Un arma de doble filo



Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habla de “democratización”, lo que quiere decir es que la institución o el sector así reformado debería obedecer todas sus órdenes sin chistar porque triunfó con holgura en las elecciones de octubre del 2011, de tal modo erigiéndose en la representante de la voluntad popular. Así, pues, la “democratización” de los medios de comunicación supondría aumentar la influencia de los oficialistas, que si bien han proliferado en los años últimos merced a dosis cuantiosas de publicidad gubernamental no han logrado prosperar en el competitivo mercado nacional, y reducir aquella de los independientes. En cuanto a la Justicia, que en opinión del oficialismo no es “democrática” porque, entre otras cosas, en ocasiones distintos jueces han obstaculizado la aplicación plena e inmediata de la ley de Medios, demorando de esta manera el tan esperado desmantelamiento definitivo del Grupo Clarín, la presidenta se ha propuesto democratizarla, lo que, desde luego, preocupa mucho a los integrantes de la llamada “corporación judicial”, en especial a los miembros de la Corte Suprema. Aunque nadie, con la eventual excepción de los miembros de su pequeño círculo áulico, sabe muy bien qué tiene en mente Cristina cuando tuitea en torno a la supuesta necesidad de lograr una Justicia que esté “más cercana a la gente”, puede suponerse que le gustaría que hubiera más jueces kirchneristas y menos que se resistan a comulgar con sus ideas y a apoyar su “proyecto” con el entusiasmo que cree apropiado, y que por lo tanto tratará de modificar el Consejo de la Magistratura para que facilite la colonización del Poder Judicial por militantes. Se trata de un planteo que es peligroso desde el punto de vista no sólo de los comprometidos con la autonomía del Poder Judicial sino también desde aquel del oficialismo mismo. Cristina parece creer que la voluntad mayoritaria se ha quedado congelada hasta nuevo aviso, que sigue siendo idéntica a la que vio reflejada en las elecciones de hace más de un año, de suerte que confía en que una Justicia debidamente democratizada sería oficialista. Sin embargo, sucede que a partir de octubre del 2011 mucho ha cambiado en el país. Según todas las encuestas de opinión que se han difundido, la presidenta ha conservado el apoyo de una minoría sustancial, pero el grueso de la población le ha dado la espalda. Asimismo, el deterioro muy rápido de la situación económica hace prever que la tendencia así supuesta continúe en los meses próximos. Por lo tanto, jueces deseosos de acercarse a la gente, como ella recomienda, estarían cada vez más dispuestos a ensañarse con personajes como el vicepresidente Amado Boudou, el que, mal que le pese a la presidenta, figura entre los funcionarios más repudiados del país, mientras que algunos por lo menos tratarían de investigar nuevamente la procedencia de la envidiable fortuna que ha adquirido la familia Kirchner. Por tales motivos, a la presidenta le convendría preguntarse si realmente sería de su interés que la “corporación judicial” se llenara de jueces populistas proclives a dejarse conmover por la opinión pública. La opinión pública es de naturaleza veleidosa. Si los jueces se sintieran constreñidos a acompañarla, tarde o temprano se concentrarían en perseguir a los “emblemáticos” de turno por sus presuntas transgresiones, lo que sería una noticia pésima para muchos kirchneristas leales que se imaginan blindados contra tales contratiempos. Asimismo, si bien es comprensible el fastidio que la presidenta ha manifestado por Twitter por el “garantismo” de ciertos magistrados, a los que acusa de favorecer a los delincuentes, de tal modo compartiendo la responsabilidad por la inseguridad ciudadana que encabeza la lista de preocupaciones sociales, una Justicia “democrática” sería decididamente más dura y, a veces, más vengativa, sobre todo en las semanas que siguieran a la comisión de un crimen llamativamente salvaje, cuando muchos, tal vez la mayoría, reclamarían la pena capital. Al fin y al cabo, no es casual que la forma más notoria asumida por la Justicia popular sea la “ley de Lynch”. Por lo demás, si la presidenta quiere que los jueces actúen con más severidad, tendría que prepararse para invertir miles de millones de pesos adicionales en la construcción de nuevas cárceles.


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