Tibias promesas de funcionarios tras visitar la alcaidía de Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El presidente del STJ, Alberto Balladini, el vicegobernador, Bautista Mendioroz, y el ministro de Gobierno, Esteban Rodrigo, reconocieron ayer que los internos de la alcaidía local viven en completo «hacinamiento» y aseguraron que «ya están en marcha» las obras para «ir aliviando» esa situación.

Los tres encabezaron una ampulosa inspección conjunta de la que participaron también otros legisladores, funcionarios, la defensora del pueblo, el intendente Alberto Icare y varios jueces y fiscales de los tribunales locales.

Rodrigo admitió que el sistema carcelario presenta «un colapso general y que la alcaidía de Bariloche es la que peor está en toda la provincia». Aseguró que el problema se agudizó en los últimos años con el aumento drástico en el número de presos y la imposibilidad de derivar a los condenados a las cárceles federales.

Según el ministro, «en ocho meses» estarán listas las obras previstas para la alcaidía de Viedma, que podrá recibir a condenados del resto de la provincia y descomprimir algo la situación en Roca y Bariloche. Luego comenzaría a ejecutarse la de Sierra Grande, según la promesa del funcionario, que ya la había realizado en diciembre de 2000.

La inspección fue convocada por el STJ luego de la resonante fuga de un par de presos considerados peligrosos, que volvieron a concentrar la atención sobre la insostenible condición en la que son alojados los presos en la alcaidía local. La capacidad del edificio es para 70 internos y ayer había 132, aunque la semana pasada llegó a alojar 137.

Las declaraciones posteriores no aportaron ningún enfoque novedoso ni soluciones expeditivas. Sólo el anuncio de unas mejoras de infraestructura para la alcaidía que pasarán por revoques, instalaciones sanitarias, eléctricas y adecuación de algunas celdas, pero que no ampliarán su capacidad. Las obras se iniciarían este mes y estarán listas para el verano.

Mendioroz repasó la abundante legislación aprobada últimamente para propiciar las soluciones al déficit carcelario. Pero a pesar de la reconocida responsabilidad del Ejecutivo en la materia, llamó la atención que el juez Balladini insistiera ayer en que el desborde de la alcaidía «excede al poder administrador y es una cuestión de Estado».

Consultado por este diario, el magistrado reconoció implícitamente que el Estado incumple la ley.

¿Qué reclamo plantearon los internos?

– «Lo de siempre. El hacinamiento. Algunos también denunciaron maltratos».

¿Se están violando derechos en la alcaidía?

– «… (breve silencio)… Por eso vinimos».

Fuera de eso, lo más contundente se le escuchó al juez de cámara Alfonso Pavone. Luego de participar del concurrido intercambio se retiró disgustado porque «hace 12 años que se habla de lo mismo y no hay ninguna voluntad de cambiar nada».