Sin proyectos para las tierras ociosas

Restan sólo cuatro meses para que se ponga en vigencia el impuesto que grava a los propietarios de tierras bajo riego improductivas y el municipio todavía no recibió ningún proyecto por parte de los productores.

Para evitar el pago de una tasa municipal que fue puesta en marcha por el Ejecutivo a fines del año pasado, los chacareros que tengan tierras ociosas en la zona rural, deben presentar en la dirección de Catastro, antes de fin de mes, un proyecto para ponerlas en producción.

El impuesto entrará en vigencia en marzo del 2018. Es decir que a partir de abril, los propietarios de las chacras que no hayan presentado una iniciativa productiva deberán comenzar a pagar el canon.

De acuerdo a lo que establece la ordenanza de fondo 155 del 2010, un propietario que tenga, por ejemplo, cinco hectáreas abandonadas en la zona norte, y que no las ponga a producir en los plazos fijados, deberá pagar unos 75.770 pesos anuales, a razón de 15.154 pesos por hectárea.

A principio de año, el cálculo del gobierno municipal estimaba que las tierras productivas en situación ociosa rondaban las 2.800 hectáreas. Esto representaría unos 43 millones de pesos en impuestos. Se tratan de unas 300 parcelas, informaron oficialmente. Muchos chacareros fueron al Municipio para eximirse del pago de la tasa por distintas razones. Ante esta situación, el Ejecutivo destinó a una persona que se dedica exclusivamente a realizar un relevamiento de las tierras para tener datos precisos sobre la cantidad de hectáreas que “deberían” producir y no lo hacen.

El director de Desarrollo Urbano y Catastro, Roberto Bianchi, adelantó que a fin de mes tendrá “un informe preciso” sobre la cantidad de hectáreas que están “en falta”.

El intendente Aníbal Tortoriello (Pro) apoyó la iniciativa que tiene como finalidad reactivar la producción local y evitar que se sigan perdiendo tierras productivas en Cipolletti. Sin embargo varios sectores de productores criticaron la medida. Sostienen que el objetivo, teniendo en cuenta la situación actual de la producción, es “despojar a los castigados chacareros o productores de sus tierras”.

La idea fue impulsada en 2010 por el actual gobernador y exintendente cipoleño, Alberto Weretilneck. Luego fue postergada por el exintendente Abel Baratti y hasta entonces no había sido puesta en marcha. Tampoco se había fijado el valor promedio de una hectárea tipo en explotación, que es imprescindible para calcular el tributo. Este número se calculó el año pasado. (Ver aparte) luego de que el Consejo de Planificación local solicitara que el canon entrara en vigencia como condición de aprobar el crecimiento del área urbana hacia el norte.

Bianchi reconoció que hasta el momento “no llegó ningún proyecto” al área de Catastro y que ante las reiteradas consultas de algunos chacareros se puso a disposición una persona exclusiva para hacer el relevamiento detallado. La resolución tomó impulso a raíz del abandono de las chacras y por los inconvenientes que generó en el sistema de riego. Además , se indicó, el Municipio tiene la facultad de determinar el uso del suelo a través de ordenanzas ya sea con respecto a la producción, edificación, el funcionamiento de comercios e industria.

El Consorcio de Regantes apoyó la iniciativa.

Los datos

El canon se incrementa un 15% cada dos años

Los propietarios de tierras bajo riego ociosas tienen tiempo hasta fin de mes para presentar el proyecto productivo y hasta marzo del 2018 para ponerlo en marcha y así evitar pagar el impuesto anual que fijó el municipio de Cipolletti. Según la ordenanza que fijó el canon es del 5% aplicado sobre el importe que surja de multiplicar la cantidad de hectáreas improductivas de la propiedad por el valor promedio de una hectárea tipo en explotación: 303.093 pesos (zona rural norte) y 121.237 pesos (zona rural noreste).

La normativa sostiene que “de persistir el estado de abandono o improductividad de los inmuebles alcanzados por el gravamen, la alícuota porcentual indicada (5%) será incrementada en un quince por ciento (15 %) cada dos años, de manera automática”.

La decisión de poner en vigencia el canon se tomó fines del 2016, tras una serie de postergaciones. El plazo para presentar proyectos era de un año.

El dinero que se recaude sólo podrá ser utilizado al desarrollo, ejecución, estímulo, investigación, mejoramiento y promoción de actividades productivas.