Bariloche se movilizó por la «Emergencia en discapacidad»

«Emergencia en discapacidad» se leía en la bandera que encabezaba la marcha este jueves a la mañana en el Centro Cívico. Personas con discapacidad, familiares y terapeutas reclamaron por la desactualización de honorarios, la demora en la autorización de los tratamientos y en los pagos y, la quita de pensiones y medicamentos. Se congregaron en la plaza del Centro Cívico en Bariloche, marcharon unas pocas cuadras por la calle Mitre y regresaron a donde se habían concentrado. Siempre encabezados por varias personas en sillas de ruedas.

Sucede que la situación de las personas que viven con discapacidad y requieren tratamientos se ha agravado en el último año.

Noel Masri, una terapeuta, apuntó a la necesidad de una ley de emergencia en discapacidad. «Este año no hay aumentos para las prestaciones que deben ser cubiertas en un 100% por las obras sociales y las prepagas. Es un derecho adquirido que se logró en 25 años de lucha. Hasta ahora, la Superintendencia de Servicios de Salud regulaba los honorarios y aseguraba el pago. A partir de un decreto esto se desreguló y todo queda librado al mejor postor», especificó.

Comentó que los prestadores no perciben aumentos desde diciembre del año pasado cuando se les otorgó un 0,5%. «Sumado a esto la gente se encuentra con millones de dificultades ante el tratamiento de un chico con discapacidad. No consigue autorizaciones o las sesiones requeridas. Quizás te aprueban solo una que la pagan recién a los 60 días. Además, han eliminado remedio, pensiones. Muchas familias se ven imposibilitadas de trabajar», indicó.

La semana próxima se pondrá en debate un proyecto de ley de Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa apunta a revertir el deterioro en el acceso a derechos fundamentales para personas con discapacidad y restituir pensiones no contributivas que fueron dadas de baja.

Semanas atrás, las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, generaron una fuerte polémica. Le planteó a la madre de un chico con discapacidad: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado«. «La falta de empatía es terrible», concluyó Masri, al tiempo que agregó: «Hay que tener en cuenta que, muchas veces, las familias no pueden trabajar para garantizar la rehabilitación y cubrir los requerimientos básicos».

Patricia Garviso, una de las madres que manifestó en el Centro Cívico, explicó que «estoy acá por mi hijo y por mi hermano. Hablamos de un sector en extremo vulnerable», señaló con la voz quebrada por la angustia.

«En nuestro caso -añadió-, tenemos una buena prepaga. Sin embargo, siempre hay dificultades con las autorizaciones y los tiempos. Los terapeutas necesitan cobrar en tiempo y forma y por ejemplo, la maestra de mi nene no cobra desde febrero. Siempre encuentran alguna traba burocrática», fustigó.

Se refirió a muchas familias que no cuentan con obra social y «recaen en el servicio público donde las salas están colapsadas». La gente, advirtió, queda a la deriva. «Los profesionales no perciben aumentos y las familias debemos reclamar por ellos. Es desgastante estar en esto más allá de los problemas que tenemos. Mi hijo necesita musicoterapia, fonoaudiología y terapia, entre otras. Me ocupo de todo como puedo y, de pronto, me llama la fonoaudióloga para decirme que no le pagaron. Vivo corriendo a la prepaga para reclamar. Y no corresponde. Es desgastante y estresante. Tengo poco tiempo disponible pero lo hago por mi hijo«, comentó.