Un cordobazo lumpen
Haciendo gala de un grado de irresponsabilidad realmente notable, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el ministro del Interior Florencio Randazzo y el secretario de Seguridad Sergio Berni no vacilaron un solo minuto en procurar aprovechar los saqueos y robos que asolaban localidades de la provincia de Córdoba para perjudicar al gobernador José Manuel de la Sota. En vez de esperar hasta que se restaurara la calma para criticarlo, optaron por agravar la situación atribuyendo el estallido de vandalismo a nada más que su supuesta inoperancia, de tal modo socavando la autoridad del mandatario justo cuando intentaba reafirmarla. También se las arreglaron para enviar un mensaje perverso a los militantes kirchneristas cordobeses, señalándoles que podría ser del interés del gobierno nacional que siguieran produciéndose episodios violentos en una provincia gobernada por un opositor. Al fin y al cabo, ya es rutinario que sindicalistas y “luchadores sociales” oficialistas se ensañen con aquellos gobernadores e intendentes que se resisten a manifestar su lealtad incondicional hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la que, por su parte, se ha acostumbrado a privarlos de fondos. Entre las víctimas predilectas de la estrategia política así supuesta están las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Para el gobierno nacional es fundamental impedir que saqueos, como los que tuvieron lugar hace poco en una zona del Gran Rosario y los que estallaron el martes pasado en diversas localidades de la provincia de Córdoba, sean imputados al ajuste económico que se ha puesto en marcha y que no podrá sino profundizarse en las semanas próximas. Así, pues, lo que sucedió en Rosario habrá sido obra de bandas de narcotraficantes que el gobierno local no ha sabido desarticular, mientras que en Córdoba el vandalismo de grupos nutridos de jóvenes lumpen se habrá debido exclusivamente al autoacuartelamiento policial que, según los oficialistas, fue una consecuencia previsible de la gestión supuestamente desastrosa del gobernador De la Sota. Con todo, aunque se informa que en ambos casos delincuentes comunes han desempeñado un papel significante en lo que sucedió, también han participado individuos procedentes de los barrios marginales paupérrimos que tanto abundan en el país y que han crecido mucho en el transcurso de la “década ganada”. La voluntad patente de los representantes más conspicuos del oficialismo de aprovechar tales brotes de violencia para anotarse puntos en la interna peronista no presagia nada bueno. Por cierto, de difundirse la idea de que los saqueos sirven para desprestigiar a dirigentes opositores determinados, a los “soldados” kirchneristas más belicosos no se les ocurriría dejar pasar una oportunidad para ayudar a un gobierno en apuros impulsándolos con la esperanza de recuperar partes del terreno que han perdido en los meses últimos. Aunque convendría que las diversas facciones políticas cerraran filas en defensa de la ley a fin de ratificar, de manera convincente, el compromiso de todos los miembros de la clase dirigente nacional con las normas propias de una sociedad civilizada, postergando hasta mejor momento el inevitable intercambio de acusaciones, en vista del clima de “crispación” que se ha instalado, es muy poco probable que lo hagan. Parecería que tanto los kirchneristas como sus adversarios se han resignado a que a semanas de las Fiestas de fin de año se inicie una temporada de saqueos. A menos que tengamos mucha suerte, la que ya ha comenzado será peor que las de años anteriores. Por desgracia, no hay demasiados motivos para el optimismo. Al contrario, la caída del poder adquisitivo de millones de personas a causa de una tasa de inflación que ya ronda el 30% anual, la reducción, cuando no la eliminación, de subsidios a los que la gente se ha acostumbrado y los problemas laborales, combinados con la sensación de que el país está en vísperas de una nueva crisis socioeconómica de desenlace incierto, hacen temer que estallen más disturbios que el año pasado. Si “activistas” políticos, “luchadores sociales” y otros de mentalidad parecida caen en la tentación de tratar se aprovechar una situación que les parece promisoria, lo que acaba de suceder en Córdoba se verá seguido por episodios mucho más graves.
