San Martín de los Andes: falta transparencia

Pablo Parrilla*

San Martín de los Andes vive un escenario de incertidumbre sobre la transparencia y legalidad de ciertos actos del gobierno municipal. En un grave contexto financiero (el Municipio posee un déficit acumulado que supera los 60 millones), se investigan pagos de “gratificaciones/horas extras” por más 8 millones de pesos mensuales.

Mientras que desde hace semanas el Concejo Deliberante viene exigiendo al intendente la presentación de la documentación pública, representantes del Ejecutivo municipal confirmaron en medios radiales que dichos pagos efectivamente fueron hechos y que habrían sido destinados a cumplir con los servicios esenciales, tales como la recolección de residuos.

Dada la magnitud de los montos (cuya sumatoria representaría más del 25% del déficit acumulado), el Concejo Deliberante por unanimidad solicitó a la Contraloría Municipal que realice una urgente auditoría respecto a las erogaciones realizadas en concepto de “horas extras”, entre otros rubros.
Pese al impasse, es posible establecer ciertos parámetros sobre la legalidad del destino de los fondos.

Como es sabido, el Poder Ejecutivo Nacional decretó en marzo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y con ello la imposibilidad de concurrir a los espacios de trabajo. Sin embargo, el art. 6 del decreto Nro. 297/20 estableció expresamente que los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial y municipal convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades, quedaron exceptuados del cumplimiento de la cuarentena.

A pesar de que las autoridades municipales parecieran desconocer cuáles actividades se incluyen dentro de los servicios esenciales municipales, en 2015 el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes declaró –justamente– la recolección de residuos como servicio esencial, continuo y permanente. Llamativamente, dicho proyecto fue presentado por el bloque del MPN que actualmente gobierna el municipio.  

Así, de acuerdo con la normativa nacional y municipal, los trabajadores y trabajadoras que realizan trabajos esenciales estuvieron exceptuados de la cuarentena y mantenían indemnes sus derechos y obligaciones laborales, incluyendo expresamente a los trabajadores de la recolección de residuos.
Por ende, los argumentos esgrimidos por el gobierno municipal en diversos medios radiales no cuentan con ningún respaldo legal.
Según la información disponible, nuestro Municipio sería el único órgano público del país en pagar estas partidas extraordinarias para garantizar los servicios esenciales.

Es muy importante señalar que este análisis nada tiene que ver con el derecho constitucional de los trabajadores y trabajadoras a recibir un salario digno, gozando de la protección del Estado municipal que tantas veces los ha relegado en los últimos años. De lo único que debería tratarse es de impedir arbitrariedades y exigir transparencia y legalidad en los actos de gobierno.

Con la información divulgada no se debería tardar en tomar cartas en el asunto, tanto para confirmar la ilegalidad de los pagos extraordinarios como también para constatar la existencia de incumplimientos de los deberes de aquellos funcionarios implicados.

La falta de respaldo legal a las decisiones económicas del Ejecutivo municipal de San Martín de los Andes se presenta como una grave alarma sobre la falta de transparencia y el manejo arbitrario de los fondos públicos, especialmente cuando la situación financiera del municipio se encuentra en un profundo déficit. El intendente tiene la obligación de responder con la documentación correspondiente (entre ellas el dictamen legal que habilitó dichos pagos) y el Consejo Deliberante tiene la obligación de perseguir la salvaguarda de los fondos públicos, hasta las últimas consecuencias.

* Abogado de San Martín de los Andes.