Seis meses de preventiva para la banda que estafaba por internet

La sala de audiencias N° 8 del poder judicial fue la sede de un verdadero desfile de detenidos y una maratónica audiencia de formulación de cargos.

Ayer el fiscal Pablo Vignaroli acusó a seis personas de participar en una asociación ilícita que se dedicaba a las estafas con oferta de camiones a través de un conocido sitio de ventas online.

El grupo está integrado por Fernando Machado, su hijo Mauro, Claudia Cortéz -pareja de Fernando-, Walter Romano, Carlos Penroz y Mariela Laccana. Ésta aparece como empleada doméstica de Machado, tiene una empresa a su nombre y dueña de varios vehículos.

La audiencia comenzó a las 11 y se prolongó hasta las 17. En ese tiempo, el fiscal detalló 14 hechos ocurridos este año, con la particularidad de que todas las víctimas son personas de otras provincia. “Tenemos víctimas de Buenos Aires, Córdoba, Chubut”, informó.

Sin embargo, a los sospechosos no los imputaron por el cúmulo de delitos, sino que los acusaron de integrar una asociación ilícita y además solicitaron que la investigación sea declarada como compleja: “para un caso complejo tiene que haber pluralidad de víctimas, pluralidad de hechos y pluralidad de imputados, todos los requisitos están cumplidos”, indicó el fiscal y agregó que el plazo de investigación será de un año.

Una familia conocida

El apellido Machado es familiar en el ámbito judicial, en su haber se contabilizan al menos 30 causas. Las maniobras que les atribuyen consistían en ofertar camiones por internet y cuando recibían el dinero de los compradores escondían los vehículos.

En agosto de este año, la fiscalía comenzó a investigarlos junto al departamento de Delitos Económicos de la Policía, y en octubre se conocieron los primeros resultados.

“A través de escuchas telefónicas pudimos comprobar que las ventas eran simuladas. Una vez que cobraban el dinero, (Fernando) Machado le ordenaba a alguno de los otros integrantes que el objeto de la operación sea escondido. Con lo cual que entendemos que se demuestra que simulaban una operación licita pero detrás hay una asociación ilícita, con un perjuicio económico de manera indebida”, sostuvo el fiscal.

Tras el relato de cada una de las causas, el fiscal solicitó seis meses de prisión preventiva porque aseguró que los imputados tienen capacidad para entorpecer la investigación e incluso que dos víctimas fueron amenazadas. Tras un cuarto intermedio de una hora y media, el juez de garantías Cristian Piana accedió a todos los pedidos de Vignaroli.

En números