Un año después

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A un año de la tragedia ferroviaria en que murieron 51 pasajeros cuando el tren en que viajaban chocó con violencia contra el paragolpes de la estación Once, lo único que queda claro es que el gobierno nacional ha sido incapaz de entender las connotaciones de lo que sucedió. Acostumbrado como está a interpretar absolutamente todo en términos políticos, cuando no electorales, al difundirse la noticia procuró minimizar su importancia, y ciertos voceros oficiales incluso llegaron al extremo de atribuir la cantidad elevada de muertos a la buena situación laboral posibilitada por el modelo, al apuro supuestamente excesivo de los pasajeros que colmaban los primeros vagones, y señalaron que, de haber ocurrido el choque un día feriado, el saldo hubiera sido menor. Asimismo, para explicar su aparente indiferencia frente a un acontecimiento tan penoso, luego de cinco días de silencio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo: “No esperen de mí jamás ante el dolor de la muerte la especulación de la foto o del discurso fácil…”, adoptando así una actitud idéntica a la de su difunto marido años antes: a pesar de ser presidente de la Nación, durante dos semanas Néstor Kirchner no pronunció una sola palabra sobre el siniestro de Cromañón en que murieron casi doscientas personas por no querer verse vinculado con un desastre tan terrible. Pero no sólo ha sido cuestión de la extraña frialdad de Cristina, tan diferente de la solidaridad que en circunstancias parecidas suele manifestar su homóloga brasileña Dilma Rousseff. También lo es de la resistencia de los integrantes del gobierno kirchnerista a reconocer que aquella catástrofe ferroviaria fue una consecuencia previsible de su propia falta de interés en mejorar el desempeño del Estado. Para ellos, el Estado es la parte más jugosa del botín electoral, una fuente de dinero y de poder, no un conjunto de instituciones que deberían estar al servicio de la ciudadanía. Hablan de la presunta necesidad de que haya “más Estado” y critican a gobiernos anteriores por su “ausencia”, pero no han hecho esfuerzo alguno por impulsar reformas para que funcione con mayor eficiencia, ya que sólo quieren aprovecharlo. Así, pues, los trenes siguen siendo tan defectuosos como eran en vísperas del accidente de la estación Once, lo que hace temer que en cualquier momento pudiera producirse un desastre igualmente luctuoso. Aunque la causa judicial que se puso en marcha ha alcanzado para que una treintena de personas, entre ellas dos exsecretarios de Transporte y los hermanos Cirigliano de la empresa Trenes de Buenos Aires, que recibieron subsidios estatales cuantiosos sin por eso hacer mucho para mejorar los servicios brindados, puesto que siguen siendo escandalosamente malos, se hayan visto llevadas a juicio oral, pocos creen que de resultas de la investigación las autoridades terminen asumiendo plenamente sus responsabilidades. Al anunciar la anulación de la concesión, el ministro de Planificación Julio De Vido llamó la atención al “deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante y deterioro de la capacidad y calidad de los servicios prestados”, como si antes del accidente tales datos no fueran de dominio público. Asimismo, ha motivado sospechas legítimas el asesinato reciente, supuestamente por ladrones comunes, de un testigo clave, el maquinista Leandro Andrada. Los familiares y amigos de las víctimas mortales de la tragedia, y de las 700 personas que resultaron heridas, distan de ser los únicos que se sienten abandonados por un Estado que es sumamente costoso pero que en muchos ámbitos es inoperante. Buena parte de la población del país entiende que tanto los encargados del sector público como muchos empleados actúan como miembros de una corporación que se ha independizado del resto del país y que, como la clase política, anteponen automáticamente se propios intereses corporativos por encima de todo lo demás. Se trata de una cuestión cultural. Aunque parecería que la mayoría está a favor de una mayor participación del Estado en la vida del país, no le preocupan los detalles concretos, de ahí la facilidad con la que políticos inescrupulosos logran apoderarse de reparticiones para entonces usarlas para aumentar su propio poder sin sentirse obligados a dar nada a cambio salvo discursos autocongratulatorios.