Se perdieron 250.000 puestos y se resiente el tejido social

El envión político que aportó al gobierno el lanzamiento del Senador Miguel Pichetto como compañero de fórmula del Presidente Mauricio Macri, permitió que desde las usinas de información oficial se lance hace dos semanas el rumor sobre la posibilidad de promulgar la reforma laboral por decreto. En ese momento pocos lo creyeron viable y la información pasó casi desapercibida.
Para quienes manejan hoy los resortes de la economía nacional sin embargo, llevar a cabo una profunda flexibilización laboral no solo es posible, sino el principal objetivo para un próximo mandato. Así quedó en evidencia esta semana durante la gira del Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en New York, cuando ante un selecto grupo de inversores anticipó no solo que Macri logrará la reelección, sino que se avanzará con la reforma laboral ni bien concluya el proceso electoral. Con una mirada optimista, Dujovne aseguró a los hombres de negocio que en las provincias Cristina mide solo 14 puntos, lo que pone al gobierno cerca de ser reelecto, y que la incorporación de Pichetto asegura el apoyo del PJ.

Mientras el funcionario brindaba su particular visión del escenario político-económico en los EEUU, en Argentina se difundía la estadística oficial en relación al mercado de trabajo, la cual arrojó un desempleo de dos dígitos por primera vez en 13 años. Los datos referidos al primer trimestre del año, dan cuenta de la profundidad de la recesion que acaba de cumplir un año. En efecto, según surge del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre abril de 2018 y abril de este año, se perdieron 257.300 puestos de trabajo en relación de dependencia en el sector privado registrado (ver infograma). El golpe a la actividad se manifiesta con fuerza en sectores como la industria que expulsó 60.000 puestos en doce meses, el comercio que redujo 49.000, o la hotelería que hizo lo propio con 7.000 puestos.

Datos duros
Cuando la extensión de una crisis en el tiempo comienza a afectar la dinámica del empleo, es cuando se manifestan las consecuencias más delicadas en relación al tejido social, en tanto se resiente la capacidad de las familias para acceder a una canasta básica de bienes y servicios.
El 10,1% de desempleo dado a conocer por Indec esta semana, guarda en el subsuelo de la estadística una serie de datos aledaños, que registran la precariedad de la situacion laboral en Argentina. Existen en el país 1.340.000 personas sin trabajo. Dentro de ese grupo, 3 de cada 10 se encuentra desempleado hace mas de un año. La información oficial indica además que hay otro 11% de la Población Económicamente Activa (PEA) que se encuentra subocupada. Se trata de otro millón y medio de personas que trabajan menos de seis horas al día. Por último, existe un 17,5% de trabajadores catalogados como ‘ocupados demandantes’. Son personas que trabajan pero buscan otro empleo, dado que el que tienen no les aporta los ingresos sufucientes, o no representa correctamente su nivel de calificación. En esta categoría cabe perfectamente el típico ejemplo del ‘arquitecto que maneja un taxi’.
El panorama queda todavía más expuesto con el dato referido al trabajo informal. La información revela que el trabajo en negro pasó del 33,9% en los primeros tres meses de 2018 al 35% en el primer trimestre de 2019. Implica que 4.650.000 personas trabajan sin ningún tipo de cobertura social, previsional o de salud, y que lejos de resolverse, tal situación tiende a agravarse.
El segundo infograma adjunto muestra la situación del trabajo en negro en cada región del país. Queda en evidencia la delicada situación del NOA, donde la informalidad asciende al 43%, y al mismo tiempo se produce un fuerte contraste con la Patagonia, donde el ratio se reduce al 19%. Las bondades de Vaca Muerta generan un microclima que arroja un desempleo de solo el 3,5% para el aglomerado Neuquén Plottier.

Un extenso informe recientemente publicado por la UCA y titulado “Heterogeneidad y fragmentacion en el mercado de trabajo (2010-2018)”, sirve para echar algo más de luz sobre la endeble situación en materia laboral. El estudio establece la categoría de sector ‘micro-informal’ para caracterizar a las ‘actividades laborales no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mercado formal’. Segun la UCA, un 49,3% de los trabajadores ocupados, se desempeñaba en este tipo de actividades a fines del año pasado. Agrega que en 4 de cada 10 hogares argentinos todos los integrantes del hogar se desempeñana en el sector micro-informal. Indica además que del total de los trabajadores del sector micro-informal, el 38,2% tiene entre 18 y 34 años, y el 47,5% no tiene el secundario completo.
El informe de la UCA aporta un dato más, relevante para comprender la dinámica del problema. El estudio establece que el ingreso mensual promedio de los trabajadores medido a precios del tercer trimestre de 2018, cayó un 8,1% el año pasado en relación a 2017. Agrega que la caída fue del 4,9% para los trabajadores del sector formal, y del 10,5% para los del sector micro-informal.
El tercer infograma de la nota, muestra la evolución del salario real en cada sector desde 2011 hasta 2018. Se observa claramente que mientras los salarios del sector formal crecieron en 2016 y 2017, los del sector micro-informal nunca dejaron de caer desde 2015. De hecho, en la comparación 2015-2018, el poder adquisitivo del salario del sector micro-informal cayó un 15,5%, y un 33,3% si la comparación se realiza contra el año 2011.

Volviendo al principio, al amparo de los datos y considerando el marco de situación, cuesta imaginar de qué forma una reforma laboral del estilo que ya se sabe piensa plantear el gobierno, podría revertir el estado actual de las cosas. El plan del gobierno pasa por modificar la legislación a fin de flexibilizar las condiciones para la contratación y el despido, incorporar una serie de contratos blandos y temporales, reducir los aportes patronales y migrar de un esquema de paritarias por convenio colectivo hacia uno de acuerdos sectoriales, similares al que se alcanzó en Vaca Muerta.
Una vez más el planteo se enfoca en ‘abaratar’ el costo laboral para atender la ecuación de rentabilidad de las grandes empresas, lo que ‘en teoría’ debería favorecer la creación de empleo mediante inversiones productivas que más tarde ‘derramarán’ sobre la estructura económica. La mencionada licuación del valor real del salario, es parte necesaria del planteo, que culposamente algunos funcionarios admiten como un ‘exito’ que no se puede ni se debe anunciar.
Por si es necesaria una muestra del fracaso sistemático de la teoría del derrame, basta con recordar lo sucedido con las tarifas energéticas. La justificación oficial para los tarifazos radicó siempre en la necesidad de invertir. Tres años después, las energéticas amasaron multimillonarias ganancias con el ajuste de los cuadros tarifarios, al tiempo que se registró el apagón más importante de los últimos 50 años.
Nada se menciona en el espíritu reformador respecto a las raíces estructurales que dan lugar a un panorama que muestra hoy el mercado de trabajo. El impetu reformista no incluye la educación como herramienta para la inserción en el mercado de trabajo del futuro, caracterizado por la hiperconectividad y la inteligencia artificial. Poco se habla del deterioro presente en el entramado social, y del mecanismo por el cual un cuarto de los trabajadores podría incorporar las aptitudes para pasar de un trabajo precario e informal, a uno de empleo registrado. Tampoco, de las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas logren recomponer su ecuación de negocios tras los tarifazos energéticos y el derrumbe de la demanda.