Temen nuevas ocupaciones en Confluencia

En el barrio se respira un clima de incertidumbre. Los adjudicatarios mantienen la vigilia para evitar sorpresas desagradables. Aseguran que hay cinco viviendas que permanecen usurpadas, la policía dijo desconocer la existencia de nuevas tomas. Fuentes judiciales admitieron que la situación es difícil de controlar. El viernes a última hora la policía liberó a las personas detenidas durante la revuelta del jueves. Desmienten brutalidad policial.

NEUQUEN (AN).- En medio de versiones encontradas, siguen las denuncias por usurpaciones en el barrio Confluencia. Mientras la policía desconoce la existencia de nuevas viviendas tomadas, fuentes judiciales allegadas a la causa admiten que la situación es difícil de controlar. Los adjudicatarios, por su parte, aseguraron ayer que son cinco las casas que permanecen usurpadas.

En tanto, el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Gorosito, reiteró que el gobierno «preservará los derechos de los legítimos adjudicatarios» del plan de viviendas otorgadas por el IPVU en Confluencia. «La situación está siendo controlada directamente por el jefe de Policía (Juan Carlos Lezcano)», aseguró.

Mientras tanto, en el barrio a medida que pasan los días aumenta la incertidumbre entre los vecinos. Ayer los adjudicatarios mantenían la vigilia para resguardar sus viviendas de nuevas usurpaciones. Aún así, revelaron que son cinco las casas tomadas. «La última la usurparon ayer (por el viernes) por la tarde», dijo la presidenta de la comisión vecinal, Marieta Abello.

Fuentes cercanas a la causa, admitieron que hasta el jueves había tres viviendas ocupadas, aunque los números han sido fluctuantes a raíz de las características que adquirió el conflicto.

Desde la comisaría 19 del barrio Confluencia, informaron que «no tienen registradas nuevas usurpaciones». Rodolfo Leiva, uno de los damnificados por las usurpaciones, subrayó que la «situación lo obligó a seguir alquilando», mientras espera que desocupen su vivienda. «La policía se limita a recorrer en los móviles la zona -lamentó-. Estamos desamparados».

A todo esto, las personas que hasta la noche del viernes permanecían arrestadas en la unidad de detención Once, fueron liberadas a las 0.30, según informó el jefe de Policía, Juan Carlos Lezcano.

En relación a los hechos de violencia del jueves pasado, las fuentes judiciales revelaron que el juzgado no dispuso el desalojo, sino que ordenó dos allanamientos para identificar a las personas que ocupaban las respectivas viviendas. Desmintieron que el fiscal de la causa, Ignacio Cano, haya estado en el lugar durante el violento operativo policial, porque «no corresponde y no tiene ningún sentido».

En relación a los enfrentamientos entre policías y manifestantes, Lezcano sostuvo: «estamos trabajando encuadrados en el código de procedimiento de la provincia y estrictamente en el marco de la Ley». La máxima autoridad policial salió al cruce de presuntas denuncias por excesos policiales durante la violenta jornada del jueves que dejó, según la información oficial, cinco lesionados (un civil y cuatro uniformados) y unos 18 demorados, entre menores, mujeres y adultos. «No hay ninguna denuncia contra la Policía», enfatizó. No obstante, algunos vecinos de Confluencia aseguraron que los uniformados al momento de reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos, no advirtieron si había niños o mujeres (ver aparte). El nivel de tensión que adquirió el conflicto había obligado a la empresa Pedreschi a paralizar los trabajos. Sin embargo, ayer se retomaron las tareas de electricidad y el próximo martes se reanudarían las obras de conexión de servicios.

«El núcleo habitacional es el único espacio seguro»

NEUQUEN (AN).- La crisis habitacional que sacude Neuquén fue abordada por el licenciado en Servicio Social, director del departamento, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, Andrés Ponce de León, quien dialogó con «Río Negro» en un intento por desmenuzar los aspectos fundamentales de un conflicto que divide a la sociedad neuquina.

A criterio de Ponce de León, no es casual que estén saltando casos sintomáticos a partir de las usurpaciones de viviendas porque el núcleo habitacional hoy constituye el «único espacio de seguridad».

«Los altos niveles de desempleo y bajos salarios, vienen golpeando duro a algunos estratos sociales. Y ese deterioro social, sin embargo, castiga con mayor crudeza al sector de menores recursos – indicó es especialista-. En ese contexto hay situaciones de desesperación donde es muy complicado medir las reacciones».

A juicio de Ponce de León, «el sistema clientelista en la provincia de Neuquén está quebrado hace años» porque el poder político no tiene cómo sostenerlo.

«Resolver problemas con dinero»

«Neuquén estuvo acostumbrado históricamente a resolver sus problemas con dinero y hoy, no lo tiene», consignó.

En este contexto, subrayó lo paradójico que es plantear los problemas sociales bajo la disyuntiva paz social-violencia. «Una cosa es el discurso mediático y otra la imagen social de algo que no existe», sostuvo.

En su opinión la represión es parte de ese mismo proceso. «Hay más posibilidades de financiar lo represivo que de aportar soluciones de fondo, aunque el costo político sea muy alto».

Evaluó que hoy la manera de acceder a un bien implica cortar un ruta, el puente carretero o un barrio, «y el poder político legitimó estos mecanismos».

A modo de ejemplo recordó el caso del policlínico ADOS, en el que luego de un extenso conflicto que incluyó reiterados cortes del puente carretero en diciembre del año pasado, el personal obligó a la Nación a destrabar el conflicto.

«La clase política está subordinada hoy los problemas coyunturales se resuelven en los mercados financieros -opinó-. Hoy no sé si alguien gobierna».

Y agregó: «Los mecanismos electorales no eligen gobernantes, los gobernantes son otros».

Además, destacó que la vivienda social mueve capitales financieros y desde el gobierno no hay políticas de empleo o habitacional al margen de los intereses económicos.

Los vecinos denuncian excesos de uniformados

NEUQUEN (AN).- El operativo policial dispuesto el jueves pasado con el objetivo de impedir nuevas usurpaciones, cosechó la reprobación de vecinos del barrio Confluencia que cuestionaron el violento accionar de los uniformados.

Roxana Palavecino, madre de tres hijos, denunció que además de soportar los efectos de los gases lacrimógenos y el temor de las balas de goma, fue golpeada en el rostro por un policía. Pero dijo que no hace la denuncia por temor a las represalias.

«La policía no tuvo compasión ni con los niños ni con las mujeres», dijo Palavecino, quien tiene un hijo de siete meses que sufre una cardiopatía y tuvo que soportar durante un par de horas los efectos de los gases. La mujer criticó a la policía por no contribuir a descomprimir el clima de inseguridad y violencia que se vive en el barrio. «En lugar de tranquilizar las cosas, pasan por las calles provocando», dijo.

Astrid, con varios años en el barrio, se mostró desconcertada por la magnitud del conflicto y la injustificada reacción policial.


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