Sin acuerdo, las tareas para sellar el pozo no comenzaron

La empresa YPF, que pretendía iniciar las tareas para sellar un antiguo pozo de gas, ubicado a metros de tres viviendas de Plaza Huincul, no pudo comenzar con los trabajos porque no llegó a un acuerdo con los habitantes del barrio Uno, que deberían dejar sus casas.

El abogado de las familias, Mario Jordán Díaz, aseguró que requerirán un monto de dinero porque no podrán “hacer uso y goce de su propiedad” y que quieren un plan consensuado de evacuación.

Desde la empresa aseguraron que hubo un pedido concreto de dinero y que no hay disposición para ese pago. Aceptarán sólo hacerse cargo del hospedaje y de la pensión completa para todos los integrantes de las familias en el hotel Antu Malal, de Plaza Huincul. También de cualquier cargo extra que genere el traslado “pero no habrá una compensación económica extra, como finalmente exigieron las familias a YPF, que fue de 200 mil pesos para retirarse sin problemas durante la semana de trabajos”.

Cualquier determinación judicial sentará jurisprudencia, ya que es posible que haya más pozos abandonados sin medidas de seguridad en otros barrios, incluso de Cutral Co, ya que las dos ciudades se construyeron dentro del octógono fiscal de YPF.

Jordán Díaz explicó que en el recurso de amparo, la jueza Silvina Arancibia pidió a YPF que presente la documentación donde quede explicitado que cuenta con las autorizaciones para hacer el trabajo. “También queremos saber si el pozo es peligroso porque no recibimos información sobre eso. Desde que pusieron la válvula la presión aumentó un poco y esa información no fue explicitada por YPF. Hasta en el mejor de los casos si se acuerda una evacuación, los bienes de las familias van a quedar ahí, así que quieren tener la garantía de que no habría una situación de pérdida”, dijo el abogado.

YPF en tanto informó que el pozo, que se perforó en 1931, está dentro del plan de abandonos definitivos 2016 de YPF, que fue presentado y aprobado por la autoridad de aplicación. También se detalló que en abril se colocó un cerco perimetral y dos válvulas de seguridad y se calificó al pozo “como prioritario para su abandono por la cercanía con las viviendas del barrio, por lo que ese mismo mes se tomó contacto informal con los vecinos mientras se revisaban las válvulas”.

Un estudio de impacto sonoro y radio de seguridad certificó que “serían cuatro las familias que deberían dejar sus hogares mientras duren los trabajos”.

“Si se acuerda una evacuación, los bienes de las familias van a quedar ahí. Quieren tener la garantía de que no habría una pérdida”,

justificó el pedido de dinero el abogado de las familias, Mario Jordán Díaz.