Techo Digno: El diputado Pichetto tiró del mantel en el juicio de Bariloche

El diputado nacional Miguel Pichetto describió este martes con pormenores la operatoria del programa nacional de viviendas Techo Digno ante el tribunal que encabeza el juicio por presuntas irregularidades atribuidas a la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini y dijo que no advirtió “la comisión de ningún delito”.

Entre 2013 y 2015, cuando se definieron y acordaron esas obras, Pichetto era presidente del bloque del PJ en el Senado y también un activo gestor de programas y beneficios para los municipios de Río Negro, mientras hacía campaña para acceder a la gobernación, que perdió con Alberto Weretilneck.

Pichetto declaró de manera remota, aclaró que pudo hacerlo por escrito pero no quiso usar ese derecho y su testimonio rompió por completo la medianía de otros anteriores. No se limitó a relatarlo que recordaba sobre la gestión del plan de viviendas sociales -”el último que existió, después no hubo más”, según subrayó-, sino que una y otra vez se desmarcó de las preguntas que le formularon para incluir consideraciones políticas.

En el juicio están imputados por defraudación a la administración pública Martini y el exinspector municipal de obras Alfredo Milano, bajo la acusación de certificar y pagar obras por encima de lo realmente ejecutado, en favor de las empresas Alusa SA y Oriente Construcciones. Las diferencias en algunos casos superaban el 40%.

Además, Martini también está acusada del delito de peculado por desviar parte de los fondos del mismo programa a otra cuenta municipal y constituir plazos fijos.

Pichetto dijo que Techo Digno nació para dar respuesta a la necesidad habitacional en un momento en el que “no había construcción de viviendas con financiamiento de las provincias”. Admitió como“atípico” que la contratación y las transferencias de fondos fueran directas desde Nación a los municipios, “sin ninguna intermediación”.

Señaló que por ese mecanismo se adjudicaron 55.000 viviendas en todo el país, en la última etapa de la presidencia de Cristina Fernández, y subrayó que a pesar de los atrasos y dificultades de implementación “en Río Negro fueron todas terminadas”. En Bariloche fueron en total 825 unidades.

Pichetto cuestionó la decisión de iniciar juicios contra Martini y contra otros intendentes rionegrinos por la supuesta sobreestimación de obras en las certificaciones. Sembró dudas frente a una situación en la que “17 intendentes som juzgados por lo mismo: todos usaron a los inspectores de obra para enriquecer a empresarios”.

A su entender, las incongruencias sobre las que pusieron el foco los fiscales se explican por “el contexto inflacionario” de aquellos días y reconoció, al pasar, que los registros del “instituto nacional” (por el Indec) se quedaban cortos.

Abundancia de datos y también de opiniones

El diputado desplegó una secuencia argumentativa propia de un alegato de parte. El abogado defensor Sebastián Arrondo y luego el fiscal Martín Lozada se vieron en problemas para acotar su despliegue verbal y buscar respuestas puntuales.

Incluso en algún tramo Pichetto pareció amonestar a Lozada al opinar sin rodeos que no existió peculado en la constitución de plazos fijos por parte del gobierno municipal. En un juicio anterior el fiscal ya acusó por el mismo delito al exintendente Gustavo Gennuso, quien terminó absuelto. Ahora insiste con Martini. “No quiero discutir con usted, pero veo que esta figura tiende a desaparecer”, le dijo Pichetto al fiscal.

Según indicó, la intendenta Martini no pudo iniciar las obras del segundo plan de viviendas porque la dirección provincial de Bosques negó autorización en el terreno elegido, y entonces “puso en conocimiento al Concejo Municipal, se tomó la decisión de naturaleza política de preservar los recursos asignados a la obra y se los colocó a plazo fijo”.

Pichetto también incluyó recomendaciones al Tribunal que preside la jueza Romina Martini. “El plan Techo Digno no era solo construir una casa en un terreno. Para el tribunal es muy importante entender este tema -aconsejó-.Las obras implicaban en cada caso otro contrato para generar un barrio y complementar las viviendas. Para eso no llegaron los recursos”.

Luego remitió a los jueces a tomar nota de una acordada de la Corte Suprema de 2017 en la que fijó pautas para la construcción de obras que estaban bajo su responsabilidad, cuando los presupuestos resultaban superados por efecto de la inflación. “El tribunal tiene que tener en claro que la construcción de edificios judiciales vivió la misma situación. Es importante entender el tiempo histórico, se actualizaban los precios con cierta discrecionalidad”, dijo Pichetto.

Los privilegios del municipio de Viedma

El diputado de origen peronista habló durante 45 minutos e introdujo un dato que parece llamado a incidir en todas las causas de Techo Digno cuando atribuyó intencionalidad política al trato favorable que el gobierno nacional dedicó a partir de 2016 al exintendente de Viedma José Luis Foulkes por pertenecer “a Juntos por el Cambio”.

Dijo que cuando Mauricio Macri asumió la presidencia acordó con un Viedma un segundo contrato para las obras complementarias destinadas a urbanizar los barrios de Techo Digno, algo que no ocurrió con los intendentes opositores al gobierno nacional. Muchos de ellos enfrentan hoy causas judiciales como la de Martini.

Dijo también que si las viviendas no se terminaron a tiempo fue por la dificultad para redeterminar los costos, y sostuvo que “no existe ningún tipo de perjuicio”.

Aunque luego se convirtió en socio político y candidato a vicepresidente en fórmula con Macri, Pichetto criticó el trámite que dio su gobierno al programa Techo Digno y cuestionó las denuncias penales efectuadas al comienzo de esa gestión desde la secretaría de Vivienda.

Reconoció que antes de finalizar el gobierno de Fernández se tansfirieron desde Nación el 100% de los fondos de Techo Digno a los municipios, y que en esa decisión “pudo haber un componente discrecional”. Pero aclaró que “con ese 100% del valor nominal igual no se iban a terminar los barrios que estaban encomendados”, debido al atraso en los valores.

“Usted conoce la ley pero tiene que tener también un mínimo conocimiento de la realidad económico social y de los procesos de inflación y de destrucción de los valores de las viviendas –le dijo Pichetto al fiscal-. Eso tiene que estar en los componentes de la acusación. Mínimamente usted lo debe valorar“.

Aseguró además que Techo Digno “no era un contrato típico de obra pública, era un contrato de subsidio directo de la Nación a los municipios”. Señaló que las certificaciones, a diferencia de las de obra pública clásica, eran “de carácter provisorio” y no eran negociables con un banco, “no se podían vender ni transferir”.

Sostuvo que si hubo diferencia entre las certificaciones de obra municipales y las que luego efectuó el IPPV fue “por una cuestión técnica”. E insistió en que se considere “lo que hizo el presidente Macri en el caso de Viedma, donde no hubo denuncia alguna. Y lo que ocurrió con los intendentes de otros municipios, a los que se terminó denunciando”.

Picheto ahondó en esa diferencia y señaló que al asumir Macri “había en todo el país 55.000 viviendas interrumpidas, no completadas, de distintos planes, y certificadas en el estado en el que se encontraban”, a pesar de lo cual solo en Río Negro derivaron en causas penales. Y citó un único caso más, en Corrientes, donde un intendente realizó un aprovechamiento personal de los fondos.