Tres taladores y la historia ambiental

Hay noticias encapsuladas en su geografía que aun así cuentan con suficiente potencia como para convertirse en temas universales. Por ejemplo, ahora podríamos ir de lo particular a lo general para disparar una discusión profunda y de mayor trascendencia. Es por eso que en este mismo texto verán incluidos a tres hombres comunes, árboles, jueces, leyes, el papa y a ese fantasma que proyecta sombra sobre los recursos que necesitamos para vivir llamado cambio climático. Pero vamos al principio. Un día del 2005 tres socios deciden abrir un camino frente a las costas del canal de Beagle, en el interior del Parque Nacional Tierra del Fuego. Comienzan a tumbar ejemplares centenarios de lenga y guindo, protegidos por ley desde 1960. Uno detrás de otro hasta concluir la faena de 255 árboles caídos. Al poco tiempo son denunciados por las autoridades de Parques Nacionales, que detectan un delito contra la naturaleza y llevan el caso a la Justicia. Paremos acá. Es, como ya dijimos, 2005. Todavía no existe en el país una ley contra los desmontes. Pero ya comenzó la etapa aguda del proceso de desertificación más grande del que se tenga memoria en la Argentina. Explota el boom de la soja y en las provincias del norte, inicialmente, se desmonta para alfombrar con el commodity milagroso. Se avanza con venia gubernamental hacia la peligrosa política del monocultivo y la fumigación, sin tener en cuenta la saturación de los suelos y la contaminación de poblaciones que se avecina y que llegará incluso hasta los límites de Río Negro, La Pampa y Neuquén. Tierra del Fuego está lejos de ese escenario, pero de todos modos el proceso contra los tres imputados empieza a trepar instancias en la Justicia local. En paralelo, ajenos a este caso, unos pocos diputados promueven en el Congreso la discusión por una ley contra la tala indiscriminada. Diferentes ONG encaran una tarea más titánica todavía: juntar firmas y ganar adhesiones de la ciudadanía para impulsar esa sanción. La ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos será promulgada en el 2007. Comenzará una nueva historia de incumplimientos severos, que llegan hasta estos días y que quizás merezca otro texto. Pero el poder transformador de esa ley ya impacta sobre la realidad. Quienes la vulneran deben medir sus actos en función de esa normativa que amenaza sus ambiciones. Mientras tanto, aquellos tres taladores fueguinos le hacen gambetas a la Justicia. Consiguen un fallo que podría leerse como beneficioso para la situación que afrontan, una probation que los “condena” a tareas de conservación de la naturaleza, previo pago de una multa de 120.000 pesos. La sentencia es apelada por las autoridades de Parque Nacionales. Se aletarga el proceso una vez más. Pero el tiempo corre. La conciencia ambiental va prendiendo –a fuerza de hechos, de protestas, de comprobaciones fácticas de las alteraciones producidas por el cambio climático– en el espíritu de nuevas personas que se suman a la causa ecologista. El debate verde llega al Parlamento con otra ley trascendente: la de glaciares, un norma antiminera, vetada por la expresidenta Cristina y vuelta a sancionar por impulso de la presión social. Pasan los años. Llega un papa argentino. Francisco se declara defensor del medioambiente. En su primera encíclica, titulada “Laudato Si”, le reclama al mundo globalizado por la degradación del planeta. Sienta las bases morales para una organización social contra los efectos del calentamiento global. Su texto llega a las mesas de las corporaciones extractivas, que miran con desconfianza a ese ¿enemigo? indeseado, las asambleas vecinales que denuncian saqueos naturales mientras acunan esas palabras como nueva herramienta para la protesta. Llega al despacho de un juez que debe decidir si suspender o no la probation que podrían aplicarles a tres taladores ignotos de las islas fueguinas. Entonces es diciembre del 2015 y un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordena que vayan a juicio oral los tres taladores de Tierra del Fuego. Rechaza la probation y deja expuestos a los acusados a una pena que va de tres meses a cuatro años de cárcel. Se los acusa del daño agravado de un bien de uso público. Se argumenta que con su accionar las generaciones futuras estarán privadas de ver esos árboles que tardan cien años en regenerarse. Uno de esos jueces, Gustavo Hornos, apoya sus conclusiones citando la encíclica del papa que aboga por la defensa de los recursos naturales. Y es aquí donde todas estas historias de grandes hitos y pequeños hechos se unen para demostrar que algo parece haber germinado y que nada resulta casual, que la historia ambiental argentina es joven e imperfecta pero pujante y que la construcción de jurisprudencia vinculada a grandes sucesos globales resulta crucial para conformar, finalmente, una conciencia colectiva. (*) Periodista. Autor de “Patagonia perdida”

Opiniones

Gonzalo Sánchez – Periodista. Autor de “Patagonia perdida”. (Especial para Río Negro)