Tiempos distintos
Acaso la ventaja más importante que tienen sobre los presidencialistas los sistemas que privilegian el papel del Parlamento consiste en que pueden adaptarse con mayor facilidad a los cambios del clima político. En países como el nuestro, que se rigen por una variante del sistema norteamericano en que “el presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años”, la Constitución se asemeja a un lecho de Procusto; mientras que en algunos casos lo que podría calificarse del ciclo natural de un presidente dura cinco o seis años, en otros puede agotarse luego de dos. Como ya es evidente, el kirchnerismo se las ha arreglado para recordarnos que los tiempos políticos suelen ser muy distintos de los previstos por los constitucionalistas. De haber imperado la lógica parlamentarista, la gestión de Néstor Kirchner hubiera concluido a mediados del año pasado. Por ser la de Cristina Fernández de Kirchner una prolongación de aquella de su marido hasta tal punto que heredó de él buena parte de su gabinete, después de menos de dos años en la Casa Rosada le tocó en suerte hacer frente a una crisis típica del fin de un ciclo determinado. Para ahorrarse las dificultades inmensas que pronto surgirían, Cristina hubiera tenido que diferenciarse sustancialmente de su antecesor comprometiéndose –como en las semanas antes de las elecciones dijo que haría– con la renovación de nuestras instituciones destartaladas, pero por motivos comprensibles no se animó a romper con su cónyuge. Las elecciones legislativas de junio pasado confirmaron que la mayoría ya se sentía harta del kirchnerismo y quería un cambio. De haber sido la Argentina un país parlamentarista, a partir de entonces tendríamos un gobierno de coalición más o menos centrista, de legitimidad indiscutible, que procurara corregir los errores, algunos garrafales, cometidos por el anterior. Asimismo, de haber entendido los Kirchner que, si bien a veces es necesario desafiar la voluntad coyunturalmente mayoritaria, es suicida negarse a tomarla en cuenta, el gobierno de Cristina hubiera aceptado compartir el poder con partes de la oposición, como en efecto hicieron en circunstancias parecidas presidentes norteamericanos como Bill Clinton y George W. Bush. Por desgracia, optó por aferrarse al presidencialismo extremo y continuar actuando como si disfrutara del apoyo resuelto de una mayoría abrumadora. No sorprende, pues, que se haya difundido la sensación de que en los meses próximos el país podría enfrentarse con una crisis equiparable con la que dio en tierra con el gobierno del presidente Fernando de la Rúa. La intransigencia agresiva de los Kirchner y la voluntad de los dirigentes opositores de hacer valer su representatividad se alimentan mutuamente, garantizando que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, sea un campo de batalla en que las fuerzas encontradas diriman sus muchas diferencias. A esta altura no se puede hablar de un “diálogo”, ya que los voceros de los distintos bandos se limitan a intercambiar lindezas a menudo groseras, acusándose los unos a los otros de golpismo, cinismo, prácticas corruptas, obstruccionismo y así, largamente, por el estilo. En este conflicto los opositores llevan las de ganar. La conciencia de que el kirchnerismo está batiéndose en retirada le está costando el apoyo de algunos legisladores, además, claro está, de gobernadores provinciales e intendentes municipales. Y como si ya no fuera suficiente, la probabilidad de que los legisladores se concentren en privar a los Kirchner de las llaves de “la caja” que les ha permitido premiar a los leales y castigar brutalmente a quienes no lo son, las embestidas cada vez más fuertes contra la afición de Cristina por los “decretos de necesidad y urgencia” y el peligro planteado por el aumento al parecer irrefrenable del costo de vida han dado pábulo a versiones según las cuales en cualquier momento los santacruceños podrían optar por adelantar las próximas elecciones presidenciales por entender que les será virtualmente imposible recuperarse de los golpes que día tras día llueven sobre sus cabezas. Aunque se trataría de la forma menos destructiva de intentar compatibilizar el calendario constitucional con los tiempos políticos reales, nadie cree que una decisión en tal sentido resultara indolora.
