Se cayó uno de los planteos contra la tarjeta Salud 11-4-03

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NEUQUEN (AN).- Los gremios estatales perdieron una batalla en la pelea que iniciaron contra la tarjeta Confiable Salud. El miércoles, los miembros del Tribunal Superior de Justicia rechazaron la presentación realizada por los sindicatos docente, judicial y de empleados públicos para que se suspenda la ejecución del contrato firmado entre el Instituto de Seguridad Social de Neuquén y la firma Impsat SA para reformular la gestión de las prestaciones asistenciales de los afiliados. La resolución del TSJ -firmada por Arturo González Taboada, Federico Gigena Basombrío, Oscar Massei y Alejandro Gavernet- establece que «debe desestimarse in límine la presentación efectuada» por los representantes de los sindicatos ATE, ATEN y Sejun. El abogado Mariano Mansilla recordó que todavía está en trámite en el juzgado de Juan José Gago la causa penal por «supuesto contrato fraudulento» entre ISSN e Impsat . Mansilla indicó que continuarán insistiendo con la vía judicial «para que se suspenda el uso de la tarjeta hasta que se resuelva esa causa». Del otro lado, el administrador de la obra social provincial, Gerardo Hettinger, admitió que conocía la resolución del TSJ aunque todavía no habían recibido la notificación correspondiente. Atribuyó la gestión de los gremios a su intención de «embarrar la cancha» y que refleja su actitud «poco coherente». Por el contrario, ratificó la aplicación de la tarjeta Confiable Salud, demorada también por «la posición de parte del Colegio Médico que se niega a usarla». Dijo que el plástico ya completó prácticamente la distribución entre todos los afiliados de la capital y las ciudades más importantes del interior y que se instaló el sistema en las clínicas San Agustín, San Lucas y San Javier, consultorios Avenida y «varias farmacias y luego terminaremos con Cipolletti». En gran medida, el futuro del sistema depende de la resolución que adopten los médicos en la asamblea que va a reunir a los médicos el próximo 22. Hettinger dijo que «tienen opiniones diferentes» ya que algunos ataron su aceptación al aumento de los honorarios mientras que otros «nos piden que los conectemos». Además, anunció que hoy terminaría la gestión de los fondos ante el Ejecutivo para que el lunes esté a disponibilidad de los profesionales los créditos para adquirir los equipos de computación. En las antípodas de las declaraciones de Hettinger, Mansilla aseguró que la tarjeta «no está prácticamente en uso, y en el interior los afiliados se manejan con el recibo de sueldos porque tampoco tienen el cupón». La tarjeta apunta a agilizar los trámites de prestaciones asistenciales de los más de 140 mil afiliados al ISSN, entre titulares y cargas de familia. Los sindicalistas rechazan el contrato firmado porque la licitación, que ganó Impsat cuando pertenecía al grupo Pescarmona, se hizo antes de la devaluación. En marzo pasado, Hettinger declaró ante el juez Gago por la causa que investiga supuestas irregularidades denunciadas por los gremialistas que, en paralelo, habían pedido la suspensión de la distribución a la jueza Norma Poza. La fiscalía planteó el año pasado que existían sospechas en cuanto a que se había favorecido a la empresa al no tomar en cuenta las exigencias contenidas en el pliego de condiciones. Los representantes de la empresa recordaron que, en cambio, los avances tecnológicos permitían superar la oferta en cuanto a seguridad y prestación del servicio.