Protocolo antipiquetes sobre Ruta 40: Seguridad reportó 6 agentes lesionados por el operativo en Junín de los Andes
La cartera que encabeza Alejandra Monteoliva emitió un comunicado aseverando que la actuación de la Policía Federal se dio "conforme a los procedimientos establecidos" y aseveró que el protocolo antipiquetes se encuentra "vigente en todo el territorio nacional".
Fotos: Gentileza.
Momentos de tensión se vivieron este lunes sobre la Ruta 40 en Junín de los Andes. Un grupo de trabajadores municipales había cortado el tránsito en reclamo de una recomposición salarial para los llamados «empleados de ordenanza». En el lugar se aplicó el protocolo antipiquetes y desde el Ministerio de Seguridad reportaron unos seis agentes heridos.
El corte se realizaba hasta esta tarde a la altura del río Curruhué, camino a la vecina ciudad de San Martín de los Andes. La modalidad de la protesta incluía liberar el tránsito cada dos horas.
Azucena Quintriqueo, representante zonal de ATE, explicó que los trabajadores afectados ingresaron al municipio bajo un programa de entrenamiento laboral y contención social. «Son alrededor de 500 los que hoy están de paro y algunos decidieron cortar la ruta», precisó.
El Ejecutivo les propuso iniciar el nuevo año con aumentos por IPC, en línea con la paritaria municipal que se cerró en diciembre. Sin embargo, los incrementos se ofertaron sobre los últimos salarios registrados, de $262.000.
«Lo que están pidiendo es una recomposición salarial para llegar, al menos, hasta los $500.000 y que a partir de ahí se cuenten los incrementos por inflación», añadió Quintriqueo, quien detalló que el sector atrás del reclamo no está representado formalmente por ATE, sino por la CTA.
De acuerdo a lo que pudo conocer Diario RÍO NEGRO y se reportó en medio locales, en el lugar se montó un operativo que contó con la participación de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal.
Allí, el grupo de manifestantes fue confrontado por un cordón de efectivos de la Prefectura y la Policía Federal, en línea con la aplicación del protocolo antipiquetes instaurado por el Gobierno nacional.
Imágenes compartidas en redes sociales dieron cuenta del momento en el que las fuerzas de seguridad finalmente avanzaron y desalojaron a los trabajadores que continuaban apostados sobre la cinta asfáltica.
El operativo incluyó golpes, empujones y el lanzamiento de algunos proyectiles, además de insultos por el accionar policial que buscaba liberar la ruta.
Protocolo antipiquetes en Neuquén: el comunicado del Ministerio de Seguridad
Según indicaron desde la cartera que encabeza la ministra Alejandra Monteoliva, las fuerzas federales «intervinieron para despejar un corte que impedía la circulación de servicios de emergencia, vecinos y turistas de la zona«.
En este sentido, Seguridad aseguró que la actuación se realizó «conforme a los procedimientos establecidos», con el objetivo de restablecer el tránsito.
A su vez, con respecto a los incidentes cuando despejaron a los manifestantes de la ruta, indicaron que unos seis agentes resultaron lesionados.
«El Protocolo Antipiquetes se encuentra vigente en todo el territorio nacional y se aplicará cada vez que sea necesario para asegurar el orden público», sostuvo el ministerio, en medio de la disputa judicial contra un fallo que declaró la nulidad del protocolo.
«El derecho a manifestarse está garantizado. Los cortes de rutas y calles no», concluyó el escrito.
EL PROTOCOLO ANTIPIQUETES ESTÁ VIGENTE EN TODO EL PAÍS
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) January 12, 2026
En la Ruta Nacional N.º 40, a la altura de Junín de los Andes, las Fuerzas Federales intervinieron para despejar un corte que impedía la circulación de servicios de emergencia, vecinos y turistas de la zona.
La actuación se… pic.twitter.com/z8UjBoTQzm
Protocolo antipiquetes: el municipio de Junín de los Andes aclaró que no pidió su aplicación
El corte sobre Ruta 40 se liberó alrededor de las 15:30, después de varios minutos de tensión contra las fuerzas federales, cuando llegó la conciliación obligatoria del Gobierno provincial, lo que motivó el retiro de los manifestantes del lugar.
Según informó el secretario general de ATE en Neuquén, Carlos Quintriqueo, la cita con la que se intentará arribar a un acuerdo será este jueves, posiblemente a las 11, en la ciudad cordillerana.
El dirigente sindical cuestionó el uso de la fuerza por parte de los efectivos y consideró que las autoridades «deberían destinar esos recursos para que esta gente obtenga un salario digno en vez de gastarlos en reprimir«.
Mientras tanto, el municipio de Junín de los Andes emitió un comunicado oficial informando que no tuvo ningún tipo de «participación, injerencia ni intervención en el operativo realizado por fuerzas de seguridad nacionales sobre la Ruta Nacional N° 40».
La Municipalidad indicó que «lamenta los hechos de violencia» y aclaró que el Ejecutivo no decidió, ni ordenó «este tipo de operativos, ni el modo en que se ejecutan».
Protocolo antipiquetes: la Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que la Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno por el fallo en contra del protocolo antipiquetes. La actual senadora aseveró que «no se suspende» su aplicación pese a que aún esté pendiente resolver el fallo judicial.
El Ministerio de Seguridad había difundido un comunicado oficial luego de que el juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declarara la nulidad del protocolo, dando lugar a la acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
Desde Infobae revelaron que la sentencia contra el protocolo tiene 38 páginas, en las cuales el juez concluye que la cartera que manejaba Patricia Bullrich intentaba legislar sobre materia penal y procesal, las cuales exceden su competencia dentro del Poder Ejecutivo.
«El protocolo es legítimo. Tiene fundamientos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo porque es la herramienta que devolvió orden, previsiblidad y paz social a la vida de los argentinos», manifestó.
En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.
La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.
El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.
egún expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.
En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.
Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.
Momentos de tensión se vivieron este lunes sobre la Ruta 40 en Junín de los Andes. Un grupo de trabajadores municipales había cortado el tránsito en reclamo de una recomposición salarial para los llamados «empleados de ordenanza». En el lugar se aplicó el protocolo antipiquetes y desde el Ministerio de Seguridad reportaron unos seis agentes heridos.
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