Recortes en discapacidad: cuál es el reclamo, los planteos de la CGT y la respuesta del gobierno
Familiares afectados y organizaciones se volvieron a movilizar ayer en Río Negro y Neuquén. La protesta se repite en todo el país, con más versiones que certezas.
Las familias y agrupaciones de personas con discapacidad se vienen manifestando en la región. Foto: archivo Matías Subat.
Familiares y organizaciones de personas con discapacidad marcharon ayer en la ciudad de Neuquén y otras localidades de Río Negro por lo que consideran un «ajuste» sobre las prestaciones. El reclamo no se limita a la región, sino que tiene réplicas en todo el país, en medio de versiones cruzadas, rumores y una respuesta del gobierno nacional que niega un recorte. ¿Qué se sabe hasta ahora?
En concreto, lo que las familias y profesionales vienen denunciando es un retraso de entre dos y cuatro meses en el pago de las prestaciones por discapacidad.
El gobierno reconoció que existió un atraso en la cancelación de prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales que se debió «a inconvenientes administrativos» pero el titular de la ANDIS, Fernando Galarraga, dijo que «ya fueron solucionados».
De esta forma, indicaron días atrás que el proceso de liquidación y erogación entre la Superintendencia y la AFIP ya está en marcha, «para que el organismo recaudador proceda a acreditar la suma total a cada Obra Social y se efectúen los pagos de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad».
El rol del Fondo Solidario de Redistribución
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es un fondo que se nutre de una porción de los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores. Su objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reintegro (SUR). La partida más gruesa va destinada a cubrir los de discapacidad.
La CGT viene denunciando que este fondo está en riesgo de quiebre y reclama al gobierno que garantice el flujo de fondos necesario para evitar un default.
Hay también una disputa detrás porque el gobierno busca lograr mayor trazabilidad sobre los fondos del FSR que se destinan al transporte y educación de personas con discapacidad. Una propuesta en evaluación sería que el propio Estado se haga cargo de esos ítems y que las obras sociales se limiten a los gastos vinculados a salud.
El gobierno negó un ajuste y aclaró versiones
Una vez comenzadas las protestas con el #NoAlAjusteEnDiscapacidad, el gobierno nacional salió aclarar a través de la ANDIS que «las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas».
También la Agencia de Discapacidad aclaró, frente a versiones de cambios en el actual sistema que «actualmente se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez, garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con la Ley 24.901″.
En las familias se empezó a correr un rumor de que la nueva ley de discapacidad estatizaría las prestaciones. La ANDIS publicó que estas «seguirán siendo brindadas a través de las obras sociales, siempre beneficiando a las personas con discapacidad que son afiliadas a las mismas».
«Rechazamos las versiones periodísticas y las campañas que pretenden confundir y generar incertidumbre entre las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores y las trabajadoras del Sistema», afirmaron.
Escuchá a Francisco Sánchez, kinesiólogo e integrante de “Prestadores precarizados en salud y educación”, en diálogo con «Vos a Diario» por RN RADIO:
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