¿Sin poder?

En teoría, tenía razón el vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez cuando, con tono pedagógico, explicó a la jefa de la delegación del Fondo Monetario Internacional, Teresa Ter Minassian, que “la Argentina es un país federal en que el gobierno central no puede imponer políticas a las provincias”. También la tendría si señalara que la Argentina es un país soberano y que por lo tanto podría darse el lujo de hacer caso omiso de las opiniones del FMI o de cualquier otro organismo existente, pero no perdería el tiempo así porque entiende muy bien que el precio de una decisión oficial de desafiar a los mercados de tal manera sería sumamente alto. Aunque el poder del FMI es informal, el que la resistencia a tomar en serio sus recomendaciones pudieran tener consecuencias contundentes lo hace temible.

Del mismo modo, el gobierno central está en condiciones de presionar mucho más a las provincias gobernadas por demagogos irresponsables que, a cambio de algunas ventajas políticas pasajeras, no han vacilado en hipotecar a sus jurisdicciones, condenando a buena parte de sus habitantes a largos años de penurias.

El federalismo bien entendido ha de ser un camino de dos manos. Cuanto más autonomía tengan los gobernantes provinciales, menos serán las responsabilidades hacia ellos del gobierno central. Por lo tanto, convendría que el Poder Ejecutivo les dejara saber que a menos que hagan un esfuerzo auténtico por ordenar sus finanzas los abandonará a su propia suerte para que la situación se degrade hasta tal punto que la única alternativa sea la intervención. Claro, Alvarez sabe muy bien que una actitud “dura” podría resultar políticamente contraproducente en el corto plazo por estar tantas provincias en manos de peronistas que atribuirían sus desgracias a la hostilidad de la Alianza, como ya están haciendo los menemistas en La Rioja, pero es evidente que la situación actual, en la que algunos gobernadores están aprovechando todos los beneficios del federalismo sin pensar en las eventuales desventajas de la autonomía, no puede prolongarse mucho más.

En el fondo, la postura del gobierno nacional ante las provincias es similar a la del FMI frente a la Argentina. Sean óptimas, tolerables o inapropiadas las recomendaciones del Fondo, quienes las formulan quieren que la economía del país funcione mejor y están convencidos de que no podrá hacerlo a menos que los gastos se aproximen a los ingresos, razón por la cual siempre está pidiendo nuevos ajustes que las autoridades preferirían postergar.

Por su parte, el gobierno nacional intenta persuadir a los mandatarios provinciales de la necesidad de respetar los mismos criterios.

Pero mientras que no hay duda de que el equipo del presidente Fernando de la Rúa acepta que no le convendría en absoluto procurar conseguir beneficios políticos rebelándose contra la virtual tutela del FMI porque reconoce que está en lo cierto, en las provincias abundan los dispuestos a intentar justificar su despilfarro achacándolo a su voluntad de resistirse a una “campaña” antiperonista urdida por De la Rúa.

De todos modos, de serle vedado al gobierno central obligar a las provincias a ajustarse a la realidad y si muchos mandatarios del interior rehusan cooperar con él, las perspectivas del país serán decididamente sombrías: en tal caso, su futuro dependería en última instancia de la sabiduría de las elites políticas de Río Negro, La Rioja, Tucumán y Corrientes.

Por cierto, los acreedores no tienen por qué aceptar el planteo oficial según el cual la Nación está haciendo bien los deberes y no será su culpa si las provincias se niegan a acompañarla.

Para el FMI y, lo que es más importante, para los mercados, la Argentina es un país unitario. Si a causa de los déficit provinciales resulta incapaz de honrar sus obligaciones no intentarán discriminar entre las autoridades en Buenos Aires y quienes están a cargo de partes del interior. Así las cosas, aunque en público De la Rúa y Alvarez juren y rejuren que nada los haría violar los principios federales, es de esperar que en privado hablen de manera tan firme que incluso los funcionarios fondomonetaristas la considerarían demasiado severa.