Toma de conciencia

Si bien son pocos los miembros de la «clase política» que se han privado de la oportunidad para intentar diferenciarse del gobierno o para ajustar cuentas a su juicio pendientes con rivales, en términos generales su reacción frente al desafío planteado por resistencia de los financistas a seguir prestándonos dinero ha sido positiva. A pesar de discrepancias legítimas en torno de las medidas «no negociables» presentadas por el presidente Fernando de la Rúa en su discurso de la noche del domingo, la mayoría parece reconocer que dadas las circunstancias no existe más alternativa que la supuesta por el «déficit cero». Dicha meta fijada por Domingo Cavallo debería haber acompañado otra iniciativa suya, la convertibilidad, desde el comienzo, pero tuvieron que transcurrir más de diez años para que los responsables de manejar las finanzas del país, trátese de integrantes del gobierno nacional o de sus equivalentes de las administraciones provinciales y municipales, se resignaran a esta realidad.

Aceptado este principio, el problema consiste en decidir exactamente dónde es necesario cortar. Si por sensibilidad o, en algunos casos, por electoralismo, los «dirigentes» no quieren que los jubilados que cobran más de 300 pesos o, quizás, 500 pesos vean reducidos sus ya escuálidos haberes, tendrán que podar con más vigor en otros renglones, muchos de ellos dominados por personajes habituados a «luchar» con éxito contra los ajustes que con toda seguridad contestarán organizando ruidosas protestas callejeras y seguirán hablando como si el sector público equivaliera al país en su conjunto, de suerte que cualquier medida que perjudicara a un estatal fuera un ataque brutal contra «el pueblo». Este discurso está compartido por muchos políticos -al fin y al cabo, son estatales también-, pero es tendencioso porque el grueso de la población forma parte del sector «privado» que, huelga decirlo, hasta ahora ha sido el más afectado por la prolongada crisis económica.

El presidente y sus colaboradores más cercanos tienen razón al insistir en que ya no hay otra «salida» que la supuesta por lo que con escaso respeto por la lógica rehúsan calificar de «ajuste». A menos que el país ponga sus cuentas en orden sin demora alguna, las consecuencias para todos serán sin duda desastrosas. Es por eso que es mejor el plan oficial, que las distintas variantes que están esgrimiendo distintas fracciones radicales, frepasistas y peronistas: puede que ésas sean técnica y políticamente superiores, pero todas requerirían semanas de negociaciones cuando, en vista de la aceleración de los tiempos, es forzoso actuar enseguida.

Por ser cuestión de una reacción tardía ante una crisis que ha estado intensificándose a través de varios años, los reacios a reconocer la gravedad de la situación que se ha creado han hecho hincapié en lo negativo que a su entender será el ajuste, pero el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, acertaba al distinguir claramente entre el Estado por un lado y el resto del país -o sea, el «sector privado»- por el otro. De lograr minimizarse las necesidades financieras de un sector público célebre por su inoperancia, habrá más aire para la mayoría abrumadora que depende de la evolución de la industria, el comercio y los servicios que ha estado asfixiándose debido a la insaciabilidad del Estado en todas sus muchas ramificaciones. El que sea así plantea un dilema a los políticos que, por motivos naturales, se ven obligados a hablar de «equidad» y del reparto «justo» de los sacrificios, pero que tendrán que predicar la austeridad para los estatales, el sector políticamente mejor organizado y más combativo de la sociedad, mientras que hagan lo posible por estimular el consumo de los demás. Sin embargo, aunque los gremios estatales consiguieron convencer a muchos de que sus afiliados han sido las víctimas principales de todos los «ajustes» de los tiempos últimos, la verdad es que el precio de los cambios que se han concretado ha sido pagado por el «sector privado», que abarca no sólo a los empresarios ricos sino también, no lo olvidemos, a millones de trabajadores pésimamente remunerados y a los desocupados.