Un calvario sin fin

Hace un año y medio, el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, nos informó que si el organismo acatara los fallos de la Corte Suprema y pagara a todos los jubilados el 82% móvil el sistema previsional quebraría. En otras palabras, en opinión del funcionario a cargo del sistema, sería mejor mantenerlo al margen de la ley. Parecería que comparten su punto de vista los jueces de la Corte que, al firmar una acordada según la cual las causas relacionadas con las jubilaciones, de las que hay centenares de miles, deberían repartirse en tribunales en distintas partes del país, daban por descontado que seguirían acumulándose. La Cámara Federal de Seguridad Social se ha visto inundada de casos –según parece, se han amontonado 338.417 expedientes–, lo que es francamente absurdo por ser cuestión de trámites que, en buena lógica, deberían ser automáticos. Aunque Bossio asegura que dentro de poco no habrá más juicios, ya que según él la Anses está resolviendo los problemas con una rapidez impresionante, peca de optimismo. Si bien en la actualidad “sólo” el 5% de los jubilados está procurando obligar al organismo que encabeza a cumplir sus obligaciones legales, ello no quiere decir que el 95% restante esté conforme con lo que percibe. De difundirse la idea de que la Anses está dispuesta a pagar los reajustes previsionales sin dilatar los procesos con una apelación tras otra con el propósito de desmoralizar a los litigantes, muchos jubilados que se creen estafados intentarán hacer valer sus derechos. La voluntad del gobierno actual, y de los anteriores, de impedir que los jubilados cobren lo que les corresponde se debe a la conciencia de que, como reconoció Bossio, el sistema existente no es viable. Como sucede con tantos derechos sociales que figuran en la Constitución nacional, el sistema previsional tiene menos que ver con la realidad que con los presuntos objetivos a largo plazo de los responsables de crearlo. Podría funcionar si la Argentina fuera tan rica como parecen creer ciertos integrantes adinerados de la clase política nacional pero, puesto que no lo es, los encargados de administrarlo se limitan a guardar las apariencias con la esperanza de que, andando el tiempo, comience a reducirse la brecha que separa el país formal, el de la Constitución y las leyes, del país real en que vive la mayoría abrumadora de sus habitantes. Los resueltos a mantener bajo el costo de pagar lo debido a quienes durante décadas aportaron al sistema jubilatorio cuentan con un aliado poderosísimo: la inflación. De no haber sido por este flagelo, negarse a respetar sus derechos legales hubiera sido mucho más difícil. En países acostumbrados a la estabilidad monetaria, hasta una modificación menor de los haberes suele ser más que suficiente para desatar un escándalo político mayúsculo, acompañado por paros sindicales y marchas callejeras multitudinarias, pero aquí la confusión provocada por la inflación, y por el letargo judicial, ha servido para que muchísimas personas hayan visto caer abruptamente su nivel de vida sin que la sociedad haya reaccionado frente al despojo así supuesto. Por desgracia, es poco probable que mucho cambie en los próximos años. Lo mismo que en los países desarrollados, en la Argentina la población está envejeciendo. Pronto se duplicará la cantidad de personas en edad de jubilarse, mientras que se reducirá la proporción de quienes estén en condiciones de contribuir al sistema. En Europa, para indignación de muchos, las autoridades están procurando adaptarse a las nuevas circunstancias elevando un par de años la edad de jubilación, pero los problemas que enfrentan son menores en comparación con los de la Argentina, donde es rutinario que gobiernos populistas se apropien de la caja jubilatoria estatizada, que desde diciembre del 2008 se llama Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional, para financiar sus actividades clientelistas y, en el caso del kirchnerista, programas propagandísticos como Fútbol para Todos. Así, pues, si bien todos los aspirantes a suceder a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada se comprometerán a poner fin al largo calvario de los jubilados, es escasa la posibilidad de que el próximo gobierno haga algo más que retocar el caótico esquema actual.