Se pospuso unos días el envío de la reforma

NEUQUEN (AN).- El gobierno resolvió esperar unos días para enviar su proyecto de reforma de la Constitución a la Legislatura. Los diputados lo tendrán esta misma semana, pero antes se le añadirán argumentos a la defensa que Jorge Sobisch hará en los fundamentos de la iniciativa, en especial los referidos a la oportunidad de la modificación, que es lo que más cuestiona la Alianza.

El sobischismo no quiere dejar pasar la chance de convertirse en el primer gobierno desde la creación de la provincia, en 1957, que promueve el llamado a una Convención Constituyente. Además, para un proyecto político a largo plazo cree que es necesario eliminar puntos del texto constitucional que considera poco modernos.

En el proyecto de reforma se proponen modificaciones sociales, políticas y económicas. Hay muchas que tendrían un decidido apoyo de la oposición, pero la de la Alianza cuestiona la oportunidad de redactar prácticamente una nueva Constitución en este momento de la historia de la provincia.

Los puntos en los que el acuerdo podría ser total son los referidos a nuevos derechos, deberes y garantías. Una de las propuestas de la reforma que está llamada a crear polémica es la eliminación de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. El argumento en este caso es que tal compromiso ya forma parte de la Constitución Nacional.

La declaración de la provincia en emergencia no forma parte del texto que en 1957 aprobó la primera y única Convención Constituyente neuquina, dominada por radicales y socialistas en un período con el peronismo proscripto. El actual gobierno pretende incorporar esta figura que, de aprobarse, permitirá al Ejecutivo -previo acuerdo legislativo- tomar determinaciones de «procedimiento abreviado» para solucionar problemas de extrema gravedad.

Una de las disposiciones que podrían adoptarse al amparo de una declaración de emergencia sería la reducción de los sueldos de los jueces, que en los últimos años crecieron más que los ingresos del resto de los funcionarios estatales. El tema tiene suma actualidad debido a la demanda que iniciaron 65 magistrados para obtener reconocimientos salariales. También habría consenso en la extensión a nueve meses y medio el período ordinario de la Legislatura que ahora es de seis.

En la creación de una fiscalía anticorrupción y la dotación de mayores facultades al Tribunal de Cuentas también existiría una adhesión generalizada puesto que se trata de aumentar los controles de irregularidades en la administración.

Pero detrás de esta reforma está la garantía de que la provincia continuará la apertura al capital privado del negocio hidrocarburífero que inició la Nación en los «90, una vez que la propiedad de los recursos se transfiera a las provincias. Para salvar los obstáculos que presenta la actual Constitución -razonan en el gobierno- es necesario modificarla.

Sobre la base de la experiencia en los casos de investigaciones judiciales de diputados y ministros (y de los casos nacionales de presuntos sobornos), el gobierno se propone con este proyecto reglamentar los alcances de los fueros de los funcionarios que se eligen. De esta manera, las inmunidades no impedirán que los imputados declaren y sólo se los suspenderá de sus funciones cuando medie una condena. Otro de los aspectos polémicos del proyecto es el recorte de poder a la Legislatura. Si hubiera acuerdo político para este punto, un gobernador podría dictar decretos de necesidad y urgencia y presentar proyectos de ley de trámite urgente.