No investigarán el accionar de la policía neuquina en un desalojo

El juez de Garantías Lucas Yancarelli avaló ayer la decisión de la fiscalía de no investigar a la policía de Neuquén en relación al desalojo de la toma de Parque Industrial, que se produjo el 6 de junio pasado. Un grupo de vecinos había denunciado un mes después del procedimiento a la fuerza pública por su accionar y la querella, ejercida por el abogado Pablo Gutiérrez, insistió en que el operativo se realizó fuera de horario y con violencia.

Ayer se realizó una audiencia de revisión de la decisión fiscal de archivo, a pedido de la parte denunciante. En ella, Gutiérrez explicó que a raíz de los hechos que ocurrieron en el desalojo, tres vecinos presentaron una denuncia en la que cuestionaban el procedimiento. Aseguraron que el operativo empezó a las seis de la mañana, en un horario que no está permitido por la Constitución Nacional y que además hubo abusos de autoridad.

Gutiérrez manifestó que “preocupa que la fiscalía no quiera investigar” y agregó que el desalojo se trató de un “operativo desordenado, con muchos efectivos, sin atender los recaudos mínimos para garantizar la integridad de las personas que estaban en el lugar”.

La denuncia realizada contra la Policía es además por daños, lesiones leves y hurto simple, porque aseguran que los detenidos que hubo fueron golpeados por los efectivos y que los elementos que fueron retirados en la toma por operarios municipales nunca fueron devueltos a sus propietarios.

En su turno el fiscal jefe Pablo Vignaroli, indicó que la detención de los denunciantes se produjo porque el día del desalojo se resistieron a la orden judicial y que por ese motivo “se usó la fuerza pública”.

Ante la consulta del juez explicó que la orden de allanamiento de morada y desalojo que se realizó ese día fue en carácter de “grave y urgente”, que de acuerdo al artículo 143 del Código Procesal Penal de Neuquén, permite que se ejecute en cualquier horario, con su debida justificación.

El juez avaló el archivo dispuesto por la fiscalía ya que aseguró que la gravedad y urgencia de la instrucción se ajustaba al hecho pues quienes integraban la toma estaban sabían que ocupaban un terreno de manera ilegal. Y compartió la decisión de la fiscalía de investigar por separado sólo lo que hace a la desaparición de las pertenencias de los ocupantes de la toma.

El abogado Pablo Gutiérrez calificó la resolución del juez Lucas Yancarelli como “muy mala” y anticipó que solicitará la impugnación.

La policía, los fiscales y jueces estuvieron, desde el 22 de abril pasándose un cascabel sin que ninguno se atreviera a ponérselo al gato.

El laberinto judicial se desnudó en una audiencia en la que un tribunal integrado por Daniel Varessio, Federico Sommer y Liliana Deiub remitieron el expediente de desalojo a la oficina judicial para que un juez diera el visto bueno.

El fiscal de Delitos Patrimoniales Marcelo Silva y la jefatura de policía mantuvieron disputas sobre quien tenía la facultad de “evitar el delito”. Deiub dijo que “la fiscalía deja mucho que desear” porque el 27 de abril ya no había consigna policial para evitar que la toma en el Parque Industrial continuara creciendo.

Sommer fue enfático al indicar que el trámite por un gasoducto o si la Policía tiene el poder de uso de la fuerza pública “fueron excusas” para evitar ejercer las facultades.

Habló de disparidad de criterio, política criminal poco clara “sino también contradictoria por parte del Ministerio Público Fiscal”.