, el FMI, ha reclamado – en el contexto del acuerdo con el organismo de crédito (ver aparte)- una solución al drenaje de fondos. Las alternativas que la administración Duhalde puso sobre la mesa han generado conflictos con los sectores involucrados y hasta han adquirido tono de interna entre las posiciones de Lavagna y Pignanelli (BCRA) sobre el particular. El conflicto está lejos de cerrarse y se bate en varios frentes, el político, el económico y el judicial. (Télam, AR)

Gobierno y empresas negocian deudas

El Gobierno y los grandes grupos empresarios negociarán «de manera paralela» sus deudas con el sector financiero, que en el caso del sector privado ascenderían a 32.000 millones de dólares, informaron fuentes de Hacienda.

Para llevar adelante esta renegociación «primero habrá que acordar» con el FMI una reprogramación de los vencimientos de la deuda contraída con el organismo, dijo un funcionario .

El ministro Lavagna, consideró que un acuerdo con el organismo podría concretarse «a fin de mes», por lo que las negociaciones con el sector privado comenzarían en setiembre. En ese contexto, la propuesta del Gobierno es lograr una quita de al menos un 50 % en el capital de la deuda que tiene con el sector privado, y a partir de esa base, que los privados hagan lo propio con sus acreedores para no caer en quiebra. Además, Economía estudia la posibilidad de que las empresas compren certificados de depósitos (CEDROS), de los fondos afectados por el «corralito», y participen con ellos de un segundo canje por BODEN 2012, reconocidos a 1,40 pesos.

Las empresas entregarían estos BODEN a sus acreedores, sean estos tenedores de Obligaciones Negociables o entidades, para cancelar sus deuda. En Economía confían que esta operación será aceptada principalmente por los bancos, ya que «antes de pasar a pérdida esa deuda, o hacerse cargo de una empresa que ha perdido al menos un 30% de su valor, obtienen un título público que pueden vender en el mercado secundario, o lo pueden entregar a cambio de redescuento», destacó la fuente.

La posibilidad de que el Estado salga en ayuda de los grupos empresarios fue admitida a comienzos de mes por el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. (Télam)

«La versión del aumento del 70% es disparatada»

El presidente Duhalde calificó ayer de «disparatadas» las versiones sobre un posible aumento de entre el 60 y el 70 % en las tarifas de servicios públicos privatizados, y aseguró que el proceso de renegociación es «legal» y se realizará mediante «audiencias públicas» con «participación de todos los involucrados».

Duhalde, tras asegurar que «no es que haya presiones» de esas empresas para aumentar las tarifas, ratificó que lo que «se pone en marcha es un reclamo legal de reajuste de tarifas».

No obstante, señaló que le «parece que lo que algunos medios toman, o algunos pedidos (de las empresas) son absolutamente disparatados. Hablar de 60 o 70 % de aumento es realmente absurdo», señaló el Presidente en su aparición radial de los sábados, al tiempo que pidió antes de hablar de porcentajes, «esperar que siga en evolución este procedimiento» de negociación.

Las empresas presentaron al Gobierno sus pretensiones de ajustes de tarifas, tal como lo requirió Economía, que, según trascendió, irían del 10 al 70 %.

No obstante, habría compañías que sólo elevaron propuestas conceptuales, por lo cual el Gobierno les reiteraría el pedido de precisar el porcentaje de aumento que solicitan.

Las empresas que dieron precisiones sobre la cifra de actualización de sus costos prefirieron no hacerlas públicas, no obstante lo cual circularon algunos números que no fueron confirmados ni desmentidos por las concesionarias.

Por su parte, el vocero de Edenor, Alberto Lippi, advirtió que «si no mejora el ingreso de caja» de la empresa, «no se podrá mantener» el sistema eléctrico y «se producirá un colapso. Hoy la empresa no puede invertir ni mejorar sus instalaciones y remarcó que «Edenor quiere la audiencia pública», porque explicó que la empresa quiere mostrarle a sus clientes «qué es lo que hizo con el dinero que ganó.

Remes defiende sus medidas

El ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov dijo ayer que la pesificación decidida durante su gestión, después de la libre flotación del peso, era «necesaria», y aseguró que los bancos estuvieron de acuerdo con la pesificación asimétrica, pese a que luego se presentaron como perjudicados por la medida.

Además, dijo que el FMI debería evitar las actitudes «ambivalentes» y acelerar la firma de un acuerdo con Argentina.

Desde Bruselas, donde se desempeña como embajador ante la Unión Europea (UE), Remes opinó que «si no se hubiera pesificado hoy día nos encontraríamos con que todos los deudores se verían imposibilitados de pagar, porque con el dólar como estuvo o como está, los deudores hipotecarios y las pymes no podrían haber afrontado sus deudas».

«Se pesificó buscando que ante la crisis y la quiebra del país, el quebranto sea lo más equitativo posible», argumentó el ex ministro por segunda vez en los últimos días, y agregó que «si no pesificábamos era imposible de sostener» el sistema financiero.

Respecto de la asimetría de esa pesificación, Remes aseguró que «los banqueros participaron y estuvieron de acuerdo» con que los préstamos se pasen a pesos a una paridad de 1 a 1, y los depósitos de 1,40 a 1. Inicialmente el 1 a 1 corría sólo para los pequeños deudores, pero el esquema definitivo incluyó a todos, tras largas negociaciones durante el primer mes del año.

«Hacia fines de enero tuvimos reuniones en el Ministerio con los sectores representantes de la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción, las organizaciones del agro, ABA y ABAPPRA», recordó el ex ministro. En esas reuniones, reveló, «los empresarios señalaron que al aumentar su deuda un 40 % les iba a ser imposible afrontar el pago», y los banqueros prestaron su acuerdo «ante esa posibilidad de que no iban a cobrar y por lo tanto iban a transferirle el quebranto a los ahorristas».

Según aseguró Remes, «de común acuerdo se decidió, obviamente dentro del Gobierno, la pesificación 1 a 1 (de las deudas), para evitar que los sectores endeudados estuvieran en falencia de pagos». (Télam)

«La tormenta será en setiembre»

Contrariando el optimismo sabatino del presidente Duhalde, el economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)Abel Viglione sostuvo ayer que «la posibilidad de crecer en este país es prácticamente nula», y pronosticó que «lo peor no pasó», sino que «la tormenta será en la segunda quincena de setiembre».

Viglione relativizó también la caída del 13,2% de la producción industrial en julio, al indicar que «por más que la industria se recupere, no se recuperará la economía. La industria es el 17% de la generación de riqueza y el 10 % del empleo», precisó tras señalar que «para sustituir importaciones y estimular exportaciones se necesita mercado de capitales», y subrayó que «en la Argentina no existe».

Por lo tanto, concluyó que «producir sin financiamiento y en una economía inflacionaria es una utopía», y afirmó que «es imposible pensar en crecer sin mercado de capitales».Después de tres meses de leves mejoras, la producción industrial volvió a mostrar en julio signos de estancamiento al registrar una baja del 13,2% respecto de julio de 2001 y del 1,5 en comparación con el mes anterior.Los números negativos de julio quebraron una serie de tres meses consecutivos en los que la producción manufacturera llegó a experimentar atisbos de mejoría, concentrados en sectores ligados a la exportación.

Si bien Viglione reconoció que «la tasa de cambio es cada vez menos negativa», aseguró que no se animaría «a decir que hay una reversión del ciclo en la industria ni en la economía». (DyN)