Siete meses de pena en suspenso para el intendente de 25 de Mayo

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Bravo dijo que apelará la sentencia, que le impuso además 14 meses de inhabilitación.

25 DE MAYO (ACA).- Condenaron al intendente de 25 de Mayo, David Bravo, a siete meses de prisión en suspenso y a 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Justicia de La Pampa lo declaró culpable y penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, por haber habilitado un local comercial que no reunía los requisitos mínimos para funcionar. En ese comercio, según se constató luego, funcionaba un prostíbulo y se detectaron casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Ayer al mediodía Bravo escuchó la sentencia que se hará efectiva cuando la misma quede firme, es decir, finalizadas las instancias de casación. En tanto el jefe comunal veinticinqueño aseguró que apelará la medida. El juez Daniel Ralli, de Santa Rosa, coincidió con el pedido de la fiscal Cecilia Martiní, quien alegó tener por probado que “el intendente cometió el delito de abuso de autoridad, al firmar la habilitación de un cabaret con innumerables deficiencias técnicas”. Bravo llegó a juicio después de que el 10 de junio de 2008 resolviera “otorgar la habilitación del comercio instalado en la zona denominada El Sauzal, ubicado sobre Ruta Nacional 151, solicitada por Omar Javier Ulrich”. El mismo funcionó como prostíbulo, motivo por el que fue condenado a prisión por el delito de trata de personas el proxeneta Ulrich, propietario del comercio en cuestión, donde se comprobó que se prostituía a mujeres. Sin embargo, el mandatario no fue condenado como partícipe del delito de trata o por haber habilitado ilegalmente un prostíbulo o un local donde luego se comprobó que se ejercía la prostitución, sino “porque incumplió la ordenanza 052/02 del Concejo Deliberante, ya que lo habilitó, por ejemplo, con fallas edilicias, carencia de seguros por accidente y falta de planos de agua, gas natural y cloacas”. En virtud de las acusaciones, Bravo responsabilizó a funcionarios de su gestión de que “en ningún momento nadie me dijo, bajo los informes técnicos que constan en la causa, que no se reunían los requisitos para no habilitar el local en cuestión”.