Tolerancia infinita

SEGÚN LO VEO

Pronto sabremos la respuesta a un interrogante molesto: ¿a los bonaerenses les importa un bledo que el próximo gobernador de su provincia sea un personaje acusado de ser un narcotraficante que, además de procurar monopolizar el negocio de la efedrina, hace siete años ordenó asesinar, al más puro estilo mafioso, a tres farmacéuticos que trabajaban para cárteles mexicanos? Aun cuando resultara que las denuncias contra Aníbal Fernández carecen de fundamento, el que tantos las hayan tomado en serio porque les parecen verosímiles es un síntoma, uno más, de la decadencia de la cultura política nacional. La mayoría se ha resignado a convivir con la corrupción, acaso por suponer que un eventual remedio sería peor que la enfermedad; teme que si todos los enriquecidos por medios misteriosos fueran encarcelados el país no tardaría en asemejarse a un campo de concentración inmenso. Tal actitud puede entenderse, pero la voluntad de tolerar “un poco” de corrupción hace inevitable que el mal adquiera dimensiones gigantescas. Como señaló hace poco Mauricio Macri, “arrancan con el 5% y terminan con el 100”. Si es verdad que Aníbal ha sido víctima, como dicen tantos oficialistas, de una “operación de prensa” urdida por el Grupo Clarín, se trataría de una obra maestra del género. Quienes lo acusan de ser “La Morsa”, una suerte de Napoleón del crimen organizado tan poderoso que, desde algún lugar en el gobierno nacional, es capaz de garantizar la seguridad de su propia gente, han logrado acumular una cantidad impresionante de indicios comprometedores. Puede que todos sean falsos, que por motivos siniestros una banda de confabuladores mediáticos y políticos hayan inventado un Aníbal ficticio muy distinto del a veces belicoso pero en el fondo bonachón jefe de Gabinete y candidato a la gobernación bonaerense que durante años ha desempeñado un papel destacado en la vida del país, pero por ser tan graves las denuncias que acaban de difundirse sería mejor para todos que el hombre optara por dejar el asunto en manos de la Justicia. Decía el general que “los peronistas somos como los gatos: cuando parece que nos estamos peleando es que nos estamos reproduciendo”. Acertaba. En las décadas que siguieron a la muerte del primer trabajador los compañeros lograrían impregnar a tantos políticos e intelectuales que en el ADN de todos los partidos, desde los trotskistas hasta los neoliberales, se encuentran algunos genes peronistas. Con todo, mientras que en el pasado las peleas tenían que ver con diferencias supuestamente ideológicas, a nadie se le ocurriría atribuir la protagonizada por Aníbal y su contrincante Julián Domínguez a cuestiones doctrinarias. El jefe de Gabinete del gobierno de Cristina claramente cree que el presidente de la Cámara de Diputados, mandamás de la bancada kirchnerista, está detrás de una campaña denigratoria personal de una vileza con escasos precedentes en el mundo democrático. Como otras agrupaciones peronistas, la kirchnerista se enorgullece de su amplitud. Cualquiera puede sumarse a ella con tal que jure fidelidad a la señora. Aunque los militantes más fervorosos de La Cámpora a menudo hablan como ideólogos intransigentes, los líderes, entre ellos Cristina misma, nunca han manifestado mucho interés en los antecedentes de sus colaboradores, de ahí la presencia en lugares cercanos a la cima del poder de tantos exliberales, exmenemistas y otros de trayectoria presuntamente incompatible con el “proyecto” K. A pesar de tener la reputación de ser un movimiento extraordinariamente dogmático, a su modo el kirchnerismo es tan pluralista como el peronismo original; lo único que exige de los militantes es “lealtad”. A primera vista, tanta tolerancia parece simpática. Acaso lo sería si no fuera por la voluntad de Cristina y sus allegados de convencer al mundo de que la gestión del gobierno nacional se basa en su adhesión firme, para no decir fanática, a una cosmovisión cerrada que se ve resumida en “el relato”. Sin embargo, al combinar la vehemencia discursiva con la improvisación pragmática y cortoplacista tan típica de todos los movimientos populistas, el gobierno kirchnerista ha contribuido a ensanchar el abismo que se da entre la clase política por un lado y el grueso de la ciudadanía por otro. La mayoría sabe muy bien que las palabras pronunciadas por la presidenta y los demás voceros oficiales son meramente decorativas; como las estadísticas confeccionadas por el Indec, están desvinculadas de la realidad concreta. La costumbre populista de subordinar todo a la lealtad coyuntural hacia el caudillo de turno beneficia a los corruptos. Pueden confiar en que sus compañeros no sólo minimizarán sus fechorías más recientes sino también las perpetradas en el pasado, cuando militaban a favor de “ideales” radicalmente distintos. He aquí una razón por la que “proyectos” como el kirchnerista resultan irresistibles para oportunistas seriales, aquellos profesionales de la política o integrantes de la familia judicial que, luego de haber sido amigos discretos del Proceso militar, se transformaron sucesivamente en alfonsinistas, menemistas, aliancistas, duhaldistas y, a partir de mayo del 2003, kirchneristas. Algunos ya se han convertido en sciolistas pero, de perder el exmotonauta en octubre o noviembre, procurarán mutar en macristas o massistas. Son tantos que, para un dirigente deseoso de romper con “la vieja política”, mantenerlos a raya no sería del todo fácil. A menos que el sucesor de Cristina logre hacerlo, el próximo gobierno incluirá individuos habituados a tolerar irregularidades que en una democracia moderna serían consideradas inaceptables. Mal que les pese a los habituados a pasar por alto las flaquezas humanas de sus colaboradores y a los que temen verse acusados de perseguir a quienes piensan distinto, ya que para defenderse muchos corruptos se afirman víctimas de prejuicios ideológicos, para combatir en serio la corrupción no hay alternativa a una estrategia de tolerancia cero. Los dirigentes que intentan discriminar entre los infractores menores y los demás siempre terminan encubriendo a los peores hasta que, un día, se sienten obligados a solidarizarse con individuos que, de funcionar como es debido la Justicia, merecen ser procesados y, si una corte los encuentra culpables, pasar el resto de sus días entre rejas.

JAMES NEILSON