Tenencia de material de abuso infantil: STJ rechazó reclamo del imputado

El defensor había planteado que la detención y la requisa de las pertenencias del acusado fueron ilegales porque la Policía lo hizo sin orden judicial. Esas evidencias sirvieron a la fiscalía de Bariloche para formular la imputación.



Los jueces del STJ dictaron la sentencia el 1 de noviembre pasado.  (archivo)

Los jueces del STJ dictaron la sentencia el 1 de noviembre pasado. (archivo)

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó in limine el recurso de queja que había presentado el defensor oficial Marcos Ciciarello, en representación de un hombre, que está imputado por el delito de tenencia de material de abuso infantil.

El defensor planteó que la fiscalía había imputado al acusado a partir de la obtención de pruebas de manera ilegal. Y citó normas constitucionales para sostener el reclamo.

El hecho ocurrió la madrugada del 27 de marzo pasado en Ingeniero Jacobacci. Personal de la comisaría de esa localidad se dirigió hasta la estación del tren por un llamado anónimo que alertaba de un hombre durmiendo en ese lugar.

Los policías arrestaron al hombre, que solo pernoctaba en ese sitio, y lo trasladaron hasta la comisaría, donde requisaron -sin orden de un juez- unas bolsas que portaba esa persona.

En el interior de una bolsa hallaron una muñeca (tipo Barbie) con orificios realizados en sus zonas genitales y un pendrive, que cuando lo abrieron en una computadora descubrieron que tenía material de abuso infantil. Por eso, quedó detenido a disposición de la justicia. Al día siguiente, el fiscal Martín Govetto lo imputó por el delito de tenencia de pornografía.

El defensor cuestionó la requisa de los policías porque alegó que la habían hecho sin orden judicial como lo contempla la ley. Además, sostuvo que no había motivos de urgencia para prescindir de la orden de un juez.

Sin embargo, el juez de garantías Ricardo Calcagno desestimó en la audiencia, que se hizo el 28 de marzo último, el reclamo del defensor y admitió los cargos contra el acusado, para avanzar con la investigación. La fiscalía y la defensa acordaron que no quedara preso, con preventiva. Pero se le impuso al imputado, de nacionalidad paraguaya, la prohibición de salir del país y se le ordenó que comparezca cada quince días en una dependencia policial.

El defensor impugnó y un juez de revisión confirmó la decisión de Calcagno. Cicciarelo recurrió al Tribunal de Impugnación porque alegó que el procedimiento que permitió secuestrar las pruebas contra el acusado era ilegal. Pero ese Tribunal desestimó en agosto pasado en dos ocasiones sus planteos.

Por eso, fue en queja ante el STJ que dictó una sentencia el 1 de noviembre pasado y rechazó el recurso del defensor oficial.

Cicciarelo en la queja insistió en que lo resuelto era equiparable a una sentencia definitiva, en tanto no tendrá otra oportunidad procesal para discutir la validez de la detención y la requisa que califica de ilegales. Y reiteró que no había elementos objetivos de sospecha de comisión de un delito antes de la revisación de las pertenencias del acusado.

El juez del STJ Sergio Barotto dijo en el fallo que la queja no podía prosperar “pues no rebate lo sostenido en la denegatoria, defecto formal que impide la habilitación de la instancia”.

Recordó que la competencia material del STJ para analizar lo decidido por el juez “se restringe a las sentencias absolutorias y condenatorias, o a aquellas que imponen una medida de seguridad”.

Aclaró que la negativa a considerar definitivo o equiparable a tal lo decidido “no implica una toma de posición de este Tribunal sobre la validez de lo actuado, sino que reserva su actuación en la medida en que se verifiquen aquellos requisitos ausentes hasta aquí”.

La jueza del STJ Liliana Piccinini dijo que adhería al voto de Barotto, pero por sus propios argumentos. Sostuvo que la resolución cuestionada por la defensa, es decir, la validez de la demora y posterior requisa al acusado, que ya cuenta con el doble conforme del juez de revisión, “no reúne la calidad de sentencia definitiva o equiparable a tal”.

El juez del STJ Enrique Mansilla adhirió. Mientras que sus pares Adriana Zaratiegui y Ricardo Apcarian se abstuvieron.


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