Sólo la mitad de las universidades públicas tiene protocolo sobre violencia de género

Sólo la mitad de las universidades públicas del país posee un protocolo sobre violencia de género de alcance general, mientras que una veintena no tiene esa herramienta siquiera a nivel de las facultades, según datos de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (Ruge) del Consejo Interuniversitario Nacional.

Así, de las 57 universidades públicas nacionales o provinciales que conforman el sistema argentino, 31 (55%) tienen protocolo con vigencia en toda la institución, mientras que dos (3,5%) lo tienen sólo a nivel de algunas facultades, tres «están proceso de elaborarlos» (5%) y 20 (36,5%) no tienen ninguno.

Los protocolos establecen pautas para «prevenir, atender y sancionar administrativamente los casos de violencia» que pudieran darse entre personas que trabajan o estudian en la universidad.

La primera en contar con esa herramienta fue la Universidad Nacional del Comahue, que lo incluyó en 2014.

La coordinadora del Comité Ejecutivo de Ruge, Carla Fernández, dijo a Télam que «las universidades tienen muchos problemas para su cumplimiento» y enfatizó que «no basta con tener una normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos».

«Las universidades son instituciones grandes y complejas en las que conviven actores permeables a la temática y otros resistentes», describió.
La también coordinadora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín agregó que en algunos casos no se trata de «falta de voluntad», sino de «desconocimiento jurídico de la normativa específica».

«A veces tenés un equipo multidisciplinario muy calificado en violencia de género recepcionando las denuncias, pero después encontrás muchos obstáculos en los circuitos administrativo-jurídicos», que son los que tienen que recomendar a las autoridades universitarias las medidas preventivas o sancionatorias a adoptar, explicó Fernández.

Consultada sobre el caso del docente del Colegio Pellegrini que fue separado de su cargo por publicar en redes sociales un «meme» en el que se refería a una alumna de 17 años con expresiones sexuales agresivas y la consigna «basta de feminazis», Fernańdez consideró que «los protocolos deben estar acompañados por acciones que transformen la cultura institucional y las prácticas de convivencia».

«Si se hubiera aplicado el protocolo con anterioridad no habría sido necesario llegar a la judicialización del caso, porque había elementos y antecedentes de inconductas por parte del profesor que ejerció violencia simbólica», destacó.

No obstante, Fernández marcó como un «error» que se apele a los protocolos «como herramienta única, ya que termina asociada a una lógica punitiva».

«El objetivo no es perseguir delitos, sino señalar inconductas que afectan a la convivencia con el fin de reencausarlas», aseguró.

Por su parte la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), Eva Dimopulos, aseguró que «las universidades vienen corriendo un paso por detrás de lo que el momento histórico está demandando».

«En la UBA hay muy pocas facultades donde el protocolo funciona bien, porque las autoridades no pusieron un peso y su aplicación depende de la voluntad de los profesionales a cargo», cuestionó.