Se aprobó el pase sanitario en Francia

El proyecto del Gobierno de Macron que regula el acceso a la mayoría de lugares públicos será revisado ahora por el Consejo Constitucional. Entraría en vigor a principios de agosto.

El Parlamento francés aprobó hoy el uso del certificado sanitario como una de las principales medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus a pesar de las protestas registradas durante el fin de semana en varios puntos del país que dejaron un saldo de 71 detenidos.

Con 156 votos a favor, 60 en contra y 14 abstenciones, la medida salió adelante. Así, las nuevas restricciones, que incluyen la obligatoriedad de la vacunación para determinados sectores, como el sanitario, fue aprobada después de que más de 160 mil personas reclamaron en las calles.

El presidente galo, Emmanuel Macron, anunció la semana pasada que el certificado, deberá mostrar que la persona tiene una pauta de vacunación completa, un test negativo del coronavirus de las 48 horas anteriores o una prueba de haber pasado el virus en los seis meses previos.

Entre las principales medidas se contempla que a partir de agosto, el documento será necesario para entrar a bares, cafeterías y restaurantes, tanto terraza como interior; medios de transporte públicos de largo recorrido y ferias profesionales, que se suman a los lugares donde es obligatorio desde el 21 de julio: museos, teatros, monumentos, salas de deporte y espectáculo.

Los centros comerciales han quedado exentos de la medida, aunque corresponderá a las autoridades locales imponer el uso del certificado sanitario en ellos si lo consideran necesario.
Por otro lado los adolescentes de entre 12 y 17 años no tendrán que presentarlo hasta el 30 de septiembre, pues empezaron a vacunarse más tarde. Este grupo sólo requerirá la autorización de uno de los padres para vacunarse y ninguna para los menores con 16 y 17 años.

Los trabajadores de los lugares afectados también tendrán que presentar el documento, pero a partir del 30 de agosto. Si no tienen un justificativo, podrían ser suspendidos sin salario.

El texto prevé multas de 135 euros (casi 160 dólares) para los infractores y hasta seis meses de prisión y 3.750 euros (4.423 dólares) de multa en caso de una tercera reincidencia en 30 días. Para los profesionales, las sanciones por no controlar irán desde multas hasta cierres administrativos.

Los casos positivos confirmados deberán aislarse durante diez días y solo podrán salir en caso de urgencia o entre las diez de la mañana y las doce del mediodía. La seguridad social podrá hacer controles del aislamiento y avisar a las fuerzas del orden si cree que no se está respetando.


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