Tiempo de escasez

Redacción

Por Redacción

Mientras que algunos de los muchos que se sienten alarmados por el rumbo que ha emprendido el gobierno atribuyen la decisión de “reformar” el pequeño mercado bursátil porteño a su voluntad de eliminarlo, puesto que a juicio de ciertos ideólogos del oficialismo es una “timba” frecuentada por especuladores financieros, otros creen que la iniciativa se debe a nada más que a la falta de dinero. Para un gobierno como el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se había acostumbrado a contar siempre con una caja rebosante de dólares y que, para más señas, durante años los gastaba según criterios netamente políticos, encontrarse sin recursos es con toda seguridad desagradable. Sin embargo, casi todas las novedades económicas de los doce meses últimos se han visto motivadas por la penuria así supuesta. El cepo cambiario, la pesificación, el “efecto Chaco”, las barreras proteccionistas que tantos problemas han provocado a la industria y la negativa a ayudar a gobiernos provinciales en apuros son consecuencias lógicas de la escasez de “dólares frescos”. También lo es la voluntad de la presidenta de dejar la fragata Libertad en manos de la Justicia ghanesa porque, además de tener que pagar una fianza de 20 millones de dólares para liberarla, una iniciativa en tal sentido la obligaría a abrir negociaciones, que andando el tiempo podrían resultarle costosas, con los odiados “fondos buitre”. Con las elecciones legislativas del año que viene ya en el horizonte, el gobierno de Cristina está buscando frenéticamente el dinero que necesitaría para financiar más obras públicas. Todo sería más sencillo si pudiera confiar en conseguir préstamos blandos de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, pero debido en parte a la oposición de Estados Unidos y otros países aún ricos, los directivos de dichas entidades son reacios a facilitarlos. En cuanto al mercado de capitales internacional, quienes operan en él no quieren tener nada que ver con la Argentina, ya que en la opinión de inversores impresionados por su extravagante prontuario crediticio es un país más riesgoso que virtualmente todos los demás, con la excepción de Grecia. Así las cosas, resulta comprensible que a funcionarios como el viceministro de Economía, Axel Kicillof, se les haya ocurrido que sería una idea genial apoderarse de la Bolsa y, entre otras cosas, forzar a las aseguradoras a invertir en aquellas actividades que les parecen apropiadas. Aunque los voceros oficiales quisieran hacer pensar que todas las medidas económicas que ha tomado el gobierno a partir de mayo del 2003 deberían ubicarse en el contexto de un proyecto progresista de connotaciones revolucionarias, la verdad es que por lo común se basaron sólo en la necesidad urgente de conseguir más dinero, de ahí aquellas “retenciones móviles” que provocaron la rebelión del campo, la estatización de los fondos previsionales privados, la toma de las reservas del Banco Central, la expropiación de acciones en YPF de la empresa española Repsol y, últimamente, la proyectada “reforma” de la minúscula Bolsa porteña que, se prevé, brindará al gobierno una oportunidad para incorporar una parte sustancial del sector privado a su propio imperio empresarial. Dicho de otro modo, el intervencionismo estatal no se debe a las ideas “marxistas” de Kicillof o a las presuntamente “keynesianas” que es de suponer favorece Cristina, sino al hecho lamentable de que, una y otra vez, la caja kirchnerista se ha quedado vacía. Se trata de una estrategia que no podrá aplicarse indefinidamente, puesto que pronto llegará el día en que el gobierno agote todas las opciones disponibles. Por lo demás, en vista de la ineptitud inverosímil tan característica de una administración pública que ha sido colonizada por hordas de militantes sin experiencia práctica acompañados por familiares, amigos y otros dependientes, la creciente estatización de la ya maltrecha economía nacional no contribuirá en absoluto a hacerla más productiva. Antes bien, asegurará que la crisis autoprovocada que está sufriendo se agrave cada vez más, con consecuencias sociales y políticas que, por cierto, no beneficiarán a Cristina ni a aquellos personajes que, por sus propios motivos, se han plegado a su “proyecto”.


Mientras que algunos de los muchos que se sienten alarmados por el rumbo que ha emprendido el gobierno atribuyen la decisión de “reformar” el pequeño mercado bursátil porteño a su voluntad de eliminarlo, puesto que a juicio de ciertos ideólogos del oficialismo es una “timba” frecuentada por especuladores financieros, otros creen que la iniciativa se debe a nada más que a la falta de dinero. Para un gobierno como el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se había acostumbrado a contar siempre con una caja rebosante de dólares y que, para más señas, durante años los gastaba según criterios netamente políticos, encontrarse sin recursos es con toda seguridad desagradable. Sin embargo, casi todas las novedades económicas de los doce meses últimos se han visto motivadas por la penuria así supuesta. El cepo cambiario, la pesificación, el “efecto Chaco”, las barreras proteccionistas que tantos problemas han provocado a la industria y la negativa a ayudar a gobiernos provinciales en apuros son consecuencias lógicas de la escasez de “dólares frescos”. También lo es la voluntad de la presidenta de dejar la fragata Libertad en manos de la Justicia ghanesa porque, además de tener que pagar una fianza de 20 millones de dólares para liberarla, una iniciativa en tal sentido la obligaría a abrir negociaciones, que andando el tiempo podrían resultarle costosas, con los odiados “fondos buitre”. Con las elecciones legislativas del año que viene ya en el horizonte, el gobierno de Cristina está buscando frenéticamente el dinero que necesitaría para financiar más obras públicas. Todo sería más sencillo si pudiera confiar en conseguir préstamos blandos de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, pero debido en parte a la oposición de Estados Unidos y otros países aún ricos, los directivos de dichas entidades son reacios a facilitarlos. En cuanto al mercado de capitales internacional, quienes operan en él no quieren tener nada que ver con la Argentina, ya que en la opinión de inversores impresionados por su extravagante prontuario crediticio es un país más riesgoso que virtualmente todos los demás, con la excepción de Grecia. Así las cosas, resulta comprensible que a funcionarios como el viceministro de Economía, Axel Kicillof, se les haya ocurrido que sería una idea genial apoderarse de la Bolsa y, entre otras cosas, forzar a las aseguradoras a invertir en aquellas actividades que les parecen apropiadas. Aunque los voceros oficiales quisieran hacer pensar que todas las medidas económicas que ha tomado el gobierno a partir de mayo del 2003 deberían ubicarse en el contexto de un proyecto progresista de connotaciones revolucionarias, la verdad es que por lo común se basaron sólo en la necesidad urgente de conseguir más dinero, de ahí aquellas “retenciones móviles” que provocaron la rebelión del campo, la estatización de los fondos previsionales privados, la toma de las reservas del Banco Central, la expropiación de acciones en YPF de la empresa española Repsol y, últimamente, la proyectada “reforma” de la minúscula Bolsa porteña que, se prevé, brindará al gobierno una oportunidad para incorporar una parte sustancial del sector privado a su propio imperio empresarial. Dicho de otro modo, el intervencionismo estatal no se debe a las ideas “marxistas” de Kicillof o a las presuntamente “keynesianas” que es de suponer favorece Cristina, sino al hecho lamentable de que, una y otra vez, la caja kirchnerista se ha quedado vacía. Se trata de una estrategia que no podrá aplicarse indefinidamente, puesto que pronto llegará el día en que el gobierno agote todas las opciones disponibles. Por lo demás, en vista de la ineptitud inverosímil tan característica de una administración pública que ha sido colonizada por hordas de militantes sin experiencia práctica acompañados por familiares, amigos y otros dependientes, la creciente estatización de la ya maltrecha economía nacional no contribuirá en absoluto a hacerla más productiva. Antes bien, asegurará que la crisis autoprovocada que está sufriendo se agrave cada vez más, con consecuencias sociales y políticas que, por cierto, no beneficiarán a Cristina ni a aquellos personajes que, por sus propios motivos, se han plegado a su “proyecto”.

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