Un escándalo prematuro
Para algunos oficialistas, el vicepresidente Amado Boudou ya está tan desprestigiado que, aun cuando procurara defenderse implicando a miembros del gobierno, comenzando con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en los delitos que le han sido atribuidos sería mejor abandonarlo a su suerte cuanto antes. Al fin y al cabo, se dicen, pocos tomarían en serio las acusaciones formuladas por un personaje de reputación tan dudosa. Para otros, empero, arriesgarse así sería demasiado peligroso porque dejaría expuestos a miembros a su entender más valiosos del elenco gubernamental que en tal caso podrían verse invitados a rendir cuentas ante la Justicia. Parecería que ésta es la opinión de Cristina, de ahí los esfuerzos de ciertos funcionarios leales, como el ministro de Economía Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, además de algunos militantes kirchneristas incondicionales, por darle apoyo anímico antes de su audiencia con el juez federal Ariel Lijo, jurando estar convencidos de que es víctima de un “linchamiento mediático” organizado por el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. En palabras del propio Boudou, Lijo “se apuró porque le ordenó Magnetto”. Según parece, Cristina teme que, de pedir licencia Boudou como han recomendado algunos miembros de su círculo áulico, ella misma sería el próximo blanco del sector judicial que se resiste a archivar las causas relacionadas con la corrupción. Así las cosas, sería de su interés que el vicepresidente se mantuviera en el centro del escenario por mucho tiempo más, sirviéndole como un pararrayos hasta que la tormenta amaine o, al menos, su mandato haya entrado en su fase final. Confía en que, por motivos comprensibles, muchos prefieran fingir creer que ni ella ni su marido tuvieron que ver con los delitos presuntamente cometidos por el exministro de Economía y actual vicepresidente; los reacios a involucrar a la presidenta saben que, de imponerse el punto de vista de los que sospechan que Boudou sólo había obedecido las órdenes que recibió del matrimonio santacruceño, el país se encontraría nuevamente frente a una gravísima crisis institucional. Hasta hace relativamente poco era tradicional que las ofensivas judiciales en contra de la corrupción gubernamental culminaran en los últimos meses de un mandato presidencial porque jueces acostumbrados a respetar “los tiempos de la política” no querían enfrentar la ira de un gobierno aún popular. De producirse prematuramente un escándalo de proporciones, como sucedió en el caso de las supuestas “coimas en el Senado” que estalló antes de completar el presidente Fernando de la Rúa la primera mitad del período previsto en la Casa Rosada, el impacto podría ser catastrófico. En efecto, la renuncia por “cansancio moral” del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, combinada con un colapso económico, tuvo consecuencias funestas para el país. Será por querer ahorrarse un desastre similar que los líderes de la oposición han actuado con tanta cautela ante la evolución inesperadamente rápida del drama en que el vicepresidente desempeña el papel principal. Tanto Boudou como aquellos miembros del gobierno que dicen creer que es inocente están haciendo lo posible por politizar el caso Ciccone, por hacer de él un gran show, de ahí el pedido de que se televisara en vivo la sesión indagatoria, pero su conducta sólo ha servido para hacer pensar que entienden que la situación legal en que se encuentra es indefendible y que por lo tanto no le queda más opción que la de intentar movilizar a su favor la opinión pública. Como se habrán dado cuenta los oficialistas más lúcidos, es tarde para tales maniobras. Aunque por razones institucionales, ya que nadie quiere que, una vez más, un gobierno desmoralizado se desintegre en medio de un desaguisado económico fenomenal, la presidenta aún cuenta con el beneficio de todas las dudas concebibles, escasean los dispuestos a extender el mismo privilegio al vicepresidente. Asimismo, la sospecha de que la presidenta lo apoya no por creer en su inocencia sino por miedo a lo que podría decir si le soltara la mano está haciendo todavía más turbio un asunto que, de funcionar como es debido las instituciones democráticas, tendría que ser resuelto mediante un juicio político.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 11 de junio de 2014
Para algunos oficialistas, el vicepresidente Amado Boudou ya está tan desprestigiado que, aun cuando procurara defenderse implicando a miembros del gobierno, comenzando con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en los delitos que le han sido atribuidos sería mejor abandonarlo a su suerte cuanto antes. Al fin y al cabo, se dicen, pocos tomarían en serio las acusaciones formuladas por un personaje de reputación tan dudosa. Para otros, empero, arriesgarse así sería demasiado peligroso porque dejaría expuestos a miembros a su entender más valiosos del elenco gubernamental que en tal caso podrían verse invitados a rendir cuentas ante la Justicia. Parecería que ésta es la opinión de Cristina, de ahí los esfuerzos de ciertos funcionarios leales, como el ministro de Economía Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, además de algunos militantes kirchneristas incondicionales, por darle apoyo anímico antes de su audiencia con el juez federal Ariel Lijo, jurando estar convencidos de que es víctima de un “linchamiento mediático” organizado por el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. En palabras del propio Boudou, Lijo “se apuró porque le ordenó Magnetto”. Según parece, Cristina teme que, de pedir licencia Boudou como han recomendado algunos miembros de su círculo áulico, ella misma sería el próximo blanco del sector judicial que se resiste a archivar las causas relacionadas con la corrupción. Así las cosas, sería de su interés que el vicepresidente se mantuviera en el centro del escenario por mucho tiempo más, sirviéndole como un pararrayos hasta que la tormenta amaine o, al menos, su mandato haya entrado en su fase final. Confía en que, por motivos comprensibles, muchos prefieran fingir creer que ni ella ni su marido tuvieron que ver con los delitos presuntamente cometidos por el exministro de Economía y actual vicepresidente; los reacios a involucrar a la presidenta saben que, de imponerse el punto de vista de los que sospechan que Boudou sólo había obedecido las órdenes que recibió del matrimonio santacruceño, el país se encontraría nuevamente frente a una gravísima crisis institucional. Hasta hace relativamente poco era tradicional que las ofensivas judiciales en contra de la corrupción gubernamental culminaran en los últimos meses de un mandato presidencial porque jueces acostumbrados a respetar “los tiempos de la política” no querían enfrentar la ira de un gobierno aún popular. De producirse prematuramente un escándalo de proporciones, como sucedió en el caso de las supuestas “coimas en el Senado” que estalló antes de completar el presidente Fernando de la Rúa la primera mitad del período previsto en la Casa Rosada, el impacto podría ser catastrófico. En efecto, la renuncia por “cansancio moral” del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, combinada con un colapso económico, tuvo consecuencias funestas para el país. Será por querer ahorrarse un desastre similar que los líderes de la oposición han actuado con tanta cautela ante la evolución inesperadamente rápida del drama en que el vicepresidente desempeña el papel principal. Tanto Boudou como aquellos miembros del gobierno que dicen creer que es inocente están haciendo lo posible por politizar el caso Ciccone, por hacer de él un gran show, de ahí el pedido de que se televisara en vivo la sesión indagatoria, pero su conducta sólo ha servido para hacer pensar que entienden que la situación legal en que se encuentra es indefendible y que por lo tanto no le queda más opción que la de intentar movilizar a su favor la opinión pública. Como se habrán dado cuenta los oficialistas más lúcidos, es tarde para tales maniobras. Aunque por razones institucionales, ya que nadie quiere que, una vez más, un gobierno desmoralizado se desintegre en medio de un desaguisado económico fenomenal, la presidenta aún cuenta con el beneficio de todas las dudas concebibles, escasean los dispuestos a extender el mismo privilegio al vicepresidente. Asimismo, la sospecha de que la presidenta lo apoya no por creer en su inocencia sino por miedo a lo que podría decir si le soltara la mano está haciendo todavía más turbio un asunto que, de funcionar como es debido las instituciones democráticas, tendría que ser resuelto mediante un juicio político.
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