Cortaron calle Alsina y aseguran que van a resistir el desalojo de un aserradero de Roca

Más de medio centenar de personas están dispuestas a resistir la medida ordenada por una jueza civil. Los ocupantes cuentan con el apoyo de la CTA y de otras organizaciones sociales.





El clima es tenso en el predio que actualmente ocupan los 40 trabajadores de la Cooperativa 1° de Mayo, en calle Alsina al 2900. Se puede percibir no sólo el descontento por la medida judicial que ahora ordenó el desalojo sino porque también más de medio centenar de referentes de la CTA Autónoma y de otras organizaciones, están dispuestos a impedir la acción policial.

Hace instantes decidieron cortar de manera definitiva el tránsito por esa transitada arteria. Y con la quema de neumáticos y la instalación de troncos y rollizos, intentan visibilizar el rechazo a la medida.

«Estamos dispuestos a resistir. No nos queda otra», dijo esta mañana Omar Carrasco, presidente de la cooperativa, quien volvió a responsabilizar al gobierno provincial de Arabela Carreras y al de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) por las promesas incumplidas de adquirir y transferir esas tierras a los integrantes de la entidad.

Para el dirigente, resulta fundamental entender que en 2015 “se aprobó una ley de expropiación durante el gobierno de Alberto Weretilneck impulsada también por la actual gobernadora Arabela Carreras y el vicegobernador Alejandro Palmieri».

Carrasco dijo que no existe ninguna posibilidad de abandonar el predio. «Ahora no podemos ni trabajar porque por esta orden de desalojo tenemos que estar atento a cualquier movimiento en el predio», aseguró el dirigente, quien explicó que varios móviles policiales ya están pasando por esa zona por lo que sospechan que la medida podría concretarse en cualquier momento.

«El problema es que esa ley quedó cajoneada y ahora la provincia se quiere quedar con todas estas hectáreas», dijo Carrasco quien calificó la medida de la jueza María del Carmen Villalba como «insólita e incomprensible».

El caso

Cabe recordar que en el año 2012, la empresa Embalajes S.A. vendió y cedió con escrituras traslativas de dominio 12 hectáreas de su propiedad. Justamente una de las personas que solicitó el desalojo de estas tierras fue el empresario Mario López quien desde hace varios años reclaman la entrega de tres hectáreas que adquirió en su momento.

«Habiendo evaluado la documentación correspondiente, tomando conocimiento de la postura y compromiso municipal respecto al cese de actividades y dando por hecho el retiro de los cooperativistas, tomé la decisión de adquirir tres hectáreas, las cuales fueron escrituradas a mi nombre”, señaló hace un tiempo en una entrevista mantenida con este medio.

La primera orden de desalojo se conoció en el año 2020. Desde la Justicia informaron que nunca se ejecutó porque después vinieron distintas instancias de conciliación y de recursos de apelaciones que la fueron dilatando.

Finalmente esta semana se activó nuevamente el expediente desde el juzgado que encabeza María del Carmen Villalba, quien dispuso el envío de un oficio al Ministerio de Seguridad de la provincia, para que arbitre los medios necesarios para concretar la salida de toda persona que se encuentre dentro del predio ubicado en calle Alsina al 2.900.

La primera orden de desalojo de este año se estableció en febrero pero los ocupantes pidieron que se suspenda argumentando la conformación de una mesa de diálogo, con participación del gobierno provincial. En ese interín también aseguraron que estaban en negociaciones con los dueños de una empresa frutícola, para comprar siete hectáreas y trasladar hacia ese complejo el aserradero.

Esas presentaciones fueron tomadas por la jueza Villalba como un nuevo intento para dilatar los tiempos. En la sentencia de esta semana, la magistrada a cargo del Juzgado 1 sostuvo que “la demandada continúa con su letargo, parálisis, e insensibilidad para dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo escudándose en derechos que le han sido adversos”.


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