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Todos los caminos conducen a Santa Cruz

La evaporación de los fondos que recibió la provincia de los Kirchner por regalías mal liquidadas sigue en la oscuridad y la impunidad. Hay evidencias de giros a bancos extranjeros. Pero nunca hubo explicaciones públicas y, mucho menos, control.

A fines del año pasado la Justicia determinó que Cristina Fernández integraba como jefa una asociación ilícita en la causa de los cuadernos. La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento. Si bien es un pronunciamiento provisorio, en ésta y en otras causas que se han de sumar en el futuro inmediato hay evidencias que son irrefutables. Solamente la presión desembozada de un poder político en un régimen sin justicia independiente podría evitar las eventuales condenas.

En la mayoría de las causas judiciales, el tribunal opera sobre un hecho del pasado. Una asociación ilícita puede permanecer operativa -incluso como en este caso- sin solución de continuidad hasta el presente. Cristina, quien reemplazó en ese rol a Néstor Kirchner a partir de su muerte, no es solamente la presunta jefa de una banda delictiva destinada a robar del Estado sumas asombrosas, sino que es también la jefa de un partido político que constituye la opción más capaz de enfrentar exitosamente al gobierno. Y en el caso de ganar, ya ha anticipado por intermedio de su candidato a presidente, su propósito de interferir de una u otra manera en el Poder Judicial para lograr la impunidad de ella y de sus allegados y la venganza contra los jueces que la desafiaron.

No solamente dispone de poder político electoral poderoso, sino de una cantidad de recursos provenientes de la corrupción de una escala equivalente a la de una multinacional. Probablemente no pueda usarlos fácilmente debido a las limitaciones provenientes de las regulaciones bancarias, pero su magnitud es colosal. Es capaz de montar una causa judicial y poner en jaque al fiscal que la acusa en una de las principales causas.

Tiene además un territorio bajo su control prácticamente vedado a la inquisición judicial. Su dominio sobre la provincia de Santa Cruz le permite bloquear exitosamente toda tentativa de indagar sobre una de las fuentes originarias del enriquecimiento de la pareja. Esa provincia es clave no solamente para probar la apropiación ilícita de los fondos obtenidos por la privatización de YPF, sino eventualmente, para investigar la ruta del dinero K.

Compensación: Con Menem, Santa Cruz recibió u$s 545 millones.

Como se recordará, el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en 1993, como compensación por regalías mal liquidadas (eufemismo con que se disfrazó el apoyo a la privatización de YPF) u$s 214 millones en efectivo y u$s 331 millones en acciones de YPF cotizadas a u$s 19 la acción.

En 1999 vendió a Repsol su participación en la compañía en u$s 775 millones a u$s 44,5 por acción. La suma total que debió entonces ingresar a Santa Cruz fue de u$s 989 millones más los dividendos e intereses de varios años. En el 2004 quedaban solamente u$s 400 millones en Credit Suisse en Zurich. En la actualidad ni un centavo.

La única transferencia de Repsol conocida se efectuó a través del BBVA francés al Banco Central por u$s 602.560.332. En el camino desaparecieron u$s 173 millones que seguramente se enviaron a otro banco por indicación de Kirchner.

Las sumas recibidas fueron transferidas a tres bancos neoyorquinos. Dean Witter Reynolds (Morgan Stanley), Citibank y Credit Suisse. A partir de ese momento se inicia una escalada de transferencias ocultas a cuentas en paraísos fiscales, junto con una disminución en los activos por operaciones inventadas o transferencias reales pero exageradas en sus cifras.

La frase cuando se apagaron las cámaras: ”Tengo 600 millones”.

El principal rubro de salidas financieras fueron los fondos presuntamente girados a Santa Cruz para cubrir déficits presupuestarios. Según la Legislatura provincial kirchnerista, las remesas alcanzaron u$s 532 millones y solamente entre 1995 y 1999 esos aportes ascendieron a u$s 330 millones. Las dudas en este último caso son inevitables si se tiene en cuenta que las acciones de YPF recién fueron vendidas ese último año, por lo que las máximas disponibilidades al momento eran u$s 214 millones.

En ningún momento se hicieron públicos los ingresos reales por dividendos y rentas acumuladas. Se inventó una burda patraña sobre colocaciones al 1% anual en la Reserva Federal norteamericana, que fue posteriormente desmentida por funcionarios de ese organismo.

Para eliminar todo control y el registro del movimiento de las cuentas, tanto en lo que se refiere a las ganancias obtenidas como a las inexplicables trasferencias a cuentas numeradas de bancos en lugares sospechosos, las entidades originales fueron transfiriendo todos los fondos a distintos bancos hasta cerrar las cuentas. El Rabobank de Holanda recibió del Credit Suisse de Nueva York u$s 200 millones y, al cabo de un tiempo, los transfirió a Zurich. Otras operaciones de los bancos restantes hicieron escala en Luxemburgo antes de llegar al mismo destino.

La cuenta en Zurich se abrió en 2003 en el último año de su gestión como gobernador. Siendo Kirchner presidente hay evidencias de que quedaron fondos en los bancos norteamericanos y su nombre subsistía como uno de los titulares de las cuentas, y le reportaban a él hasta diciembre de ese año.

Ninguno de los gobernadores que sucedieron a Kirchner tuvieron el control real de ninguna de esas operaciones, pero algunos pudieron ser cómplices por encubrimiento. Todos declararon a su turno haber repatriado los fondos remanentes del Credit Suisse y nunca disiparon las dudas. Finalmente Aldo Ducler sostuvo que esos fondos fueron utilizados para garantizar el préstamo del Credit Suisse en la compra de las acciones de YPF por el grupo Eskenazy.

Agente financiero: el banco que manejó Lázaro Báez y luego Eskenazi.

El agente financiero obligatorio era el Banco de Santa Cruz, primero manejado por Lázaro Báez y luego de una privatización por el mismo grupo Eskenazi. Quienes manejaban la cuenta en su representación, eran la financiera Mercado Abierto y Eduardo Cafaro, que no reportaban al Banco de Santa Cruz sino a Kirchner personalmente.

Los registros de las operaciones realizadas quedaron a salvo de indagaciones ulteriores indiscretas cuando las cuentas originales fueron cerradas, pero existen constataciones que permiten deducir cómo se produjo el pase a la clandestinidad de la mayor parte de los fondos de los bancos mencionados al patrimonio de Kirchner y, a su muerte, de su familia.

El instrumento utilizado hasta el año 2001 fue el M.A. Bank, con sede en las isla Gran Caimán y que responde a la sigla de Mercado Abierto. Ese lugar, célebre por ser refugio de capitales de origen dudoso, es también uno de los pocos que toleraría el uso de la denominación “banco” para una compañía que no lo fuera y cuya sigla identificaba desde 1893 al Macon Atlanta Bank (USA).

Según resumen de la cuenta en el Citi de Nueva York que el periodista Nicolás Wiñazki hizo pública, solamente en un mes -julio de 1995- se hicieron 23 operaciones de trasferencia de fondos de ese banco a cuentas no identificadas con nombres, sino con números. También se publicaron dos facsímiles de notas firmadas por Kirchner al M.A. Bank anunciando nuevos depósitos, una por u$s 13 millones y otra en marzo del 2001 por 5.574.320, en esta última con referencia específica a la cuenta nro. 25.296. Estas dos operaciones no provienen de transferencias bancarias, lo que permite deducir que otros fondos de otra procedencia pudieron seguir el mismo destino que los dineros de las regalías.

Aldo Ducler, antes de morir, quiso revelar la trama de los fondos.

El M.A. Bank fue clausurado y privado de personería por las autoridades de Caimán, en junio del 2001, a requerimiento del gobierno de Estados Unidos en la causa incoada en ese país contra Aldo Ducler por evasión fiscal y lavado de dinero. Esa clausura ayudó a ocultar los movimientos y transferencias ya efectuadas pero creó posiblemente un problema para hacer nuevas remesas de los fondos que subsistieron en los bancos originales. Esa etapa permanece hasta ahora en la oscuridad.

Una vez ingresado al circuito de los paraísos fiscales, es muy difícil reingresar a los bancos del sistema normal, sobre todo en cantidades estimadas en cientos y tal vez miles de millones de dólares. Las regulaciones han ido avanzando en el control, de manera que en la actualidad la única forma de eludir las normas es mediante el traslado del dinero “físico”.

Pero para trasladar valijas voluminosas, eludir controles aduaneros y depositar los fondos en una caja bancaria con billetes termosellados a nombre de una hija, se requiere ser presidente de la República, utilizar el avión presidencial e inventar una escala técnica en un paraíso fiscal. No es extraño entonces que cuando se trata de identificar el destino de los fondos todas las miradas converjan sobre Seychelles.

Investigar todo el circuito delictual requeriría no solamente el esfuerzo mayúsculo de los jueces, sino también la improbable participación del Congreso mediante comisiones parlamentarias que iluminen las partes oscuras protegidas por fallos judiciales inicuos y, por supuesto, un Poder Ejecutivo que no interfiera en el accionar de la Justicia.

Ducler vinculó los fondos con la operación de Eskenazi (der.) por YPF.

Pero hay una alternativa que se dirimirá en pocos días junto con las PASO: la renovación del gobierno de Santa Cruz que deberá reelegir a la actual mandataria, Alicia Kirchner, o terminar con 28 años de dominio del grupo familiar sobre la provincia.

De acuerdo con las últimas encuestas, las posibilidades entre la gobernadora y su principal oponente, Eduardo Costa, pronostican un resultado electoral abierto.

La pérdida de la provincia sería una catástrofe sin atenuantes para el kirchnerismo. Un nuevo gobierno tendría innumerables oportunidades de acceder a información en sitios hasta ahora inaccesibles. El Banco de Santa Cruz y sus directivos, como agentes financieros, tendrían que rendir cuentas sobre cada una de las operaciones, la suma original remesada por Repsol, las ganancias obtenidas, los ingresos reales al Tesoro provincial, las transferencias a bancos ocultos, el rol de los depósitos del Credit Suisse en la compra de las acciones de YPF por el grupo Eskenazi, etcétera.

Y tal vez abriría el camino para determinar el destino final de fondos provenientes de los numerosos casos de corrupción que investigan los jueces de Comodoro Py.


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