Sigue abierta la polémica por la Defensoría del Pueblo de Bariloche

Los postulantes que impugnaron la designación de Analía Woloszczuk por vía judicial, ahora impulsan una iniciativa popular para anular el procedimiento de elección.

Los firmantes de la impugnación que buscó poner freno a la designación de Analía Woloszczuk como Defensora del Pueblo de Bariloche fracasaron en el primer intento, por vía judicial, pero no se dan por vencidos y ahora van por una iniciativa popular para declarar nula la ordenanza de nombramiento.

Woloszczuk fue electa hace menos de un mes y luego de una ardua polémica, porque en fecha reciente vivió más de dos años en España, cuando uno de los requisitos legales para acceder a la defensoría es la residencia inmediata de tres años en Bariloche.

Ante la decisión del Concejo de avanzar igual con el nombramiento de Woloszczuk, cuatro de los aspirantes al cargo (eran 14 en total) recurrieron a la Justicia con un amparo que fue desechado por los jueces, quienes señalaron en el fallo que era un litigio para canalizar por vía contencioso administrativo.

Los impulsores del planteo son Emiliano Guenin, Violeta Gallardo, Carlos Sacchi y Hugo Orsili. Este último explicó que iniciaron la causa contenciosa y que sigue su curso, pero además el viernes realizaron una presentación ante la Junta Electoral del municipio para poner en marcha un proceso de iniciativa popular con el objeto de anular la ordenanza de designación, que fue aprobada con los votos de ocho concejales sobre el total de once.

Orsili explicó que barajaron la posibilidad de pedir las revocatorias de mandato de todos los concejales, pero lo encontraron muy complejo porque “hay que hacer procesos individuales, uno por uno”, entonces se decidieron por pedir la nulidad de la ordenanza, que es uno de los objetos de una iniciativa popular, según lo prevé la Carta Orgánica.

Para iniciar el proceso tienen que juntar como mínimo las firmas de un 3% de los electores habilitados (alrededor de 3.000 personas) y si los concejales lo rechazan deben ir por una ratificación con el 10%.

Orsili señaló que sería una forma de participación ciudadana directa para incidir en el proceso de selección del Defensor, como muchos reclamaron. La expectativa que tienen es que la Junta Electoral acepte intervenir como organismo validador de las firmas, pero si no lo hace convocarían a firmar ante el juzgado de paz, en las comisarías, e impulsarían también “escribanías itinerantes” para desplegarlas en las sedes de las juntas vecinales.

Aclaró que los cuatro renunciaron a su postulación, no pretenden reemplazar a Woloszczuk y actúan como “simples ciudadanos”. Dijo que en la designación de la abogada como Defensora del Pueblo “se violaron la Carta Orgánica y la ordenanza 1.749/07”. Según Orsili, ya recibieron llamados de gente que quiere firmar, pero la recolección formal todavía no comenzó porque esperan que se pronuncie la Junta Electoral. Calculó que llamarán a adherir a partir del 1 de julio.

En su presentación los impulsores de la iniciativa popular contra el nombramiento de la Defensora señalaron que “el hecho de haber sido votada por la mayoría de dos tercios no valida un acto jurídico ilegítimo y carente de base”, dado que “la mayoría de votos no tiene autoridad legítima para cambiar el sentido estricto de la ley y del orden jurídico expreso en una norma”.

Destacaron que la Carta Orgánica y la ordenanza específica establecen el requisito de “tres años de residencia inmediata” y no agrega atenuantes “ni da excepción alguna que pueda dejar margen de interpretación”. Orsili subrayó que Woloszczuk vivió solo siete meses de los últimos tres años en Bariloche, y el resto del tiempo estuvo en España.

Los concejales señalaron que esa mudanza temporal fue por razones de estudio y que nunca declinó su residencia original en Bariloche. Los denunciantes culparon a los concejales por tomar en cuenta “la residencia ‘habitual’ de la designada y no la residencia ‘inmediata’ solicitada”.

Alegaron que “el requisito de la residencia tiene por finalidad hacer real y valedero el principio de representación y, asimismo, velar por el conocimiento por parte del representante de los problemas del electorado que lo elige”.

También señalaron que, además de los concejales, le “cabe responsabilidad directa a la designada Analía Woloszczuk, que sabiendo que no cumple con el requisito ha continuado en la contienda de la elección llevando a confundir a los votantes respecto de la supuesta legalidad de su postulación”.

Orsili dijo también que elaboran por estos días los fundamentos para promover además la revocatoria de mandato de la presidenta del Concejo, Natalia Almonacid, como cabeza del poder Legislativo, ante la imposibilidad práctica de hacer lo mismo con todos sus pares.


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