Sospechan de una “caja política” detrás del cobro de deudas por estacionamiento

Para el concejal Francisco Baggio, el manejo del listado de los dominios sobre los que el municipio podría iniciar juicio esconde la intención de que los propietarios no se enteren de la deuda para beneficiar a los abogados que lleven el proceso.



Un nuevo listado de dominios que presentan deuda por no haber pagado las infracciones de estacionamiento sumó a más de 1.000 propietarios a la lista de los que están al borde de ser enjuiciados por el municipio de Neuquén y despertó una nueva polémica porque el concejal Francisco Baggio (FN) sospecha que los cobros van a parar a una “caja política”.

Las más de 1.350 patentes publicadas en el edicto se suman a las 5.000 del año pasado que tienen actas por no haber pagado el estacionamiento medido. Si bien en 2018 se publicaron varios listados en los que algunos dominios se repetían, este listado es nuevo, aclaró el gerente de la firma, Daniel Albi.

Además, informó que los propietarios tienen 30 días para acercarse a la oficina a informarse de su deuda, abonarla o hacer un descargo. De no hacerlo, se habilita la posibilidad de que el municipio envíe el expediente a un estudio de abogados para que se inicie el proceso judicial.

Sin embargo, Baggio sospecha del procedimiento, afirmando que las notificaciones previas a la publicación del edicto no se realizan de forma correcta para poder realizar los cobros, que van a parar a una “caja política, porque los abogados a los que van los certificados de deuda ganan dinero de una forma descomunal”. Para confirmar su sospecha pidió un informe a la justicia de las últimas ejecuciones municipales.

Por su parte, el subsecretario municipal de Transporte, Fernando Palladino, explicó que desde SAEM les envían los datos “para hacer las publicaciones y nosotros lo que hacemos es verificar que se hayan cumplido los pasos previos”.

Baggio descree que se cumpla con la ordenanza 10.383 porque implicaría la organización de miles de visitas a domicilio y citaciones al municipio a quienes no hayan podido ser notificados en esa primera instancia para, luego, realizar el edicto. Sobre este punto también realizó cuestionamientos porque con la publicación en el Boletín Oficial se da por sabida la información, lo que se traduce en una “notificación masiva”, cuando el documento no es de lectura habitual por los ciudadanos. Además, “el listado está en letra pequeña, desordenado, sin nombres de los propietarios, montos ni conceptos de la deuda”.

Para el concejal, el objetivo es que los propietarios no sepan de la deuda hasta que son intimados por un estudio de abogados, lo que lleva la multa de “400 a pesos a 4.000 u 8.000 pesos”. Por esto, su recomendación para quienes estén en esta situación fue que se acerquen a la Oficina Judicial para impugnar porque no se realizó la notificación correctamente.


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